Diario de Navarra

Jüri Ratas, primer ministro estonio, dimitió el pasado 13 de enero. Llevaba cuatro años en el poder; su Partido de Centro, de izquierda moderada, formaba un gobierno de coalición con Ekre, grupo populista de derecha. La causa de un final tan abrupto ha sido la corrupción económica. El Kredex, el banco de crédito oficial, había concedido en el verano de 2020 un crédito de 39 millones de euros para el desarrollo de un proyecto urbanístico en Tallin. Lo picante de esa concesión radicaba en que el dinero procedía de la partida dedicada a paliar los efectos del coronavirus. “A cambio”, los promotores se ofrecieron a donar un millón de euros al partido de Jüri Ratas. No se ha aclarado todavía que ese dinero haya ingresado de hecho en las arcas del partido, pero la fiscalía investiga al Partido de Centro. Se examina en concreto el papel de su secretario general, Mihhail Korb. De momento hay cuatro personas detenidas; entre ellas, una antigua asesora del ministro de Finanzas, acusada de “conspiración para el lavado de dinero”. La crisis de gobierno se ha resuelto con rapidez: según la ley, la presidenta Kersti Kaljulaid dispone de dos semanas para proponer un nuevo candidato a primer ministro. Ya ha anunciado que va a elegir a la jefa de la oposición, Kaja Kallas. Abogada de 43 años, hija del antiguo comisario europeo Sim Kallas, dirige el liberal Partido de la Reforma. En las elecciones de 2019 fue el más votado (27,7 %). Apenas se distingue del Partido de Centro, lo que asegura un relevo tranquilo al frente del Gobierno. La estabilidad parece garantizada. Es lo propio de las democracias maduras. La condición humana es la misma en todas partes y la política suele atraer a gente ambiciosa y sin escrúpulos, que ve ahí una oportunidad para enriquecerse. También ocurre que políticos inicialmente honrados acaban corrompiéndose: manejan muchos millones y la tentación de meter la mano en la caja puede llegar a ser irresistible si se carece de integridad. No vamos a cambiar la naturaleza humana por decreto ni se conoce procedimiento alguno para seleccionar a dirigentes honestos y competentes, pero cabe influir en las condiciones del juego y en la cultura política y jurídica, para lograr que los corruptos lo tengan más difícil y sepan a qué se exponen. Las democracias más asentadas de nuestro entorno nos muestran que ese objetivo resulta alcanzable. Estonia en concreto es una democracia más joven que la española y ha sabido adquirir esos buenos hábitos en apenas treinta años. Hay sinvergüenzas, como aquí, pero el sistema -la propia clase política, la justicia, los medios de comunicación, la opinión pública en su conjunto- los expulsa en cuanto son identificados. Pienso, por contraste, en la corrupción que se extiende como un cáncer desbocado en el sistema político español. Los tribunales no dan abasto para enjuiciar los cientos de causas pendientes. Cuesta mucho estar al tanto de su desarrollo, pues cuando todavía nos estamos haciendo una idea aproximada del alcance del último escándalo destapado, el siguiente reclama nuestra atención, mientras que el anterior queda relegado al olvido. “Dimitir” es un verbo que casi nadie conjuga entre nosotros. Los alcaldes de algunas pequeñas localidades, que mostraron una prisa excesiva por vacunarse contra la covid, han dimitido obligados por sus partidos. También lo ha hecho el Jemad, por patriotismo. Pero entre los peces gordos ese verbo no se utiliza. Los aparatos de los partidos se encargan de proteger a los suyos. Hay que cerrar filas e invocar el consabido “y tú más” contra los adversarios. Dimitir sería muestra de debilidad. Qué típico, en nuestro contexto, el caso de Manu Ayerdi, el consejero navarro de Desarrollo Económico. El Tribunal Supremo investiga si incurrió en prevaricación o malversación al dar una subvención de 2,6 millones a una empresa sin futuro. Lo grave es que se saltó el procedimiento establecido -“reconozco que fue una decisión atípica”, en sus palabras-. Nadie entiende cómo pudo dar tanto dinero a un proyecto claramente inviable sin contar con el preceptivo informe de los técnicos. Lo menos que cabe decir es que actuó con ligereza y de modo irresponsable, embaucado por un auténtico vendedor de humo. Será una excelente persona, pero en una democracia seria hubiera debido dimitir en cuanto el asunto se hizo público. Resulta patético ver cómo el consejero se aferra a su puesto y cómo el Gobierno lo mantiene contra viento y marea, sabiendo que se trata de un cadáver político. Todos ven que esa agonía terminará en la salida del consejero y que, mientras tanto, el Gobierno se desgasta y desprestigia. Parece mentira que nuestros dirigentes puedan caer en tamaña ceguera política. Si se muestran tan incapaces de lidiar una pequeña crisis doméstica -al fin y al cabo, 2,6 millones son una cantidad insignificante en el conjunto del presupuesto navarro-, ¿estarán en condiciones de afrontar los retos importantes a los que nos enfrentamos? Alejandro Navas Sociólogo

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"En una democracia seria hubiera debido dimitir en cuanto el asunto se hizo público"

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