Diario de Navarra

El objeto de la investigación es la concesión a la empresa Davalor de seis préstamos del Gobierno foral por un total de 2,6 millones entre 2015 y 2017. La querella fue presentada por UPN el pasado mes de junio y se sustancia en el Supremo por el carácter de aforado de Ayerdi al ser miembro del Gobierno foral. Hay que recordar que la polémica y el escándalo de los préstamos públicos a Davalor ha ido creciendo conforme pasaban los años y se afianzaban los datos. Primero fue el hecho de que se tratara de una decisión puramente unipersonal del consejero, recién llegado al cargo, y al margen de la opinión de los técnicos de Sodena. Por si eso no bastara, a ello se unió el fracaso comercial de la empresa, que acabó en concurso de acreedores, con la consiguiente pérdida del dinero invertido. Un juzgado fijó que el culpable fue el empresario promotor a la vez que aseguraba que la empresa estaba en insolvencia cuando recibió el dinero de Sodena. Por último, en la pasada primavera, una comisión de investigación en el propio Parlamento ahondó en la gestión política de estos préstamos y dejó ver las carencias técnicas del caso. A pesar de todo este cúmulo de hechos incuestionables, el consejero siempre ha defendido que se trató de una decisión que sólo buscaba salvaguardar el futuro de la firma aunque no lo consiguió. Ahora, sin embargo, el caso ha dado un salto decisivo, más allá de la crítica política, con su entrada en el Supremo de la mano del juez Manuel Marchena. Es cierto que la decisión sobre si el consejero cometió o no un delito es una decisión judicial que tomará el Alto Tribunal en su día. Pero el hecho de que haya decidido investigarlo y nombrar un juez instructor señala que, a juicio de la Sala Segunda, existen indicios claros. Coloca al consejero al pie de su próxima citación judicial como investigado por el Supremo, momento en que será incuestionable su dimisión. No ya por una evidente necesidad de asumir su responsabilidad política, que también, sino por la pura aplicación de la Ley del Gobierno foral que regula esta situación desde 2018. Y es que fue el propio cuatripartito de Uxue Barkos, el Gobierno en el que participaba Ayerdi, el que reformó la ley del Gobierno foral para introducir un artículo que insta al cese de cargos públicos investigados por este tipo de delitos. Este cambio de la ley, por cierto, se aprobó por unanimidad. Así que suena muy poco coherente que los propios grupos políticos impulsores de esta iniciativa (Geroa, EH Bildu, Podemos e I-E) se llamen ahora a andana y digan que todo el procedimiento está iniciándose y hay que esperar a la finalización. La ley debe ser igual para todos. Y la ejemplaridad que pide a los cargos públicos debe exigirse ya, vía cese o dimisión. Sin embargo, el Gobierno de María Chivite se aferró ayer a la literalidad del auto y retrasó cualquier decisión para ganar tiempo, con lo cual lo único que alarga es la agonía del desgaste del propio Ejecutivo.

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El consejero Ayerdi, abocado a la dimisión

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