Diario de Navarra

Durante los últimos meses y coincidiendo con las diversas medidas de confinamiento ocasionadas por el covid-19, se está tramitando en el Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de negociación ni participación de los organismos y asociaciones relacionados con esta materia, en particular familias y profesorado, una nueva Ley Orgánica de Educación (LOMLOE). De cara a situar este tema en un contexto apropiado que aporte criterios y argumentos para el debate, conviene presentar los datos objetivos y relevantes sobre esta cuestión. A partir de la Ley General de Educación de 1970, en los últimos 40 años España ha pasado por cinco leyes educativas distintas: la LOECE en 1980, la LODE en 1985, la LOGSE en 1990, la LOE en 2006 y la LOMCE en 2013. Las cuales emanaban de las premisas del artículo 27 de nuestra Carta Magna que establece el reconocimiento de la libertad de enseñanza; el derecho, garantizado por los poderes públicos, de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; la programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados; y la efectiva participación de los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos, en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. Los conciertos educativos surgieron en 1985. El Gobierno socialista de la época quería universalizar la educación pública, pero carecía de colegios públicos suficientes para llevar a cabo esta medida. Por ello, y a cambio de financiar las retribuciones de los docentes y otros gastos generales, se permitió que un buen número de centros privados entraran a formar parte del sistema público en los niveles educativos obligatorios, en igualdad de derechos y deberes. Se calcula que alrededor de seis de cada diez centros concertados pertenecen a la Iglesia católica y el resto a cooperativas y otras asociaciones de diverso tipo. Según los datos más recientes del Ministerio de Educación, existen un total de 9.317 centros privados (la mayor parte concertados) que imparten enseñanzas no universitarias en nuestro país. En sus 35 años de vida, la educación concertada se ha mostrado muy beneficiosa para el conjunto de la sociedad debido al respeto al ideario propio, de acuerdo con las convicciones de los padres; lo que también debería darse en el caso de la educación pública, evitando toda pretensión de estatalización. Ofrecen una amplia variedad de actividades tendentes a mejorar las habilidades intelectuales y creativas de los alumnos, la socialización y el trabajo en equipo. Promueven el libre acceso con carácter general. Se trata de una enseñanza más individualizada, con un refuerzo contrastado en las carencias que se perciban en los alumnos. Y careciendo de todo ánimo de lucro, se trata en la mayoría de los casos de centros integrados, con impartición de las distintas etapas de educación en un mismo emplazamiento, evitando a las familias problemas logísticos y de adaptación. Es cierto que el actual sistema plantea serias limitaciones. Por una parte, el persistente intento por parte de algunos gobiernos de hacer prevalecer una ideología específica, inadmisible asimismo, como se ha apuntado, en la educación pública. Esta carencia, más que propia de la educación concertada en sí, es en realidad una deficiencia democrática y de falta de búsqueda de un verdadero progreso y desarrollo en las personas. Por otra parte, la falta de efectiva puesta en práctica del llamado cheque escolar, al objeto de compensar a las familias lo no abonado por el Estado, en la finalidad de no verse obligadas, en el marco de crecientes dificultades económicas y presupuestarias para la clase media, a aportar de sus propios fondos cantidades de las que están exentas de pago las familias de la educación pública. Ante la fuerte caída de la natalidad de las últimas décadas, el Gobierno de la nación ve ahora el momento propicio para acabar con este modelo educativo, pensando que puede cubrir todas las plazas necesarias con la educación pública y asegurando así su objetivo de control ideológico y de principios estatales alejados de los deseados por las familias en su legítimo derecho, aún a costa de un mayor esfuerzo presupuestario soportado por el conjunto de los ciudadanos, también por parte de aquellos cuyos derechos se van a ver conculcados. Todo ello, tras haberse demostrado que los centros concertados ofrecen una educación eficiente, moderna y con recursos, es decir, que constituye una realidad positiva y beneficiosa para el conjunto de la sociedad y sus ciudadanos, independientemente de su carácter confesional o no, en base al principio constitucional de libertad religiosa y del hecho de ser mixta o diferenciada, en el respeto del artículo 27.3 de la Constitución, que bajo ningún concepto puede conculcarse, menos aún por criterios de sectarismo ideológico, ajenos por completo a las convicciones de los padres. Santiago Jáuregui Doctor en Derecho. Abogado y Economista

Diario de Navarra

Libertad e igualdad de educación

Se calcula que alrededor de seis de cada diez centros concertados pertenecen a la Iglesia católica y el resto a cooperativas y otras asociaciones de diverso tipo

Comentarios

Este martes se abre el plazo para solicitar alguno de los 273 abonos de verano para las piscinas Oberena, Ciudad Deportiva Amaya, UDC Rochapea y UDC Txantrea

El PSN quiere acabar la legislatura junto a Geroa Bai y no como en 2012, cuando UPN les "expulsó" a ellos

17 estudiantes navarros reciben el reconocimiento a su talento matemático

Una nueva rotonda para el barrio de Iturrama

Dos startups navarras, entre las 100 finalistas de South Summit Madrid 2026