E L secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, invitó el lunes a Ciudadanos a romper sus alianzas con el PP en ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo hizo mientras las Cortes de Castilla y León debatían la moción de censura de su partido contra el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco que horas después sería rechazada. Es preocupante que cuando el Ejecutivo tiene ante sí la ingente tarea de asegurar la vacunación de los españoles y de apuntalar la recuperación económica con una gestión rigurosa de los fondos europeos, algunos de sus responsables y la principal formación que lo sostiene consideren oportuno remover las bases sobre las que se asientan otras administraciones. Ello cuando las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos han llegado a niveles de tensión que afectan seriamente al desempeño de las funciones de Gobierno y a su credibilidad. Hasta las declaraciones de Ábalos, la dirección socialista había tratado de escurrir el bulto en torno a las mociones de censura en Murcia, Madrid y Castilla y León como si fueran acontecimientos ineludibles de cuyo desenlace final no quisiera hacerse cargo. Vistos los efectos de esas iniciativas, su balance obliga a la autocrítica y no a la jactancia: un deterioro de la confianza institucional entre el Ejecutivo central y las administraciones controladas por el PP y Ciudadanos; un adelanto electoral en Madrid en un momento crítico desde el punto de vista político y epidémico; un claro distanciamiento entre los objetivos partidarios de Unidas Podemos y la agenda de la parte socialista del Gobierno, incluso antes de que Pablo Iglesias abandone la vicepresidencia segunda... Ayer mismo la ministra-portavoz, María Jesús Montero, tuvo que enfatizar la “estabilidad” que asiste al Ejecutivo porque hay serias dudas al respecto. Lo último que necesitaba este país es que los partidos en el Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- se creyeran facultados para alentar un clima de provisionalidad institucional, como si estuvieran sobrados de energía en la administración de los intereses públicos, mientras se dilatan los tiempos de la inmunización y la economía sigue sin remontar el vuelo.