Diario de Navarra

Puede una contrarreforma social poner en crisis de legitimidad todo un sistema político y su correspondiente entramado social? Todo el que leyere el prestigioso Informe FOESSA-VIII, dependiente de Cáritas, que acaba de presentarse en Madrid, se hará en varios momentos de su lectura esa misma pregunta u otra similar. El trabajo, de más de 800 páginas, obra de 130 investigadores de 30 universidades españolas, con 11.655 encuestas a familias, llevadas a cabo en 17 Comunidades Autónomas, es una verdadera radiografía de la última década vivida en España, donde registra una clara mutación social, “un cambio sin precedentes”. Un tiempo de numerosas brechas: como la desigualdad, la debilidad de los sistemas globales de gobernanza, la erosión de las instituciones públicas, la gestión insolidaria de la crisis, el ascenso de particularismos, así como de actitudes reactivas y xenófobas, que están “hipotecando el futuro”. “Nos enfrentamos -dice el Informe- a una sociedad que acepte la desigualdad y la exclusión u otra que reinvente un modelo integrador también en la organización y desarrollo de la dimensión económica”. Pese a cierta recuperación en 2015 de las clases medias, los colectivos más vulnerables han aumentado hasta 8,5 millones de personas (el 18,4 % de la población), 1,2 millones más que antes de la crisis. Pero ahora “la exclusión se enquista en la estructura social”. Precariedad del trabajo, costes elevados de vivienda, problemas de salud y múltiples formas de discapacidad, además de bajas cualificaciones, son factores determinantes de exclusión sobre todo entre jóvenes, hogares gobernados por mujeres, personas inmigrantes, hogares de una sola persona y familias monoparentales. No es sólo cuestión de desempleo. La nueva categoría de “trabajadores pobres”, que afecta al 14% de personas ocupadas en España, se caracteriza por la temporalidad, la parcialidad y los itinerarios cíclicos de los trabajos, que limitan la integración de varios colectivos y los abocan a la exclusión. Los más expuestos a la marginalidad social son las familias con niños y los jóvenes: “Se ha producido una juvenilización” de la pobreza y la exclusión, con un claro empeoramiento de las personas jóvenes emancipadas. No lo tienen mejor las mujeres, sobre todo las que regentan un hogar monoparental, en cuanto a ingresos, prestaciones, acceso a la vivienda, estado de salud y aislamiento social. Y aún en peor situación se hallan las personas con alguna discapacidad. Si bien los recortes en gasto social en la década 2008-2018 no han desmantelado el Estado de bienestar español, opinan los expertos que “su impacto ha estado cercano a ello”. Las políticas sociales y económicas se han ido recuperando muy lentamente y de manera desigual. Tras la ruptura parcial de los cuatro grandes pactos -fiscal, laboral, intergeneracional e interterritorial-, el futuro cercano de España y de Europa puede llegar a ser “políticamente convulso o socialmente polarizado”, al emerger “un tipo de ciudadanía sustancialmente desconfiada, individualista y meritocrática”, paso hacia una sociedad vulnerable asentada sobre una parte de la población desestructurada, desvinculada socialmente, en la antesala de la exclusión. Terreno propicio para movimientos populistas, “partidos del malestar”, xenofobias múltiples, “fatigas de la compasión”, rechazos de las ayudas sociales… El Informe FOESSA-VIII apuesta por la “economía social” (innovación y buenas prácticas), que incluye la “economía feminista” (economía de cuidados); la “economía del bien común” (el impacto social por encima de los beneficios), y la “economía solidaria” (los vínculos por encima de los bienes). Las que hacen de la persona el centro de la vida. Víctor Manuel Arbeloa Muru. Escritor.

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Una contrarreforma social

Pese a cierta recuperación en 2015 de las clases medias, los colectivos más vulnerables han aumentado hasta 8,5 millones de personas

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