Alberto Catalán: La ilegalidad del programa 'Skolae'

Una de las cuestiones que ha evidenciado la sentencia sobre el programa que el departamento de Educación denominó ‘Skolae’, con toda intencionalidad política, es que el sectarismo es muy peligroso y, más aún, cuando se realizan con un objetivo político determinado, sin ningún tipo de participación, diálogo y consenso, y vulnerando absolutamente el procedimiento establecido y, por tanto, la legalidad. El varapalo judicial al departamento es innegable, por mucho que se quiera negar. La imposición fue una de las características de los responsables del departamento de Educación a lo largo de la legislatura pasada. Y dicho comportamiento conllevó la adopción de decisiones que no obedecían a las necesidades reales del sistema educativo navarro. De ahí, entre otros, los ataques incomprensibles al Programa de Aprendizaje en Inglés, el castigo a la escuela pública en castellano, el excesivo número de plazas en euskera en las OPEs, etc. Las dimisiones y ceses fueron una constante. Hubo puestos de responsabilidad, como el de la Secretaría General Técnica, encargada del asesoramiento jurídico, que a lo largo de la legislatura fueron ocupados hasta por cuatro personas. La plana mayor del departamento, con el consejero a la cabeza, fue sustituida. La seguridad jurídica, como se ha demostrado con la última sentencia, brilló por su ausencia y la estrategia de los responsables del departamento fue recurrir y recurrir. Nada se les ponía por delante. Un ejemplo claro fueron las plazas de maestros en euskera. Anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recurrieron y perdieron; no contentos, recurrieron al Tribunal Supremo, que volvió a dejar en muy mal lugar al Gobierno. Las plazas están anuladas, la sentencia es firme y pendiente de ser ejecutada por el departamento. La implantación del programa que el departamento denominó ‘Skolae’ nació viciado desde un primer momento. El Gobierno empezó a hablar de “caza de brujas” cuando se descubrió que parte de los tutores eran personas muy vinculadas a los partidos políticos presentes en el Gobierno. Concejala de Bildu; madre de concejala de Bildu y luego diputada por la formación radical vasca; y asistente del grupo parlamentario de Geroa Bai y hoy parlamentario foral por dicha formación. Se constató que las personas que desarrollaban el programa se contrataban “a dedo” y sin mecanismos de selección. Se realizaban contratos de asistencia técnica para la elaboración y definición del marco pedagógico por adjudicación directa; el resto eran contratos a través de las correspondientes facturas. De esta forma, al fraccionar en múltiples contratos directos a diversas personas, en lugar de convocar un concurso para la realización de todo el programa, se eludió la concurrencia pública y la igualdad de oportunidades y se abrió la puerta al sectarismo. La mayoría de las familias nunca se han negado a una educación afectivo-sexual y de igualdad en las aulas. A lo que se han mostrado totalmente contrarios ha sido al adoctrinamiento y la imposición de la ideológica de género. Cabría recordar que las sentencias del Tribunal Supremo que abordaron en su día la asignatura Educación para la Ciudadanía dejan claro “el deber de neutralidad ideológica del Estado, que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo”. Y señalan que “las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española”. “En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas”, concluyen. Se pusieron muchos ejemplos de lo inapropiado de determinadas fichas educativas en las que se basaba el denominado programa ‘Skolae’ e, incluso, de utilización de términos políticos basados en el independentismo. Nada fue reconocido. Para los responsables del departamento todo eran lecturas retorcidas. Menos mal, que todos los que en su día, impusieron el programa ya no tienen responsabilidades en el departamento. También se cuestionó la obligatoriedad del programa y del respaldo jurídico para ello. La sentencia viene a dejarlo todo muy claro. La resolución por la que se aprobó el programa para ser impartido en todos los centros educativos de Navarra es “nula de pleno derecho” y “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Es lo que tiene el sectarismo y la imposición. Ahora, el departamento anuncia que recurre la sentencia y que comienza la tramitación de una nueva normativa que cumpla los requisitos antes vulnerados por el Gobierno de Uxue Barkos. Todo ello, una vez más con una clara intencionalidad política: no desairar a sus socios de gobierno que gestionaron inadecuadamente el programa. Alberto Catalán Higueras. Senador por Navarra de UPN.

La ilegalidad del programa 'Skolae'

Artículo de Alberto Catalán Higueras, senador por Navarra de UPN

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