Diario de Navarra

El problema del preacuerdo del PSN con Geroa, Podemos e I-E no estriba en que fuerzas políticas en teoría muy diferentes hayan sido capaces de llegar a un acuerdo. El problema estriba en su contenido. Un contenido con el que los socialistas -acaso de manera poco consciente- han efectuado una peligrosa cesión al nacionalismo vasco y su afán por ganar la transcendental batalla por el relato acerca de los años de plomo. Esta cesión tiene lugar en el punto 3.11.15 del citado preacuerdo: “Desarrollo y aplicación de la Ley Foral16/2019, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”. ¿Qué hay de malo en esta ley, aprobada por el anterior cuatripartito apenas dos semanas antes de que se disolviera la cámara y dos meses antes de las elecciones que le hicieron caer de 26 a 19 escaños? A lo largo de la dictadura se produjeron en España crímenes y abusos que quedaron impunes por parte de quienes tenían el deber de proteger a todos los españoles. Algunos de esos actos se relacionaron con la persecución de la oposición política y armada al franquismo. Otros lo hicieron con la represión de la delincuencia común. Sería ingenuo pensar que tales actuaciones abusivas desaparecieron inmediatamente con la muerte de Franco o la promulgación de la Constitución. En ningún país que haya salido de una larga dictadura -incluyendo a aquellas admiradas o disculpadas por ser de izquierdas por no pocos que pretenden dar carnés de antifranquismo- ha sucedido de otro modo. De hecho, ni siquiera en los países con tradición democrática más larga fue fácil implantar lo que podríamos llamar una “cultura integral” de respeto por los Derechos Humanos. En España, además, la democratización de las fuerzas del orden se vio seriamente entorpecida por la actividad de los grupos terroristas (principalmente, ETA y GRAPO). Para ser justos, y dadas las circunstancias, ese proceso de democratización fue notablemente rápido. Compárese, por ejemplo, el caso de España con el de los uniformados británicos durante el conflicto de Irlanda del Norte o el de los franceses durante la guerra de independencia de Argelia (en la que miles de argelinos no combatientes murieron a manos del ejército galo). Tanto Francia como Gran Bretaña han dado pasos para reconocer a las víctimas de tales abusos. Hacerlo no ha debilitado, sino fortalecido su sistema democrático. Al fin y al cabo, cualquier persona que haya sufrido una situación ilícita merece la misma verdad, justicia y reparación que querríamos para nosotros mismos. Nadie puede sentir miedo a este principio ético universal. ¿Cuál es entonces el problema de esa ley 16/2019 a cuyo desarrollo se ha comprometido ahora María Chivite? Es muy fácil de entender. En su artículo segundo establece que la ley busca reconocer a todas aquellas personas que sufrieron, “en un contexto de motivación política”, “un perjuicio a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual” a manos de funcionarios públicos o particulares. El hecho de incluir a quienes han sufrido un perjuicio moral -algo muy subjetivo, imposible de rebatir, y que no aparece, por ejemplo, en la ley estatal de víctimas del terrorismo- no es un detalle menor. Abre la puerta a que centenares de miles de personas pidan su reconocimiento como víctimas por haberse sentido “moralmente” perjudicadas. En segundo lugar, la ley fija un ámbito temporal que comienza en 1950. Como no establece un límite superior, en teoría no solo podría aplicarse al presente, sino hacerlo indefinidamente. Esto supone nada menos que negar de forma abierta la legitimidad de los tribunales de justicia para reconocer la verdad jurídica de los hechos. ¿Para qué quiere Chivite un gobierno socialista, con una ministra de Justicia socialista, si se compromete desarrollar una ley que puede reconocer a alguien como víctima en contra de la decisión de los jueces? Por otro lado, ese reconocimiento como víctima no solo lo pueden solicitar los directamente afectados, sino también otros particulares, sin necesidad de que medie algún tipo de parentesco, e incluso asociaciones hayan tenido un conocimiento “directo” y (ejem) “riguroso” de los hechos. ¿No se imaginan qué asociaciones serán? Pero esto no es lo más grave: ¿Quién resuelve la petición y, en definitiva, establece quién es víctima? Una comisión. La formarán, en primer lugar, dos cargos políticos (los directores de Paz y Convivencia y del Instituto de la Memoria). A ellos se sumarán tres profesionales sanitarios nombrados por el Instituto Navarro de Medicina Legal (se supone que por su director, otro cargo político). Y, por último, aquellas personas que por mayoría absoluta y por un período de seis años nombre el Parlamento de Navarra. Podemos barruntar a quienes habría nombrado el anterior cuatripartito. En pocas palabras: un Parlamento de Navarra, a punto de disolverse y de pasar por unas elecciones que cambiarían radicalmente las mayorías en su seno, aprobó una ley en la que se dejaba en manos de un grupo de políticos repartir, sin ningún control judicial, ni la menor supervisión independiente, títulos de víctimas de las fuerzas de seguridad desde 1950 hasta el fin de los tiempos. Se aduce que la ley no tiene relevancia penal para justificar que los acusados de terribles abusos no puedan defenderse, ni sean representados a lo largo del proceso que, social y políticamente, los condenará como victimarios. Supongamos por un instante que, cuando tenía mayoría absoluta, el PP hubiera recurrido al mismo procedimiento para identificar a las víctimas del terrorismo abertzale. ¿Lo aceptarían Podemos, Geroa y Bildu? ¿Lo haría el PSOE? ¿Por qué, en cambio, acepta ahora desarrollar esta ley de intencionalidad tan clara y tan perjudicial para el Estado de Derecho? Javier Esparza ha preguntado retóricamente cuál es el precio de la abstención de Bildu. Este es una parte del mismo. Una ley que intentará convencernos de que la policía provocó y todavía provoca decenas de miles de víctimas, no reconocidas por la Justicia española. Una mentira fundamental para que el nacionalismo gane la batalla del relato. Iñaki Iriarte López Profesor de la EHU-UPV y parlamentario de Navarra Suma

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El precio de una abstención

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