Diario de Navarra

El pasado 22 de marzo, el Consejo General del Poder Judicial publicó las estadísticas de 2018 de los juicios por corrupción en España. En tal año, en Navarra no se vio para sentencia ningún juicio por corrupción y tampoco se instruyó o investigó ningún caso. (Fuente: Repositorio de datos sobre procesos de corrupción del CGPJ. Página web). Ni en 2017, ni en 2016, ni en 2015, años sobre los que existen datos sistematizados. En realidad, los casos más recordados en Navarra sucedieron hace más de 15 años. Alguien podría pensar que la causa podría ser la ineficacia en la persecución de tales conductas o la connivencia de los poderes públicos. Los datos lo desmienten: la ausencia de procesos de corrupción en Navarra se debe, -una vez más-, a que nuestra Comunidad está en los puestos de cabeza de España en aspectos positivos, ya que en 2018 los jueces españoles concluyeron un total de 48 procedimientos por delitos considerados como corrupción, y en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 205 personas. Esa es una muestra del compromiso de la Justicia y los distintos poderes en la lucha contra la corrupción, juzgando y sentenciando - e incluso siendo el detonante de la caída del gobierno anterior-; casos protagonizados por políticos de todo el arco parlamentario (Gurtel -PP- ;ERES -PSOE-; ITV Catalanas -CIU-; Caso De Migue, -PNV-…), e incluso la familia Real (Caso Urdangarín). Ningún ámbito del poder se ha librado de ser investigado a fondo cuando ha habido indicios. El sistema funciona y depura responsabilidades, aunque la verdad jurídica suela estar por debajo de las expectativas generadas en los juicios previos de opinión pública y medios de comunicación. Resultado lógico en un estado de derecho. Para esta lucha resulta imprescindible una ética individual y colectiva de rechazo cívico a tales conductas que se ha venido construyendo, más lentamente de lo deseado eso sí, y la existencia de mecanismos eficaces tanto preventivos como represivos de posibles desviaciones. Entre estos, el papel principal, por su poder coercitivo y capacidad técnica, es el de jueces y tribunales con el concurso de la Fiscalía, que dispone de una unidad especializada, -la Fiscalía anticorrupción-, con cerca de una treintena de fiscales dedicados sólo a este objetivo. Resultan claves también cuerpos administrativos como los de secretarios municipales e interventores, y muchos más funcionarios garantes de la legalidad, así como otras fórmulas de control jurídico y económico, tanto previo como posterior. Entre ellos destaca la labor de los distintos Tribunales de Cuentas, -en Navarra la Cámara de Comptos-. Por si no fuera suficiente, hace menos de un año, el Gobierno Foral anunció los resultados de una Unidad creada específicamente para “levantar las alfombras” de anteriores ejecutivos: tras dos años y medio de investigaciones, y según el propio Gobierno, “no había encontrado irregularidades”. Así pues, ni jueces ni fiscales, ni los “investigadores” del Gobierno Foral, ni denuncias de terceros han encontrado indicios de caso alguno, que enjuiciar o investigar en los últimos cuatro años. A pesar de ello, las fuerzas del “cambio”, aprobaron crear una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la que, en fechas pasadas, hemos asistido a la falta de acuerdo político para nombrar a su responsable. En consecuencia, no entrará en funcionamiento en el corto plazo. Probablemente, a la vista de los datos, no notaremos su ausencia. Entonces, ¿para qué su creación?, ¿cui prodest? Parecería servir a la intención de hacer visible un problema donde no lo hay, alimentando el relato del “sistema político corrupto”: “si se ha creado el órgano, es que debe ser necesario…”; aprovechando, que no resulta fácil oponerse al mismo, porque parecería que no se quiere perseguir la corrupción. Argumento este que decae ante la contundencia de los datos, la ética de no crear un problema donde no lo hay, y la exigible defensa de la eficiencia de los recursos públicos Su efectiva puesta en marcha supondría hacer crecer, innecesariamente, la administración que pagamos todos; el tipo de actuación que distancia a parte de la sociedad tanto de los políticos, como -por “rebote”- de la función pública. Así pues, bienvenido sea este parón en su desarrollo. Que sirva para la reflexión sobre su utilidad real; y mientras, quienes tienen los mayores medios de investigación y la potestad de imponer los castigos más severos, -fiscales, poder judicial y resto de instituciones independientes-, que continúen su labor intachable y decidida; a ser posible, con la buena noticia de no encontrar caso alguno, porque siga sin haber conductas irregulares. Como estos últimos años. F. Javier Morrás Iturmendi. Ex Consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra.

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La oficina anticorrupción y los cero casos detectados

Ni jueces ni fiscales, ni los “investigadores” del Gobierno foral, ni denuncias de terceros han encontrado indicios de caso alguno

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