Diario de Navarra

Son muchos los navarros, defensores a ultranza de la libertad y del respeto a quienes piensan de manera diferente, quienes se habrán visto sorprendidos la mañana del 5 de marzo, cuando han leído en la prensa que “todo el Parlamento, a excepción de la coalición de UPN, Ciudadanos y PP, reclamó que los centros que separen a los alumnos por sexo, dejen de recibir subvención por medio de los conciertos de cara ya al próximo curso”. Hay que lamentar que el PSOE vuelva a tropezar en la misma piedra por segunda vez. Lo hizo hace algunos años cuando se opuso a la creación de un centro de investigación médica, promovido por la Universidad de Navarra, que habría retenido talento navarro y atraído talento de fuera. El centro se instaló a muy pocos kilómetros, en San Sebastián. La razón última fue ideológica. El centro lo promovía una organización religiosa, el Opus, con cuyos principios ideológicos no estaban de acuerdo el PSN y otras fuerzas de la izquierda. Y el PSN tiene pleno derecho en democracia a pensar de manera diferente y actuar en consecuencia, pero no debería hacerlo si va en contra de los intereses generales de los navarros. La estupefacción ante la retirada del concierto a dos centros educativos crece cuando la misma prensa informa que, un día antes, en el Parlamento del País Vasco, el PSE y PNV acordaban un texto alternativo al de Bildu en el que se insta a Educación a seguir cumpliendo la normativa en materia de conciertos educativos con centros que diferencian por sexo, “de conformidad con la legalidad vigente, en aras a garantizar la libertad de enseñanza y los diferentes proyectos ofertados en los centros educativos de Euskadi”. Ciertamente la educación diferenciada sigue siendo un tema de discusión entre los investigadores, pero la discusión se centra en si la educación diferenciada es más o menos ventajosa para los alumnos. No se pone en duda que la socialización en la igualdad esté garantizada. Por eso mismo, ya que estamos ante un problema científicamente discutido, se debería actuar con cuidado. No es razonable negar ese derecho, cuando no hay certidumbres científicas para hacerlo. La decisión tiene una implicación mayor que el simple objetivo político de terminar con dos colegios concertados, que diferencian a los alumnos por razón de sexo y donde se educan 4.500 jóvenes. En el fondo hay una aversión ideológica y emocional hacia ese modelo educativo. Pero sin razones que la avalen. No se puede obviar el hecho de que se trata de dos centros educativos excelentes. Según el ranking publicado por el periódico El Mundo sobre los 150 mejores colegios de España, el Colegio Miravalles se encuentra en el puesto 24 (93 puntos sobre 100). Y el colegio Irabia-Izaga, ocupa el puesto 51, con 85 puntos sobre 100. Por delante, en el puesto 23 está el colegio concertado de la cooperativa San Cernin. Hay que destacar también que la LOMLOE no prohíbe este tipo de colegios, aunque admite que las comunidades autónomas puedan negarles la concertación. Y esto es algo mucho más serio que “imaginar escuelas por la talla, altura, grosor o por el coeficiente intelectual”, como afirmaba, con inoportuna ironía, la diputada de IU Simón. Partiendo del principio de que los gobiernos tienen como finalidad la defensa de la libertad y de la igualdad de los ciudadanos para que ellos escojan, dentro de la ley, estilos de vida acordes con su identificación ideológica, es lógico que una decisión que afecta a tantos alumnos y familias, estuviera precedida de algún informe serio, científico, que certificase si la educación que se dan en estos centros en concreto es contraria a la igualdad. Porque afirmar que “el modelo educativo basado en la segregación sexual es excluyente”, como se afirma en la moción, indica ningún rigor científico en un tema tan sensible para muchas familias. La UPNA tiene investigadores y profesores serios que podrían haber elaborado un informe imparcial que diera al Parlamento un horizonte científico, ideológicamente neutral, antes de tomar una decisión que puede ser, ella misma, contraria a la igualdad, cuando discrimina negativamente a los padres que eligen un modelo educativo que se ajusta a su concepción de la vida. No se puede justificar una decisión con la simple afirmación de que este tema ya estaba en los programas electorales y en los acuerdos para formar gobierno. Los ciudadanos abonamos nuestros impuestos para que se defienda y proteja la libertad y los derechos de todos. Y uno de esos derechos fundamentales es la educación de los hijos. No se trata de ser de derechas o de izquierdas. ¿Hasta cuándo vamos a fomentar esta falsa división de la población? Sociológicamente nos movemos en un amplio marco escorado a la socialdemocracia. Defendemos la libertad y el respeto a lo que son o quieren ser las personas, siempre que respeten a los demás. El distanciamiento de los políticos de la realidad social y su servidumbre a la mera permanencia en el poder, trae siempre, como consecuencia, una merma de los derechos sociales. El lamentable hecho que comentamos es una prueba más. Luis Sarriés Sanz Catedrático de Sociología

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"En el fondo hay una aversión ideológica y emocional hacia ese modelo, sin razones que la avalen"

El PSN tiene pleno derecho a pensar diferente y actuar en consecuencia, pero no debería hacerlo si va en contra de los intereses generales de los navarros

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