Diario de Navarra

El bigdata tiene sus ventajas. Un análisis multifactorial sobre las condiciones de vida de millones de ciudadanos de Cataluña arroja un resultado que ocupó por unas horas las portadas de los medios de comunicación. En una de las regiones más prósperas de Europa (con 30.000€ de renta per cápita), la brecha de la desigualdad medida en esperanza de vida al nacer entre los más ricos y los más pobres es nada más y nada menos que de 12 años. Quienes duden de la métrica de la desigualdad, aquí tienen un valor que debería sacudir el debate, incluidos los que padecen aparofobia. Porque, en realidad, estamos planteando un dilema moral que atañe directamente a la noción de mercado y que contrapone la eficiencia económica (el índice de progreso económico) y la justicia económica (la aceptación y sostenibilidad de un determinado sistema social). Para algunos economistas el problema, sin embargo, no es la desigualdad sino la pobreza y esta se combate mediante el despliegue de la igualdad de oportunidades. La cuestión es que esta dialéctica viene de lejos. Es el capitalismo, amigos. Fijémonos exclusivamente en una de las expresiones de la desigualdad, la del reparto de la renta y la riqueza en un país (no incluyo la desigualdad entre países ni la desigualdad de renta entre los ciudadanos del mundo). Hay una enorme distancia entre los optimistas que observan que, en el largo plazo, la humanidad nunca como ahora había logrado mayores cotas de bienestar, y los pesimistas que señalan que la brecha de la desigualdad acumulada en las últimas décadas nos lleva al desastre. El nobel de Economía Stiglitz (2015) la califica como “la mayor amenaza para la prosperidad”. Para el historiador Josep Fontana (2011) es signo de “una nueva época de regresión y oscurantismo”. Según el analista Joaquín Estefanía (2019), se está consumando “el asesinato de las clases medias” que la Gran recesión parece haber acelerado. Se explica así que en esta controversia irrumpa el activismo de economistas formados en el paradigma liberal, como el mismo Stiglitz o Marina Mazzucato, reclamando una redefinición del papel del Estado en el desarrollo económico y social, o las propuestas fiscales de Thomas Piketty a partir de su estudio de la evolución del capital y la riqueza en el largo plazo y sus efectos en los comportamientos electorales. Todos ellos van en la línea de considerar al mercado como el causante del aumento de la desigualdad que ha tenido lugar en los últimos 30 años y el riesgo de descomposición de los equilibrios básicos de las sociedades avanzadas. De ahí la desconfianza hacia el mercado en determinados países y en determinadas clases sociales (y no necesariamente solo las más desfavorecidas). No es inusual en la historia que el análisis crítico de la sociedad provenga de integrantes de las clases mejor situadas. Bienvenidos sean. Una parte de la discusión radica en cómo corregir la desigualdad sin cuestionar la economía de mercado, es decir, en qué medida es posible desmantelar una versión extrema de los mercados y recuperar ciertas dosis de equidad mediante diversas políticas públicas (y entre otras la de recuperar la progresividad de los impuestos). Esta economía crítica tiene en común la necesidad de pensar y lanzar nuevas ideas que permitan crear lo que el grupo de economistas de Harvard y Berckeley (liderados por Rodrik) han bautizado recientemente como “Economics for Inclusive Prosperity”. Es decir, una economía que sirva al bien común, conjugando eficiencia económica y justicia social. Han elaborado un manifiesto que tiene poco de panfleto y mucho a guía de investigación. Su lectura es muy recomendable para entusiastas y escépticos. Inmediatamente de haber visto la luz (en enero de este año) ha encontrado muy pronto la polémica, sus defensores y detractores. Porque, nos preocupe más o menos la desigualdad o la pobreza, el problema, en cualquier caso, sigue estando en la respuesta política que se les quiera dar. Y este no es otro que el tan viejo como actual dilema sobre la distribución de las ganancias del crecimiento económico. A los historiadores nos corresponde recordar que, en perspectiva de largo plazo, esa fiscalidad redistributiva en sentido de equidad es un fenómeno que solo ha tenido lugar en un período de tiempo muy corto y en un grupo reducido de países que lo ensayaron de manera integral. Grosso modo, el Estado del bienestar ha estado vigente, a distintas velocidades y ritmos, durante los últimos 70 años (1950-presente), habiendo logrado resistir la puesta en cuestión de su naturaleza y su misma viabilidad a cargo del liberalismo económico desde hace ya 4 décadas (las crisis del petróleo). El pacto de la postguerra mundial significó una política social que garantizaba un mínimo de cohesión social y un cierto grado de igualdad. Ese modelo fue sobre todo el resultado del desastre social de la Gran Depresión y de dos guerras mundiales, sin dejar de lado el siglo y medio de luchas sociales frente a los llamados fallos del mercado, es decir, del capitalismo o la libre empresa. Esta excepcionalidad, además, se caracterizó por hacer compatible altas tasas de crecimiento económico y sociedades más equilibradas. Hoy, como ayer, el foco vuelve a estar del lado de las instituciones, es decir, sobre las políticas económicas concretas que debemos, o no, aplicar para corregir la pobreza y la desigualdad. Mientras tanto la democracia estará en riesgo. Joseba de la Torre Campo Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la UPNA

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Economía para una prosperidad inclusiva

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