Diario de Navarra

Durante la última semana varios partidos (PSOE, UP, IU, ERC) han celebrado una serie de consultas a sus militantes sobre cuestiones relacionadas con una eventual investidura de Pedro Sánchez como presidente de un gobierno de coalición PSOE-UP. Los afiliados al PSOE y a UP fueron convocados a una consulta en la que debían responder si apoyaban o no un gobierno de coalición entre ambas fuerzas. ERC celebró otra en la que se preguntaba acerca del rechazo a la investidura de Sánchez de no alcanzar antes “un acuerdo para abordar el conflicto político a través de una mesa de negociación”. Los militantes del PSOE y de UP respaldaron por abrumadora mayoría la propuesta de sus líderes. De la misma forma, el 95 por ciento de los votantes de ERC respaldó el rechazo a permitir la investidura de un gobierno PSOE-UP a no ser que Sánchez ceda a las demandas antidemocráticas de crear una mesa negociadora al margen del único foro en el que los catalanes deben resolver sus problemas: el Parlamento. En el caso de ERC es evidente que la única finalidad de la consulta era presionar a Sánchez. Distinto es el significado que cabe atribuir a estos procesos en el PSOE y en UP. Ambos partidos argumentan que se trata de dar la voz a los afiliados y que, por lo tanto, las consultas son un instrumento de profundización democrática. Sin embargo, cuando se comprueban sus efectos, nos encontramos con que se trata de prácticas que erosionan gravemente el carácter democrático de los partidos. En primer lugar, se trata de una práctica plebiscitaria dado que los afiliados no se pronuncian realmente sobre ningún programa de gobierno. El pacto alcanzado en unos minutos por Sánchez e Iglesias para repartirse el gobierno no se ha traducido hasta ahora en ningún tipo de acuerdo programático concreto y detallado. Desde esta óptica, las consultas solo pueden ser concebidas como un plebiscito a favor o en contra del líder que las convoca. En segundo lugar, las consultas solo formalmente son democráticas puesto que no concurren los presupuestos materiales de un proceso democrático: la deliberación y el debate racional sobre las distintas opciones en juego. Hasta ahora ningún afiliado socialista conoce las razones por las que a su secretario general ya no le quita el sueño la eventual presencia de miembros de UP en el Consejo de Ministros. En el seno del PSOE no ha habido ningún debate digno de tal nombre sobre las distintas alternativas existentes para la formación de un gobierno. En el caso de UP, su militancia ignora el verdadero alcance de las cesiones que será necesario hacer para formar parte de un gobierno cuya vicepresidencia y dirección de la política económica correspondería a una persona a la que hasta ahora atribuían todas las maldades del neoliberalismo (Nadia Calviño). No ha habido debate ni discusión alguna porque no eran necesarios. Porque las consultas no son un procedimiento democrático para controlar un acuerdo alcanzado en el seno del partido, sino un simple instrumento de legitimación plebiscitaria del líder para reforzar su poder cuasi omnímodo. Todo esto contradice el mandato constitucional recogido en el artículo 6 de la Constitución que regula los partidos políticos, y dispone que “su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos”. El funcionamiento de los partidos tiene que ser democrático, y como la única democracia posible es la representativa, los partidos deben organizarse conforme a ese esquema. Esquema incompatible con el establecimiento de una relación directa entre los afiliados y el líder. Los afiliados deben escoger a órganos de representación como únicos sujetos legitimados para adoptar la política de alianzas y acuerdos y para seleccionar a sus máximos dirigentes. En definitiva, las consultas celebradas estos días en el PSOE y en UP con ropaje democrático encubren prácticas autoritarias y caudillistas. Y no es exagerado afirmar que en este perverso diseño y funcionamiento -claramente antidemocrático- de los partidos políticos reside la causa última de la inestabilidad política que padecemos. El bloqueo político es la lógica consecuencia de unos partidos en los que la voluntad de los líderes plebiscitados por los militantes se impone a la de los órganos colegiados representativos de deliberación y decisión política. Órganos que formalmente existen pero que están tan muertos como lo estaban las instituciones republicanas en la Roma imperial. Órganos en los que la discrepancia y el debate brillan por su ausencia. Cuando, en el seno de esos órganos, alguien se atreve a discrepar como ocurrió en Ciudadanos por el veto de Rivera al PSOE, la respuesta del líder no pudo ser más clara y contundente: el qué no este de acuerdo conmigo que funde otro partido. Parafraseando al más insigne representante del absolutismo político, sólo le faltó decir: el partido soy yo. Javier Tajadura Tejada, profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU

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La deriva caudillista de los partidos políticos

Se trata de una práctica plebiscitaria dado que los afiliados no se pronuncian realmente sobre ningún programa de gobierno

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