Diario de Navarra

El Parlamento foral aprobó recientemente una moción del PSN sobre las polémicas inmatriculaciones a favor de la Iglesia, particularmente las consumadas entre 1998 y 2005 al amparo de las certificaciones eclesiásticas que por aquel entonces admitía el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Recordemos que inmatricular significa inscribir por primera vez una finca en el Registro de la Propiedad, y que tales inscripciones no crean derechos, sino que los publican. La parlamentaria socialista que la defendió inició su alocución quejándose amargamente de que la Catedral de Pamplona no fuera de todos los navarros. La señora Magdaleno cuestionaba así las referidas inmatriculaciones poniendo como ejemplo la del inmueble cuya titularidad se antoja menos discutible, pues no alcanzo a imaginar a nadie con mejor derecho sobre la seo pamplonesa que la Iglesia que la erigió, por más que nuestros monarcas contribuyeran a financiar el templo en el que eran coronados y enterrados. Habló seguidamente de pelotazo urbanístico, expolio y hurto, palabras gruesas que atribuyen a la Iglesia conductas delictivas, aunque acabó rebajando el tono deslizando que se trató más bien de una “legalidad injusta”. Bildu imputó a la Iglesia mala fe, codicia y avaricia, y abogó, junto a IU, por declarar nulas de pleno derecho todas las inmatriculaciones. Ainhoa Aznárez, para quien estamos ante el mayor robo de la historia del país, acusó veladamente al PSOE de dar carpetazo a este asunto, sugiriendo opacos acuerdos con la Conferencia Episcopal, que explicarían el clamoroso silencio de los obispos frente a las leyes de eutanasia y de educación. Anular todas las inmatriculaciones se adivina harto complicado pues, además de atentar contra la seguridad jurídica, los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales. Y, aunque el TEDH tildó de privilegio injustificado la inmatriculación mediante certificación eclesiástica y no faltan quienes tachan de inconstitucional el ya modificado artículo 206 de la LH por ser contrario al principio de laicidad del Estado, lo cierto es que el Tribunal Supremo únicamente reprochó en 1996 que dicho precepto no fuera aplicable a todas las confesiones religiosas y en 2016 decidió no plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, al entender que no contravenía la Carta Magna. Ello no obstante, aconsejaría a nuestro Arzobispado que, en un loable ejercicio de transparencia, publicara el anhelado listado de los bienes inmatriculados en Navarra, siguiendo el ejemplo de las diócesis de Burgos y Toledo. También me permitiría sugerirle una revisión de su política comunicativa. La Iglesia no debería resignarse a ser “el capacico de las tortas”, pues hay quien puede interpretar su silencio ante las furibundas críticas como una tácita asunción de culpa. Convendría quizás mostrarse más proactivo argumentando que las inscripciones se practicaron cumpliendo escrupulosamente la ley, con independencia de la valoración que a cada cual ésta merezca; que la litigiosidad es anecdótica y que, a la espera de lo que finalmente suceda con Muskilda, hasta la fecha la justicia ha dado la razón a los eclesiásticos en todos los casos (Arive, Eransus, Irurre, Azcona, Irañeta, Garísoain, Huarte, Gomacin…). No creo sinceramente que una Iglesia cuyo séptimo mandamiento reza “no robarás” haya actuado con mala fe y todavía menos que busque apropiarse deliberadamente de bienes ajenos, sino tan sólo proteger el vasto patrimonio inmobiliario que tiene por suyo, acumulado a lo largo de veinte siglos. Pero, en la medida en que puede haber casos controvertidos -edificios levantados y mantenidos por entidades locales o vecinales, en auzolan- animo vivamente a quienes crean ostentar un mejor derecho sobre dichos bienes a hacerlo valer con inmediatez, antes de que sus aspiraciones se vean frustradas por su transmisión a quienes adquieran la condición de terceros hipotecarios (art. 34 LH), cuya posición deviene inatacable. Huelga decir que, a falta de acuerdo, es a los jueces a quienes en un Estado de derecho compete resolver los pleitos que traen causa de titularidades litigiosas anulando, llegado el caso, lo indebidamente inmatriculado. Permítanme unas reflexiones finales. Sería bueno que los protagonistas concernidos mostraran al menos el mismo interés en conservar adecuadamente las propiedades como en acumularlas. Algo que digo al hilo del deteriorado estado en el que se encuentra -entre otras muchas- la preciosa ermita de la Virgen de las Nieves, en Ochagavía. Tampoco estaría de más que quienes ahora se muestran tan activos en este contencioso hicieran cierta autocrítica, pues no se habría llegado a esta situación de haber sido más diligentes en la defensa de los bienes ahora reclamados, máxime cuando, reputándose mayoritariamente públicos, podían haberse inmatriculado con una simple certificación administrativa, al amparo del mismo artículo 206 de la LH. Subrayar, por último, lo paradójico que resulta que formaciones políticas tan entregadas a disputar el patrimonio inmobiliario a la Iglesia apurando -legítimamente- argumentos legales sean las mismas que acostumbran a dar cobertura a los okupas, cuyo único título habilitante para violentar bienes, con frecuencia públicos, es la patada en la puerta. Manuel Sarobe Notario

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"Los que disputan el patrimonio inmobiliario a la Iglesia son los mismos que acostumbran a dar cobertura a los okupas"

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