Diario de Navarra

Las Constituciones, las que pueden llamarse como tales, no las fantasmales ni tampoco las que tipologizó K. Loewestein como nominales o semánticas, están vinculadas al movimiento liberal del control del poder establecido. La nuestra, la ya veterana CE/78 se inserta en el movimiento liberal que se inicia en Cádiz en 1812 y que tras encontrar cierta continuidad disruptiva en la de 1837, se torna conservadora o autoritaria en 1845, doctrinal en 1876, socialista en 1931 (España es una República de trabajadores de todas clases...) y liberal democrática en 1978, con alto grado de consenso político (trabajado) y que encarna la obra de la transición, la que asombró al mundo a finales de los setenta, y que enlaza con la tradición liberal europea tras la II Gran guerra, y con lo que significan hoy y significaron las Constituciones italiana de 1947 y la Ley Fundamental de Bonn, entre otras. Esta apuesta de nuestra Constitución como auténtica ley de leyes, con vocación de fundar un régimen democrático y consolidar un Estado, el social y democrático de derecho, es el vigente en nuestro días, en 2020, con sus luces y sus sombras, propias de toda obra humana. Es propio de las constituciones normativas, como la de 1978, establecer un marco político suficientemente amplio en el que quepan opciones liberales y socialistas de gobierno, no así las independentistas, pues aunque nuestra constitución no haya sido denominada como de democracia militante, como la alemana, no engendra en sí el germen de destrucción del Estado, sino de su consolidación y desarrollo como un estado soberano integrado en la UE, al no reconocer derecho de autoderminación alguno. En estos tiempos de nuevas mayorías, de multipartidismo y de pérdida del sentido constitucional que alumbró su aprobación, es preciso recordar más que nunca lo que significa una Constitución, que no es otro, que el del límite del poder constituido, y por ende, la interdicción de su alteración -expresa o subrepticia-, de algunas de las decisiones fundamentales sobre las se erigió, como son la opción por la monarquía parlamentaria, la de los derechos fundamentales y la de una justicia que emanando del pueblo, no puede ser ejercida más que por magistrados libres e independientes, ajenos a cualquier intento de control del poder político. En este 2020 corto, que empieza en marzo con el Estado de alarma debido a la pandemia y termina de momento en diciembre con un estado de alarma prorrogado, la Constitución ha pretendido ser manoseada o, al menos no respetada, por los poderes constituidos y ello no deja de preocupar. Sin embargo, los constituyentes pretendieron y consiguieron edificar nuestro estado social y democrático de derecho sobre instituciones sólidas, que deben velar por su custodia y defensa, como guardianes del poder constituyente, que es como el sustrato anímico que lo impregna. Pudiéndose señalar que así como D. Manuel Irujo solía responder cuando se le preguntaba, qué son los fueros y respondía - con respuesta poco académica, populista y algo machista, pero efectiva- como los cojones de Navarra (sic), así puede entenderse las decisiones fundamentales de nuestra CE/78, que solo a través de su reforma (Arts. 167 y 168) pueden modificarse. Hago votos para que en este 42ª aniversario de nuestra Carta magna, los actores gubernamentales y las fuerzas parlamentarias que les apoyan, sepan respetar el orden constitucional, pese a las tentaciones de ignorarlo a través de actuaciones y reformas legales poco meditadas, de las que más tarde puedan arrepentirse. Sería triste identificar esta etapa que el presidente Sánchez llama nueva, políticamente hablando, como la caracterizada por gobernar en permanente estado de alarma y los ciudadanos gobernados alarmados, por no saber hacia dónde vamos. Manuel Pulido Quecedo, doctor en Derecho Constitucional

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La Constitución como límite de poder

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