Diario de Navarra

La valoración que desde la óptica de ANECOP hacemos de la legislatura que acaba respecto de la inversión en dotaciones e infraestructuras no puede ser positiva. La licitación de las instituciones Navarras, Autonómica y Locales ha sido, según datos de SEOPAN de 74, 157 y 323 millones de euros en los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente, lo que nos sitúa, de media, en las mismas cifras de inversión que en los primeros años 90, algo que no parece acorde al desarrollo del que ha disfrutado nuestra comunidad desde aquellos años. Respecto del proyecto del Tren de Altas Prestaciones, el Gobierno de Navarra ha simultaneado el calificativo de “estratégico” con una gestión de negociaciones que derivó finalmente en la decisión del Ministerio de licitar directamente las obras, lo que automáticamente expulsó a las Empresas Navarras de la categoría de “Socio Preferente” en la constitución de UTES licitadoras para transformarlas a lo sumo en subcontratistas. En cuanto al Canal de Navarra, estudios y análisis han conseguido que haya transcurrido la legislatura sin avance práctico en el desarrollo del mismo. Y respecto de la ampliación de la 1ª Fase de la Zona Regable, adjudicada ya al iniciarse la legislatura, problemas de desarrollo del proyecto están ralentizando su avance, con los costes de todo tipo que esa ralentización genera. En las inversiones de competencia Autonómica y/o Local el análisis no es más optimista. Nuestra red de carreteras está valorada en 4.500 millones de €, lo que exige según el estándar técnico generalmente aceptado, al menos 90 millones de €/año (2%) para su conservación sin pérdida de valor patrimonial. La inversión total realizada en el trienio 2016-2018 no supera los 90 millones incluyendo la adecuación de los Túneles de Belate que propiamente no es conservación. No hace falta añadir más. Las dotaciones públicas e infraestructuras locales han tenido más recursos disponibles. Colegios, Centros de Salud, VPO de promoción pública, y adecuación de las zonas urbanas han acaparado la inversión en 2017 y sobre todo en 2018, animado por el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles. Este ligero repunte de la licitación después de una década de abandono de la inversión, con multitud de empresas de todos los tamaños desaparecidos y una pérdida de empleo en el sector de 16.000 ocupados, ha encontrado a las empresas sin la elasticidad necesaria para absorber con rapidez incrementos de actividad importantes, además de la dificultad añadida de la falta de mano de obra cualificada y de los nuevos cambios introducidos en la legislación de contratos respecto de las exigencias de responsabilidad social que, aun completamente compartidos en cuanto a su necesidad y conveniencia, son a veces incompatibles con el cumplimiento de plazos imposibles y precios irreales. Por ello quiero en este punto llamar la atención sobre el documento presentado recientemente sobre “Necesidades de inversión en dotaciones e infraestructuras. Horizonte 2030”, en el que los Colegios Profesionales de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, de Arquitectos Vasco Navarro y de Economistas, después de hacer un diagnóstico sobre el estado actual de nuestras dotaciones e infraestructuras, realizan una proyección de las necesidades de inversión pública que tiene nuestra comunidad. La carencia de inversión en la última década está comprometiendo nuestra competitividad y nos coloca en el puesto de 163 de las 263 regiones analizadas en el “Índice de Competitividad de las Regiones de la Unión Europea 2016”. No invertir en dotaciones e infraestructuras afecta negativamente a la cohesión territorial, al bienestar del ciudadano y al futuro desarrollo de nuestra comunidad, por eso es necesario retomar el impulso inversor que nos permita resituar a Navarra entre las regiones más avanzadas de Europa y garantizar a los ciudadanos sus derechos de movilidad, accesibilidad y disponibilidad de otros servicios públicos. Es imprescindible retomar las políticas de inversión. Eso exige un compromiso político y social de configurar un marco estable de inversión en dotaciones e infraestructuras para la próxima década, alcanzando la primera aproximación a la evaluación de las necesidades los 6.500 millones de euros hasta 2030, es decir 600 millones de euros-año. El efecto inmediato de acometer esta imprescindible actuación inversora, generará entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo y retornos fiscales iniciales del orden del 40 % de la inversión. El estudio no tiene otra pretensión que la de servir de herramienta para propiciar un debate político y social sobre las necesidades de inversión de nuestra comunidad, buscando un consenso de los partidos políticos con un horizonte que supere la legislatura, en una línea de trabajo transversal porque afecta y tiene efectos positivos inmediatos en múltiples sectores sociales y económicos y facilita la prestación de derechos sociales básicos como salud, educación, suministros energéticos y de agua, depuración, cuidado del medio ambiente… y la asunción de nuevos derechos ciudadanos como la movilidad. Este marco estable consensuado permitiría a la Industria de la Construcción dimensionarse adecuadamente, proporcionando empleo estable y de calidad, formado y actualizado, y a las empresas desarrollar una estrategia continua de innovación y mejora, que favorezca nuevas inversiones y desarrollos, facilitando la industrialización de los procesos para reducir costes y mejorar la calidad e incorporando mejor tecnología y diseños más sostenibles y eficientes energéticamente. Es por eso que desde aquí, planteamos la necesidad abrir un debate político y social en busca de un consenso que resuelva las necesidades de inversión en la próxima década. Que hacer, cómo hacerlo y cómo financiarlo. Estoy seguro de que nuestros políticos van a asumir el reto de abordar el debate. Y de encontrar el consenso. Que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Patxi Sagardoy es presidente de ANECOP (empresas de obras públicas)

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Una carencia de inversión que nos compromete

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