Diario de Navarra

Estos días asistimos al debate exprés del Proyecto de Ley Orgánica de Educación del Gobierno de España, más conocido como “Ley Celaá”. Como consideración previa diré que, en plena pandemia, el debate de una ley tan importante y tan necesitada de amplios consensos es inoportuno. Salvo, claro está, que se busque precisamente eso, ocultarse tras la crisis sanitaria para proceder a realizar todo tipo de desmanes con fuerte carga ideológica. Además de hacerlo a hurtadillas, se ha rechazado con todo el descaro a la comunidad educativa, con quien el Gobierno ha rechazado reunirse. Visto el talante, la opacidad, las prisas y la carga ideológica, hay que echarse a temblar. Son de gran calado político, que no educativo, gran parte de las medidas que se plantean por el gobierno social-comunista que preside Pedro Sánchez. Una de ellas es la relativa a la enseñanza concertada, con el objeto de debilitarla, atentando sin rubor contra un principio básico de nuestra Constitución como es la libertad de enseñanza amparada en el artículo 27. PSOE y Podemos quieren aumentar la enseñanza pública a costa de asfixiar a la concertada. Así se refleja en las enmiendas que ambos grupos han presentando conjuntamente. Con dichas enmiendas se quiere acabar con la demanda social que figura en la ley en vigor, y que protege jurídicamente a los centros concertados frente a cualquier intento de las CCAA para eliminarlos. El pasado mes de octubre, Institución Futuro publicaba un magnífico informe sobre la Enseñanza Concertada, con datos muy contundentes. Uno de ellos es el relativo a la elección de los padres y madres de Navarra que, cuando pueden elegir entre un centro público o uno concertado, lo hacen al 50%. Dice también que el coste por alumno en Navarra para las arcas públicas es de 3.500 euros en la concertada y de 5.950 en la pública. Y para terminar con los datos, hay que decir que en el ejercicio 2018, el gasto del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra en la red pública fue del 74,13% y del 22,29% en la concertada. En Navarra han convivido y conviven con normalidad la red pública y la concertada, siendo ambas complementarias y no subsidiarias. La voluntad política del Gobierno de España es evidente que no es la de mantener el carácter complementario de ambos modelos, como establece el ordenamiento jurídico. El modelo que se pretende instaurar no sólo supone un ataque a la libertad y a los principios fundamentales de nuestra Constitución, sino que va a empobrecer a nuestros estudiantes. Los va a empobrecer en libertad, y en conocimientos, pero también socialmente, porque el mayor ascensor social para las personas es la educación y la formación. Navarra ha sido un claro ejemplo de ello. Fuera de aquí sorprende que todos los niveles educativos estén concertados, incluidos los no obligatorios. Hasta hace muy poco no había ningún colegio privado en Navarra, y todos los alumnos acuden a centros públicos, concertados religiosos o laicos, ikastolas, o centros de educación diferenciada, independientemente del poder adquisitivo de sus familias. No hay mayor libertad que la de no condicionar la educación, cualquier tipo de educación, a la capacidad económica de una familia. Junto al ataque a la concertada está la barbaridad de obtener títulos con suspensos, y también pasar de curso en primaria para no repetir, con las notas que se tengan. Los colegios no son meros lugares donde “aparcar” a los niños durante 16 años de su vida, son centros de aprendizaje, de enseñanza, y recepción y consecución de conocimientos. Y para eso son necesarias las notas, y para eso es necesario aprobar las asignaturas. Un alumno con suspensos habrá pasado el tiempo en su colegio, pero nunca va a estar preparado para enfrentarse a la sociedad, al mundo laboral, una vez salga de él. Y no quiero dejar de lado un tema fundamental: el acuerdo al que ha llegado el Gobierno de España con ERC para eliminar el castellano como lengua vehicular en toda España. Las cesiones a los nacionalistas con tal de aprobar un Presupuesto que es nocivo para nuestro país han llegado a tal extremo que se han cruzado todas las líneas rojas. Pero lo grave es que se quiere dejar a miles de familias huérfanas de elegir para sus hijos la educación en el idioma de nuestro país. No nos engañemos: en aquellas comunidades con gobiernos independentistas, o socialistas-nacionalistas, los alumnos no van a poder estudiar en nuestra lengua. Al menos, si el Gobierno se sale con la suya, porque desde el Partido Popular vamos a hacer todo lo posible y lo imposible por evitarlo. Hace ya tiempo que la señora Celaá afirmó categóricamente que los hijos no son de los padres. Lo hizo para preparar el terreno y eliminar la responsabilidad de las familias en la educación de sus hijos, y en la libertad de elección en todo lo concerniente a este aspecto fundamental para su vida, para su devenir como ser adulto. Tal afirmación ilustra muy bien por dónde quieren los socialistas que transite la política, no sólo educativa sino también el resto de las acciones del gobierno: quieren una sociedad dependiente del Estado, subsidiada, en la que el Gobierno diga qué se puede o no se puede estudiar, qué se puede o qué no se puede hacer. No es nuevo en la historia, los países comunistas nos han dado el ejemplo de qué pretenden el PSOE y Podemos: acabar con la Libertad. Amelia Salanueva Murguialday. Senadora por Navarra del Partido Popular.

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Ley de Educación, un ataque a la libertad

Visto el talante, la opacidad, las prisas y la carga ideológica, hay que echarse a temblar

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