El Consejo Europeo contempló en su reunión del jueves la necesidad de establecer medidas para restringir la movilidad no esencial entre los países de la Unión, sin que sus integrantes acabaran poniéndose de acuerdo, pero con el propósito coincidente de que sean comunes y se renuncie a cierres unilaterales. El aspecto más acuciante del problema es la extensión de nuevas variantes del coronavirus que presentan una contagiosidad mayor y que podrían proliferarse más allá de las mutaciones provenientes del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Pero el ánimo compartido de que se proceda a una limitación tasada de la libre circulación de personas dentro de la Unión, se asegure el tránsito del que depende la economía europea, y la concurrencia de intereses diversos por las características propias de cada país, dificulta pensar y aplicar iniciativas claras, duraderas y de eficaz implementación. La propia idea de impedir los viajes no esenciales dentro de la UE afectaría a los flujos turísticos que contribuyen de manera sustancial a la economía de algunos países y de muchas ciudades de la Unión; así como a los movimientos ordinarios de miles de nacionales de cada país que residen en otro durante largas temporadas. De manera que sería exigible perfilar con más detalle la consideración de viaje no esencial y el horizonte temporal de las medidas que corresponde ahora pormenorizar a la Comisión Europea. La propuesta de su presidenta de añadir al semáforo pandémico europeo el ‘rojo oscuro’, que identificaría los ámbitos territoriales con una incidencia extrema del coronavirus susceptibles de especiales restricciones, podría resultar conveniente. El certificado de vacunación europeo debería servir solo como constatación a efectos médico-sanitarios mientras no se logre la inmunización de un alto porcentaje de la población europea. Porque, de lo contrario, si bien podría servir como acicate para que más gente esté dispuesta a vacunarse, introduciría distorsión en los planes de inmunización paulatina en marcha en los 27. La Comisión Europea debe asegurar que los contratos alcanzados con las farmacéuticas permiten vacunar antes de acabar el mes de junio al porcentaje estimado de ciudadanos europeos.