Diario de Navarra

El problema del antiguo “Sáhara español” es como un fantasma que aparece de improviso cuando piensas que ya te habías librado de él, pero, al reaparecer, como ocurre ahora, vuelve a poner sobre la mesa la implicación y responsabilidad de España en la cuestión saharaui. Y esto ocurre, precisamente, justo cuando se cumplen 45 años del Acuerdo Tripartito de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, firmado el 14 de noviembre de 1975, origen de este problema, que, como demuestra la reanudación de hostilidades, no solo está lejos de una solución sino que aún puede complicarse mucho más. Aquellos acuerdos fueron ilegales porque, afectando a un asunto de gran trascendencia nacional, se hicieron de espaldas al pueblo español, bajo un régimen dictatorial y porque están invalidados por la política descolonizadora de las Naciones Unidas, que impide a un Estado entregar la capacidad administrativa de un territorio a otro -en este caso, a Marruecos-, si ese territorio está en proceso de descolonización. Pero también fueron ilegítimos porque España ya había adquirido el compromiso de realizar un referéndum de autodeterminación en base al censo elaborado en 1974. Pero, sobre todo, supusieron un terrible error estratégico porque hipotecaban la futura política española en el norte de África, reforzando, por el contrario y de forma considerable, el poder de la monarquía alauita en esta parte del Magreb. La indignación fue tal que la entrega del “Sáhara español” provocó un sorprendente fenómeno: muchos mandos militares se opusieron a la decisión gubernamental y siguieron defendiendo el referéndum de autodeterminación para que los saharauis tuvieran su propio Estado. Algunos, como el general García Valiño, tenían especial peso en el Ejército franquista, entre otras razones por haber sido “capitán general” del protectorado marroquí; otros eran de menor rango y con posiciones más democráticas, como Javier Perote, y también los hubo que, sobre el terreno, permitieron a sus “tropas nómadas” pasarse al Polisario con “armas y bagajes”. Tal vez el ejemplo más claro sea el coronel de Artillería José Ramón Diego Aguirre, presidente de honor de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Madrid. Cuatro décadas después, los hechos confirman esos temores. La sucesión de concesiones a Rabat ha dado a Marruecos tal fuerza que puede violentar, como ha hecho ahora, el alto el fuego establecido en 1991 sin que haya una significativa reacción internacional, salvo las manidas declaraciones de condena. Este pacto establecía sendas franjas desmilitarizadas de 30 kilómetros a ambos lados del Muro, que el pasado 13 de noviembre fue violado con una triple incursión militar para despejar el paso fronterizo de Guerguerat, donde manifestantes civiles impedían la exportación de productos saharauis a través de puertos mauritanos usando esta carretera. No hay que olvidar tampoco que este hecho se produce justo en vísperas de la reunión prevista entre los saharauis y el secretario general de la ONU, lo que ha llevado a interpretarlo como una descarada provocación contra la ronda de conversaciones para desbloquear el proceso al referéndum. En todos estos años, Marruecos ha ido imponiendo la política de hechos consumados, modificando progresivamente el equilibrio demográfico, impidiendo la actualización del censo y continuando la explotación de los recursos del Sáhara Occidental, en especial, los fosfatos, la pesca y la agricultura intensiva. Para justificar tal pasividad ante el ascendente poder de Marruecos, los distintos Gobiernos españoles han utilizado todo tipo de argumentos, desde acusar al Polisario de terrorismo por atacar a pesqueros españoles que faenaban en aguas saharauis hasta afirmar que una mala relación con Marruecos derivaría en una oleada de pateras hacia nuestras costas o la llegada de islamistas capaces de perpetrar atentados. Recuerda esta situación al permanente chantaje de Turquía a Europa con amenazas muy parecidas y que, por sus consecuencias económicas o por la repercusión que pudiera tener en la llegada de refugiados a nuestras costas, paraliza igualmente al actual Gobierno español, sin importar que en el “Sáhara español” se sigan violando los derechos humanos o se consolide su anexión a Marruecos. De nada sirven las condenas verbales de Unidas Podemos o las declaraciones oficiales a reconducir la crisis, si un Gobierno progresista no tiene el valor de reparar el abandono a que ha sometido al pueblo saharaui, restableciendo el apoyo y la colaboración con sus representantes, si no reconoce la injusticia histórica que supuso aquel Acuerdo Tripartito y no denuncia por ilegal aquella decisión de la dictadura franquista que tanto afecta a la dignidad de los españoles y que es la base y fundamento de este grave problema internacional. Manuel Martorell Experto en política internacional y Oriente Medio.

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Vuelve el “Sáhara español”

La sucesión de concesiones a Rabat ha dado a Marruecos tal fuerza que puede violentar, como ha hecho ahora, el alto el fuego establecido en 1991

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