Diario de Navarra

Pedro Sánchez acaba de ser designado presidente del Gobierno de España tras haber obtenido la confianza del Congreso de los Diputados de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. Con ello, se acaba el periodo de interinidad política y se inicia una nueva legislatura política. La cámara parlamentaria no sólo ha otorgado su confianza a Pedro Sánchez para presidir el gobierno, también se la ha conferido a su programa de gobierno, que tiene una clara inspiración progresista. Entre sus objetivos se encuentran: el incremento de la inversión pública en educación, sanidad e investigación; continuar avanzando en la igualdad entre mujeres y hombres; la lucha contra el cambio climático; la subida del salario mínimo; acabar con la reforma laboral; garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas; o reconocer nuevos derechos como, por ejemplo, el derecho a tener una muerte digna en caso de enfermedad grave e incurable. Naturalmente las formaciones políticas que lo deseen pueden oponerse al citado programa de gobierno, así como mostrar su alternativa política para tratar de obtener la confianza de los españoles en las próximas elecciones generales. Lamentablemente tengo que decir que en el debate de investidura se rebasaron algunas líneas que me parecen política y constitucionalmente peligrosas. No me refiero a las descalificaciones vertidas. Si las derechas quieren basar su alternativa política en la exageración y la falsedad sin aportar un proyecto alternativo de país, es una decisión que sólo le compete a ella. Lo que me perece constitucionalmente peligroso y, por tanto, dañino para la convivencia democrática es la reiterada negativa del PP a aceptar la legitimidad del nuevo gobierno. Esto no es nuevo, pues ya lo hicieron cuando prosperó la moción de censura al gobierno de Rajoy. Incluso, sus socios de Vox en varias CCAA hablan directamente de golpe de estado. La formación de ultraderecha utiliza un lenguaje y formas más propias de los regímenes autoritarios. Me parece contradictorio que las derechas, que se autodenominan constitucionalistas, sean las primeras en no respetar la Constitución con su comportamiento. Y lo hacen cuando niegan la legitimidad de la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente previsto. Entre otros motivos, la Constitución es aceptada por los ciudadanos y los actores políticos porque es legítima debido a su origen democrático; por el hecho de representar los valores comunes de la gran mayoría de los ciudadanos; y por permitir la alternativa pacífica en el ejercicio del poder. Cuando sus procedimientos democráticos no se aceptan o se ponen en duda y, además, un grupo de formaciones tratan de adueñarse de ella, se empieza a resquebrajar el entramado constitucional. Ser constitucionalista supone respetar el contenido de la Constitución admitiendo que existen otros proyectos políticos igual de legítimos (resulta inconstitucional proponer la ilegalización de partidos políticos por sus ideas) y, por su puesto, acatar el resultado de los procesos políticos que regula. La Constitución es la casa común de los ciudadanos y nadie tiene derecho a apropiarse de ella. Construir la convivencia democrática es muy difícil, sobre en todo en sociedades muy plurales como la nuestra, pero destruirla es relativamente fácil. Criticar al gobierno es legítimo y necesario, pero negar la legitimidad de una elección democrática conforme a la Constitución me parece nocivo, sobre todo en un contexto de auge de la ultraderecha con derivas autoritarias en muchos países occidentales, incluido el nuestro. Quienes se juntan con la ultraderecha, acaban siendo devorados por ella. Toni Magdaleno Alegría. Profesor Titular de Derecho Constitucional y Senador por Navarra por el PSN-PSOE

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Un gobierno progresista y legítimo

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