Diario de Navarra

Hagamos una reflexión tranquila después de tantos siglos de “fusión entre política-religión católica” y de 42 años de aconfesionalidad constitucional. Poco a poco se van reconociendo las diferencias teóricas y, sobre todo, prácticas de las diferentes confesiones religiosas que existen en España y las competencias de un Leviatán democrático como el que tenemos en este momento. Y también lentamente se dejan atrás las veleidades anticlericales de quienes defienden la separación - que no guerra - entre Iglesia y Estado. Este país ha hecho un largo y tortuoso recorrido histórico con este asunto que debería, por favor, quedar superado. En el mes de julio hemos asistido a dos homenajes a todos los que han fallecido por el contagio de un virus que persiste en acompañarnos y a quienes han estado en primera línea prestando un servicio público de atención a los mismos. El primero en el tiempo lo puso en marcha la Iglesia Católica. Nada que objetar a esta iniciativa. Los dirigentes de las demás religiones que existen en el Estado no lo hicieron y tampoco hay nada que decir. Se supone que no todos los fallecidos eran católicos, pero cada institución religiosa tiene la libertad de plantear y llevar a cabo rituales como el funeral mencionado. Un funeral religioso. Días después el Presidente del Gobierno de España - que ya había anunciado que tal homenaje se llevaría a cabo una vez superado el largo confinamiento - señaló el 16 de julio como fecha de recuerdo a las víctimas de la pandemia. Con las debidas restricciones de personal y cumpliendo los protocolos exigidos por la situación sanitaria, el acto se llevó a cabo satisfactoriamente: un funeral de Estado como forma no sólo de recuerdo, sino de memoria y acompañamiento a las víctimas y a sus más cercanas familias. El Jefe del Estado les recordó que no estaban solos y que el dolor era compartido. Lo que no se entiende es la crítica que, desde algunos medios de comunicación de difusión nacional, se hizo por la no asistencia al funeral religioso del Presidente del Gobierno. Y aquí aparece otra vez la vieja pugna entre instituciones, traída a cabo no por la jerarquía eclesiástica (que yo sepa), sino por determinada prensa sin mencionar qué se pretendía con tales denuncias. Un funeral religioso es un acto de parte: el de una religión, sea cual sea. Recuerdo que, cuando Julio Anguita obtuvo la alcaldía de Córdoba, le dijo al Obispo de la ciudad que no era su Obispo, pero que él, Julio, era su alcalde. Claro: si Julio no era creyente (o si hubiera sido musulmán, o judío, o pentecostalista) seguiría diciendo lo mismo porque uno elige la religión que más le convence, o ninguna de ellas. Pero, al ser elegido alcalde, incluía a toda la ciudadanía de la capital andaluza, es decir, mandaba sobre todos ellos por haber sido mayoritariamente elegido según el ordenamiento jurídico... aunque el Obispo no le hubiera votado. Así son las reglas que nos hemos dado en democracia. Por ser acto de parte nadie está obligado a asistir al mismo salvo que uno vaya a título particular y no en representación de un cargo. El Sr. Sánchez ¿Tenía que haber asistido a cuantos actos hubieran planificado con el mismo fin las religiones existentes en España? ¿Por qué a una sí, y a otras no? ¿Es una cuestión numérica o de elección personal? No hay ninguna razón de peso para que un Presidente de Gobierno que representa a TODOS los ciudadanos acuda a un acto de parte que atañe a una fracción de la ciudadanía de un país. Por eso la no asistencia no es un acto descortés o, peor aún, de falta de sensibilidad, sino de respeto a la totalidad de sus conciudadanos. No existen privilegios por cuestiones religiosas: es una cuestión de igualdad. El funeral de Estado sí que es un acto político y, por eso, totalmente incluyente: es el acto de recuerdo, de acompañamiento, de compartir el dolor y la soledad de quienes nos dejaron en condiciones no habituales sino extrañas a nuestros hábitos. Y de sus familiares, y de todas las personas que vivieron tales situaciones. Aroa López -enfermera - les dijo que lo han pasado muy mal; que las situaciones personales habían sido muy duras y que les había dejado marcas, pero que allí estuvieron “para cuidar y salvar vidas, aunque muchos compañeros tuvieran que dar su propia vida para ello”. Y que “hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía que no le dejásemos morir solo”. A nadie se le preguntó por su religión, su ideología, su condición sexual, etc. El acto estatal fue presidido por el Jefe del Estado, y allí estaban el presidente del Gobierno y los ministros, los presidentes de las CCAA, los altos representantes de la Unión Europea, otras autoridades y familiares de las víctimas. Fue, por tanto, una ceremonia laica, sencilla, con discursos medidos y no políticos (de parte), sin estridencias dialécticas ni acusaciones destempladas. Las palabras se cargaron de emoción contenida pero de profundo significado por los estragos padecidos. Y de serenas pero firmes llamadas a vigilar nuestros fallos para poder corregirlos: una sanidad pública potente, coordinada y de respuesta rápida; un deber cívico imprescindible para controlar la pandemia; y un aviso sencillo pero apabullante sacado de una canción: “Por los que hacen del trabajo sucio la albor más hermosa del mundo”. Estaban los que tenían que estar y nada más y, por eso, fue un acto sobrio y excelente. Lo laico no implica conflicto con nadie. Jesús Mª Osés Gorraiz Profesor de Historia del Pensamiento Político en la UPNA

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Estado e instituciones religiosas

Reflexión del autor sobre la relación entre política y religión a lo largo de los siglos

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