Diario de Navarra

Recientemente, un Juzgado de Aoiz archivó la causa que había sido incoada por la denuncia presentada por un vecino de Cáseda “por un presunto delito de omisión de socorro del 112”. Los hechos sucedieron el 18 de septiembre de 2018, cuando ese vecino fue testigo de una pelea que acabó con la vida de tres personas y llamó al 112. Tal y como contaba a este periódico (19.09.2018): “Estaba hablando con él cuando se han producido los tres disparos. La del 112 tuvo que oírlos en directo”. Según su versión: “la operadora “rehusó alertar a la Benemérita … cuando la casa cuartel está a un centenar de metros del lugar”. Y, por eso, presentó la denuncia. El auto del juez es impecable: la actuación desarrollada por SOS Navarra “se ajustó a los protocolos, disposiciones, normativas e instrucciones proporcionadas por la consejería vigentes en el momento de los hechos” (DDN 27.02.2018), por lo que procede su archivo. Otra cosa distinta es si ese Protocolo, que fue aprobado por el Departamento de Interior que dirigía el consejero socialista Roberto Jiménez, en el primer semestre de 2012, es correcto o no. El hecho es que fue elaborado de forma unilateral, sin contar con el resto de policías, y que con él se puso en marcha un Sistema de Gestión de Incidentes en Materia de Seguridad 112, que modificaba el modelo de coordinación policial existente hasta entonces y era contrario a lo que se había pactado con el Ministerio del Interior en una Junta de Seguridad el 18 de octubre de 2011. Con ese nuevo Protocolo, el Gobierno de Navarra se apropió del 112, como si este fuera un teléfono autonómico, cuando en realidad es el número único de asistencia a la ciudadanía ante cualquier emergencia en la Unión Europea y, por tanto, a través de él se deben gestionar todas las incidencias/emergencias de protección civil. A partir de ese Protocolo, el 112 deriva todos los incidentes al Centro de Mando y Coordinación de Policía Foral, o a la Policía Local, y solamente cuenta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) en aquellos casos en los que no dispone de suficientes efectivos para atender el incidente. Por lo que no tiene en cuenta ni la cercanía ni la especialidad de las fuerzas disponibles. Fruto del azar o, quien sabe, de la voluntad de Dios, hasta la fecha no se ha producido una grave desgracia por esta disfunción, pero no parece razonable tentar a la suerte, puesto que han sido varios los episodios donde se podría haber dado. Pues, en cuestiones de emergencias y de seguridad/sanidad, el tiempo es oro. Para ahondar más en ese error, el Gobierno de Navarra acaba de aprobar el D.F. 18/2019, de 6 de marzo, que regula el Centro de Emergencias 112 SOS Navarra. Con él, por vía de derecho, se reconoce la apropiación de dicho número como el teléfono de referencia de Policía Foral y con él se demuestra que el objetivo del Gobierno de Navarra no es que la atención al ciudadano sea óptima, temprana, eficaz y eficiente, sino primar el empleo de sus recursos propios, que se traduce en un servicio deficiente al ciudadano. Y en que ese servicio es deficiente coinciden los sindicatos policiales (DDN 19.09.18); el Delegado del Gobierno (DDN 21.09.2018): “en numerosos casos la atención al ciudadano se demora sin necesidad, con una pérdida de tiempo”; la mayoría del Parlamento de Navarra (10.10.18): “desde distintos prismas, casi todos los grupos coincidieron en que hay un problema de coordinación que hay que solucionar”, y el coronel de la Guardia Civil (DDN 13.10.18): el empleo de los recursos policiales existentes en Navarra es “ostensiblemente mejorable”. Por eso, ante tanta unanimidad, hay que adoptar medidas inmediatamente, y la solución parece que está en algo tan sencillo como lo que, en esa Junta de Seguridad de 2011, a la que antes me he referido, acordaron por unanimidad los gobiernos de España y de Navarra: el geoposicionamiento compartido de todos los recursos policiales de Navarra en un mismo monitor, compartiendo a su vez los tres cuerpos policiales, en tiempo real, las incidencias atendidas en el 112. Porque, conociendo todos los recursos policiales, se podrá asegurar una actuación al ciudadano por aquel que esté más cercano a él, según criterios de proximidad y especialización. La anterior delegada del Gobierno contaba en estas páginas en el momento de su cese (24.06.2018) que el geoposicionamiento fue implementado por el Ministerio del Interior a comienzos de 2018 y que ella así se lo comunicó a la consejera Beaumont en una carta de 22.01.2018 en la que le decía que Navarra lo podía instalar a coste cero. Desde entonces el Gobierno de Navarra nada ha hecho, porque prefiere una atención lenta y tardía a cierto color de uniforme atendiendo, y eso es algo que los navarros no podemos consentir, porque lo que está en juego es nuestra vida y nuestra seguridad y, ante eso, hay que dejar a un lado la política y hay que coordinar con eficiencia todos los cuerpos policiales para que se nos dé la mejor atención en esos momentos tan cruciales. José Ignacio Palacios Zuasti. Exconsejero del Gobierno de Navarra.

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112. ¿Hasta cuándo una coordinación policial deficiente?

Opinión de José Ignacio Palacios Zuasti, exconsejero del Gobierno de Navarra

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