El contenido del Real Decreto-ley de Recuperación, Transformación y Resiliencia fue informado de manera crítica por parte del Consejo de Estado, aunque en su dictamen señale de entrada que le “merece en su conjunto una opinión favorable”. El Consejo de Estado muestra su preocupación en cuanto al equilibrio que debe existir entre la agilización y simplificación administrativa que persigue la norma y la permanencia de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento. Abogando por que “solo con carácter excepcional” se modulen -en ningún caso se supriman- “los informes preceptivos que resultan exigibles, el régimen de autorizaciones pertinente o el ejercicio de la función interventora”, para asegurar la licitud y buen sentido de las contrataciones, las subvenciones y los convenios. El real decreto persigue, en lo inmediato, la máxima celeridad en la tramitación de los proyectos que concurran al Fondo Next Generation europeo. Pero las modificaciones que introduce en el sector público tendrán continuidad y deberán extenderse al conjunto de las administraciones. Por lo que conviene limitar la excepcionalidad frente al exigible control jurídico y económico-financiero ordinario. Es por otra parte cierto, y así lo reconoce el Consejo de Estado, que las medidas propuestas no se encuentran directamente condicionadas por el Derecho de la Unión Europea. Bruselas evaluará los proyectos que concurran por su potencial innovador y viabilidad, y no por el procedimiento seguido para su selección. Aunque con una importante salvedad que el Consejo subraya: la “prolija y exhaustiva regulación europea” sobre contratación pública. Adquiere especial relevancia, ante el incremento del déficit y de la deuda, el reproche del Consejo de Estado a que el real decreto no prevé mecanismos para, siquiera, una estimación aproximada del impacto presupuestario de las medidas a adoptar. Junto a su severa crítica a la inexistencia de los informes de la Intervención General del Estado. Como el propio Consejo advierte, el dictamen desgrana tanto consideraciones jurídico-constitucionales como criterios de oportunidad y conveniencia que deberían tenerse en cuenta por parte del Gobierno.