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El coronavirus: tres riesgos políticos

El miedo ha sido un factor frecuente en la historia de los mercados, pero el volumen de pérdidas acumulado hace pensar en algo menos pasajero

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Iñaki Iriarte

11/03/2020 a las 06:00
  • Iñaki Iriarte
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Apenas han transcurrido unas semanas desde que oficialmente falleciera la primera persona en el mundo por complicaciones causadas por el covid-19. Acostumbrados a la inmediatez de la era de internet y de la mensajería instantánea, nos cuesta aceptar que la comunidad científica necesita más tiempo para llegar a conclusiones firmes acerca del origen del virus, su peligrosidad a corto, medio y largo plazo, sus efectos sobre la salud, las formas de transmitirlo, etc... De hecho, si se comparan las informaciones que fuentes consideradas como serias han estado dando simultáneamente durante estos meses sobre la enfermedad, saltan a la vista las contradicciones. Más allá del aspecto médico de la epidemia (sobre el que naturalmente no me atrevería a opinar), su expansión y la manera en que se gestione por parte de los diferentes gobiernos pueden representar un triple riesgo para los estados democráticos.

Las democracias, en primer lugar, se basan, entre otras cosas, en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Dicha confianza resulta esencial para crear una sociedad que, en lugar de apoyarse en la represión o en el control de la información por parte de una élite, se base en el consentimiento de los gobernados y su libertad para pensar, informarse, emprender y crear.
¿Qué tiene que ver esto con la epidemia de covid-19? En pocas palabras: si dentro de unos meses la gente tiene la sensación (algo muy subjetivo) de que sus gobiernos y sus representantes los han tratado como menores de edad y les han dosificado la información, su confianza en el sistema democrático se habrá roto. Algunos pensarán que se procedió así con el noble fin de impedir el pánico, pero otros creerán que simplemente se han tratado de salvaguardar la salud y los intereses de algunos particulares.

Un segundo riesgo político de la epidemia actual es que, por más que el virus tenga una letalidad relativamente baja -de hecho, en la medida en que puede haber numerosos casos no diagnosticados es muy probable que sea mucho menor que el 3.5% actual-, colapse el sistema sanitario, primero, y hunda la economía mundial, después. La semana de caídas espectaculares en las bolsas y en los precios del petróleo no pueden explicarse como la mera expresión de un pánico infantil. El miedo ha sido un factor frecuente en la historia de los mercados, pero el volumen de pérdidas acumulado hace pensar en algo menos pasajero. En este sentido, las medidas inéditas adoptadas por estados como Israel -que ha prohibido la entrada a los viajeros que lleguen de Italia-, Japón -que ha suspendido las clases hasta abril- o Suiza -que ha prohibido los eventos que reúnan más de mil personas-, entre otros, sugieren que el problema tiene unas dimensiones que no se deberían subestimar solo para evitar que se genere la alarma social.

En cualquier caso, si la epidemia (cualquiera que sea finalmente su letalidad) llega a provocar una paralización de la actividad productiva, comercial y turística, las consecuencias para el empleo pueden ser impredecibles. De manera tan dramática como en 2008, nos enfrentaríamos al círculo vicioso de gente que pierde su empleo, carece de ahorros para hacer frente a sus hipotecas y gastos diarios y tiene que recurrir a los servicios sociales, al tiempo que los gobiernos ven disminuir sus ingresos, deben endeudarse, recortar gastos, etc. Recuérdese el efecto que tuvo la crisis en el “contrato social” y cómo provocó un auge de los populismos que todavía estamos padeciendo.

El último riesgo político al que podríamos enfrentarnos se relaciona con los anteriores. Los datos ofrecidos por China a desde finales de 2019 solo merecen una credibilidad limitada, cierto. Pero parece innegable que las draconianas medidas de control y restricción de las libertades impuestas en el epicentro del brote, la provincia de Hubei, han conseguido contener la enfermedad, a la vez que se ha mantenido la cadena de producción y distribución de productos básicos a los ciudadanos en cuarentena. En otras palabras, el Gobierno chino está gestionando una crisis inédita con considerable eficiencia. Ahora bien, ¿podrían aplicarse tales medidas en nuestras sociedades democráticas? Es dudoso. En consecuencia, podría llegar a parecer que una dictadura resulta más eficiente que una democracia a la hora de gestionar situaciones excepcionales como la que estamos viviendo.
Veremos cómo evoluciona la situación en un par de semanas.

Iñaki Iriarte López, profesor de la EHU/UPV y parlamentario foral de Navarra Suma


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