La cuestión de que seamos o no seamos libres ha constituido un problema para muchos pensadores a lo largo de la historia. Que además de serlo no podamos ejercerlo de forma absoluta, ha sido también una cuestión fundamental cuando nos hemos dado cuenta de que necesariamente tenemos que convivir con otros humanos que también son libres y quieren ejercer esa libertad. Es fácil despachar el asunto con frases tan conocidas como poco resolutivas: mi libertad acaba donde comienza la de los demás o la virtud está en el término medio.

Porque, ¿quién y cómo establece el comienzo de la libertad del resto? ¿dónde establezco el término medio virtuoso? La cuestión se complica además si no me refiero sólo al conflicto entre individuos sino también al conflicto entre el individuo y el Estado: ¿dónde acaba la libertad individual frente a los poderes del Estado?

En las últimas semanas ha vuelto a surgir en España el conflicto entre la libertad de los padres y los planes que establece el sistema educativo en relación a la educación afectivo sexual de nuestros hijos. Como ya es habitual, el debate se ha centrado mayormente en frases rimbombantes y radicales de cuenta de twitter o de mitin político repetidas a veces en titulares de medios de comunicación tradicionales y que sólo aportan confusión, manipulación, medias o nulas verdades y extremismos que llevan el debate a puntos irreconciliables. Además, pretender resolver estos problemas en términos de propiedad del menor es una forma errónea o buscadamente manipuladora. Nuestros hijos no pertenecen ni a los padres ni al Estado.

Los padres somos responsables de ellos de forma similar a como el Estado es responsable de todos los ciudadanos incluidos los menores de edad y aunque tengan padres. Los padres tenemos libertad para elegir la educación que queremos dar a nuestros hijos y el Estado tiene la obligación de velar porque esa educación sea correcta en función de las leyes y los derechos del menor. Tenemos que establecer pues los términos de un conflicto que va más allá de un tema exclusivamente sexual y que no tiene nada que ver con una especie de campaña de perversión de niños, conversión a la homosexualidad o incitación a la pedofilia.

La educación afectivo sexual está relacionada con la salud individual y colectiva en la medida en que va encaminada a evitar el contagio y trasmisión de enfermedades. Está relacionada con los derechos fundamentales en la medida que enseña a no discriminar en función del sexo. Con la convivencia pacífica cuando hace visible la violencia y da las pautas para detectarla y protegerse de ella. Con la necesidad de evitar conflictos como el acoso escolar cuando pone sobre la mesa otras orientaciones sexuales y trasmite la necesidad del respeto y de la tolerancia. Con el derecho fundamental a una educación que nos haga libres y que por tanto no nos limite a una única perspectiva de la realidad -argumento por el cual debiera ser también obligatoria una formación religiosa impartida desde un punto de vista no dogmático sino como fundamento cultural y forma de entender la realidad-. Temas tan fundamentales como la salud, el respeto, la violencia o la educación de ciudadanos libres no pueden quedar en manos de posiciones extremas de ningún tipo. Es verdad que educar en estos principios es responsabilidad de los padres, pero también es obligación del Estado incluso a pesar de los padres. Entre un polo y otro, la inmensa mayoría -aunque más o menos distanciados-, tenemos que ser capaces de un consenso fundamentado en puntos cercanos o incluso coincidentes que los más radicales han embarrado con sus fórmulas alejadas del consenso y del diálogo.