La Constitución reconoce la libertad de enseñanza

Hace una semana la portavoz del Gobierno de España, la ministra Celaá, encendió la llama de la polémica, al afirmar lo siguiente: “De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o, a elegir centro educativo, podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos derechos, los de elegir centro, no son emanación estricta de la libertad reconocida en el art. 27 de la Constitución”. Tengo que reconocer que he entendido en parte lo que supongo ha querido expresar la ministra de educación socialista en el XV Congreso de Escuelas Católicas y que tanta polvareda ha levantado. ¿Quería decirnos que debemos ir a la Carta Magna y ver si efectivamente ésta garantiza la libertad de enseñanza o sin embargo, solo la reconoce? La Constitución Española, en lo que se refiere a la libertad de enseñanza, dice textualmente en su artículo 27.1: “Se reconoce la libertad de enseñanza”. Se reconoce, no dice se garantiza. Y fíjense en la semántica, en la diferencia del significado de las palabras, en el vocablo utilizado en el artículo 27.3 de la propia Constitución: “Los poderes públicos “garantizan” el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Comprenderán que la utilización por el legislador de un término y no de otro, me lleva a entender en parte lo que ha querido decir la ministra socialista Celaá, aunque no lo comparta en absoluto y, recordar lo que ya nos advirtió hace 41 años el que fuera fundador de Unión del Pueblo Navarro, Jesús Aizpún. El entonces presidente de UPN trasladó en aquel momento que había votado ‘no’ al artículo 25 de la Constitución (luego devino en el artículo 27). El dejó muy claro que estaba en contra del artículo en cuestión porque no garantizaba la libertad de enseñanza. Decía que con el artículo en la mano “no se garantiza” la libertad de enseñanza, solo “se reconoce” la misma; no es lo mismo, repetía, garantizar que reconocer. Es decir, los legisladores del 78 que nos trajeron las libertades a España, mientras nos garantizaban la formación religiosa y moral para nuestros hijos, solo nos reconocían la libertad de enseñanza. Asumamos al menos que vencieron entonces las tesis de los legisladores socialistas de aquella época. Además, en la redacción de la Carta Magna no se tuvo en cuenta que 30 años antes, la Asamblea General de Naciones Unidas había aprobado la Declaración de los derechos humanos donde garantizaba la libertad de enseñanza. Y no olvidemos nunca que ésta, requiere de los medios económicos necesarios por parte de las administraciones públicas, para que los padres sin los recursos económicos suficientes puedan elegir el centro educativo que quieran para sus hijos. Aunque como bien escribió Alberto Catalán, el Tribunal Constitucional ya dejó claro en su sentencia 74/2018 de 5 de julio, que “la libertad de enseñanza se concreta por tres vías: el derecho a crear instituciones educativas, el derecho de los padres a elegir el centro docente y la formación religiosa y moral que desean para sus hijos, y el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con libertad”. Han transcurrido 40 años desde la Transición y, en materia de defensa el PSOE pasó del ‘no’ a la OTAN, a ocupar la secretaría general una de las figuras más relevantes del socialismo español, Javier Solana. En educación las palabras de la ministra Celaá son contestadas por el propio presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page que dice: “Me gustaría que en momentos de incertidumbre esta región siga siendo un valor refugio. Donde no se discutan, por supuesto, ni la concertada ni otras muchas cosas”. Y por eso creo, que esta labor la debemos hacer de la mano del PSOE y del PSN que también llevan a sus hijos a la escuela concertada. Porque como subrayaba el senador Alberto Catalán, el artículo en cuestión, el 27 de la Constitución, es un asunto de libertades (en plural), por ello está en el apartado destinado a los derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna. Sirvan estas líneas como homenaje al fundador del primer partido político de Navarra, Unión del Pueblo Navarro, Jesús Aizpún, que en breve se cumplirán 20 años de su fallecimiento. El se adelantó en la crítica a este artículo de la Constitución, y hoy 41 años después la ministra socialista le ha dado la razón. Otra tema es el por qué interesa abrir estos debates, para después cerrarlos por innecesarios, caducos y falsos. Y cómo es posible provocar a la mitad de la población de esta manera, cuando existen problemas reales y acuciantes que la ciudadanía pide a gritos solucionar con acuerdos entre los partidos políticos. Pedro Muneta Irujo, licenciado en Derecho

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