La reforma del sistema público de pensiones que asegure su sostenibilidad a medio y largo plazo, contribuya a la modernización de la economía y avance en la equidad debe perfilarse con prontitud. Así lo requerirá la Unión Europea, aunque la Comisión esté dispuesta en estos momentos a dar por bueno el enunciado de los objetivos generales que pretende alcanzar el Gobierno y un calendario aproximado. Pero sobre todo lo exige la recuperación de nuestro país, sin que las instituciones concernidas -el Gobierno y el Parlamento a través del Pacto de Toledo- y los actores del diálogo social puedan dilatar la introducción de cambios. El Ejecutivo Sánchez ha situado el horizonte de 2023 -el final de la presente legislatura, si no se acortan los tiempos políticos con un adelanto electoral- para acabar con el déficit presupuestario de la Seguridad Social de manera definitiva. Empezando para ello con que el Estado asuma prestaciones asistenciales no contributivas, reducciones de cuotas para el empleo o medidas de apoyo a las familias. Acercando la edad ordinaria y la edad efectiva de jubilación. Adecuando paulatinamente la cotización de los autónomos a los ingresos que perciben. Y revalorizando las pensiones sobre el IPC del ejercicio anterior. Pero hay un requisito en apariencia intangible que no se contempla en las propuestas de reforma: la imperiosa necesidad de que los ciudadanos no solo confíen en la viabilidad del sistema, sino que tengan la absoluta certeza de que dentro de treinta o cincuenta años podrán recurrir a él con la seguridad de cobrar una pensión digna. El desequilibrio demográfico, la sucesión de recesiones en los últimos quince años, y la desaparición del remanente de la Seguridad Socialhan restado tanta credibilidad al sistema que no puede recuperarse con meras manifestaciones. La clave de su sostenibilidad es que quienes acceden al mercado de trabajo quieran un sueldo neto y quieran también cotizar, que los autónomos vean en aportar a la Seguridad Social en proporción a lo que ganan un futuro seguro, que las y los profesionales que se acercan a los 60 años encuentren sentido a prolongar su vida laboral porque van a verse beneficiados. Y para ello urge que no se eternicen debates y negociaciones.