Diario de Navarra

Descubrir personas, a las que se presume un elevado nivel de instrucción, que usan los conceptos de eficiencia y eficacia como si fueran ideas inconexas por completo provoca una gran inquietud. Ésta alcanza un grado superlativo si el error lo cometen políticos al hacer sus programas y discursos. No hay que espigar mucho entre las intenciones de éstos para toparse con propuestas de medidas eficientes y eficaces para la gestión pública. Debemos deducir que sus autores distinguen tres clases de medidas de gestión: medidas eficaces, medidas eficientes y, por último, medidas eficaces y eficientes a la vez. Sin duda, con estas últimas pretenden epatar al ciudadano. Sin embargo, demuestran con ello que sus discursos y proyectos están vacíos de contenido o que ignoran el asunto al que se refieren. Es cierto que la RAE no establece una clara distinción entre eficacia y eficiencia. Pero no ocurre lo mismo en el lenguaje empresarial. La eficacia es la capacidad de lograr el objetivo deseado, mientras que la eficiencia es la de alcanzarlo con la menor cantidad de recursos económicos, personales o de otra naturaleza. Es decir, una medida eficiente es por sí misma eficaz. Y no olvidemos que de asuntos de empresa habla el político que gestiona recursos públicos. El Gobierno de Navarra parece apuntar hacia la eficiencia cuando, entre sus diez ejes de acción política, destaca el criterio de “máxima optimización de los recursos públicos” y pretende “estudiar la estructura de los distintos departamentos del Gobierno” para “mejorar la eficacia reduciendo costes” (sic) y “dejar atrás las unidades estancas de gestión”. Pero todo ha quedado reducido, desde el principio y al menos hasta el día de hoy, a aguas de cerrajas. Ya veremos qué ocurre más adelante, pero pintan bastos. De momento, el número de consejerías ha aumentado el 44% respecto del de la legislatura anterior. Este hecho singular arrastra el crecimiento del resto de la estructura piramidal propia de la administración: jefes de gabinete, secretarías, direcciones generales, de servicios, secciones y negociados. Esperemos que no aumente también el número de aquellos funcionarios que tienen especial habilidad para crear su propio trabajo, el que los justifica. Por el momento, el número de direcciones generales ha crecido el 45%. A modo de ejemplo de eficiencia, considérese lo siguiente: de 1991 a 1999, el Departamento de Educación, incluido lo relativo a la universidad, y el de Cultura estaban dirigidos por un único consejero. El equipo se limitaba a dos direcciones generales; una para los asuntos de Educación y otra para los de Cultura, auxiliados por una secretaría personal, un gabinete, una secretaría técnica y diez esforzados jefes de servicio. No se dedicó precisamente a contar nubes. Fue suficiente para gestionar las funciones y servicios educativos recién transferidos, ajustar el Sistema educativo a la LOGSE, la novedosa ley educativa, planificar y desarrollar el mapa escolar, actualizar la red física de centros escolares, incluida la sede central del departamento, diseñar y desplegar toda las medidas precisas para la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales, aplicar los conciertos educativos a todos los niveles: enseñanza infantil, primaria, secundaria, FP; completar las infraestructuras culturales, entre ellas el auditorio, y el archivo general, restaurar el patrimonio, a modo de ejemplo la Catedral de Pamplona y completar el desarrollo del Camino de Santiago. En materia universitaria: facilitar el desarrollo de la UPNA con la construcción de todos sus edificios, la determinación de los planes de financiación pertinentes y la creación de la UNED de Tudela. El sistema educativo navarro se colocó a la cabeza de los de España y UE. Ahora, las mismas responsabilidades, pues no ha habido nuevas transferencias, requieren tres consejeros, uno compartido con Deporte, tres secretarías personales, tres gabinetes, 6 directores generales, tres secretarías técnicas y 21 servicios. Esta estructura no parece un modelo de eficiencia. Javier Marcotegui Ros Exconsejero del Gobierno oral

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