Diario de Navarra

El lunes pasado, cuando el peculiar John Bercow anunciaba que no se presentaría a la reelección como presidente de la Cámara de los Comunes británica, lanzaba un elogio a ese parlamento, “un lugar fantástico lleno de forma abrumadora de gente que está motivada por su noción del interés nacional, por su percepción del bien público y por su deber, no como delegados, sino como representantes para hacer lo que creen que es correcto para nuestro país”. Bercow se hizo popular en todo el mundo durante la pasada primavera, al llamar al orden a voces a los parlamentarios durante los enconados debates sobre el brexit. Fueron unas discusiones que hicieron buena la reflexión de Lord Chesterfield, que, en una de las cartas con las que quería educar vital y políticamente a su hijo ilegítimo (las publicó Acantilado en 2006), escribía: “Cualquier asamblea numerosa, independientemente de la calidad de los individuos que la componen [él se refería a la Cámara de los Lores] es populacho, y al populacho no hay que hablarle nunca el lenguaje de la razón y del buen sentido, sino solamente el de sus pasiones, el que toca sus sentimientos, sus sentidos, sus supuestos intereses”. De vez en cuando, y con más o menos fuerza, hay quienes exigen que los políticos se limiten a cumplir sus promesas, o su programa electoral, que sean delegados y no representantes. Esto choca con la Constitución, que deja claro en su artículo 67.2 que diputados y senadores “no estarán ligados por mandato imperativo”. Peces Barba, en su comentario a la Carta Magna, explica que “no son mandatarios, sino representantes; una vez elegidos no tienen que rendir cuentas de su gestión, ni durante su mandato han de seguir las indicaciones de sus electores”. En la práctica, una creciente desconfianza hacia los políticos ha hecho que los votantes sientan la necesidad de atarles en corto, y, de vez en cuando, algunos partidos reaccionan haciendo tonterías como depositar ante notario la promesa de que cumplirán lo que proponen o, como proponía Vox hace solo unos meses, sugiriendo que sea delito incumplir el programa electoral (una idea que, como queda claro más arriba, es notoriamente inconstitucional). Obligar a los partidos a que observen de forma estricta su programa es imposible. Cuando se elaboran las propuestas para unas elecciones su relación con la realidad (la legislación vigente, las posibilidades presupuestarias, la respuesta de los ciudadanos…) es muchas veces bastante leve. Además, las circunstancias cambian, y lo que podía tener sentido en un momento puede haberlo perdido un par de años después. Pero, además, es una mala idea, porque limita, o directamente impide, cualquier posibilidad de acuerdo. Cuando se trazan demasiadas líneas rojas la política adquiere el aspecto de ese juego que practicaban las chicas cuando yo era un chaval y que consiste en ir enredando un hilo entre los dedos de las dos manos y pasársela de una jugadora a otra, con unas reglas igual de incomprensibles para mí que las del saltar a la gomas (ya saben, primeras, segundas…). Creo que fue a Santiago Carrillo al que le oí decir en una entrevista que la Transición había sido posible porque los partidos habían negociado en función de sus intereses (entendidos en un sentido amplio), y no de sus principios, que, al fin y al cabo, son irrenunciables. Así que esperemos que los políticos actuales se comporten así, que sean capaces de negociar y alcanzar acuerdos y que luego los votantes no nos pongamos estupendos exigiéndoles una pureza inmaculada. Porque no iremos a ninguna parte.

Diario de Navarra

Delegados o representantes

Comentarios

Zetak consigue en Bilbao hasta que amaine la tormenta

La fallecida en el accidente de Tudela trabajaba en restauración de Sendaviva

El partido del Pamplona, cuestión de familia

Récord del premio de microrrelato de San Fermín con 762 cuentos

El Pamplona se aferra a lo conocido