Diario de Navarra

Que la crisis económica sufrida a nivel nacional e internacional afectó también a Navarra es un hecho de dominio público. Por fortuna, la Comunidad foral pudo encarar la crisis en mejores condiciones que otras regiones: partía de una cifra de renta per cápita excelente, de una menor desigualdad social, según el índice de Gini, y de la tasa de paro más baja del país. El tejido industrial atenuó sobremanera la caída del empleo y, todavía hoy, nuestra comunidad sigue ostentando la menor tasa de desempleo de España. Aun así, cuando el cuatripartito accedió al Gobierno divulgó informaciones como que la regresión de Navarra en niveles de bienestar había sido drástica y que, para remediarla, era necesario un rescate ciudadano. Al mismo tiempo, acusaba al Gobierno predecesor de haber primado el abaratamiento de costes en detrimento de la calidad de los servicios sociales. Todos estamos de acuerdo en que queremos una región más rica, más justa y más equitativa en beneficio de todos sus ciudadanos. A la hora de perseguir esa finalidad, las diferencias sustanciales residen, por un lado, en el diagnóstico de la situación de partida -desde luego, el de Institución Futuro se halla muy alejado de la visión apocalíptica del Gobierno- y, por otro, en las políticas que conviene emplear para conseguir dichos objetivos. El actual ejecutivo ha aumentado la inversión en el departamento de Derechos Sociales en 221 millones de euros en tres años. Sin embargo, la disponibilidad de más recursos no ha permitido avanzar en el cumplimiento de los objetivos específicos de esta área. Veamos algunos ejemplos. El informe DEC de Desarrollo de los Servicios Sociales, publicado anualmente por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales -un referente en la materia-, indica que en 2017 Navarra ocupaba el tercer lugar a nivel nacional, por detrás de País Vasco y Castilla y León. Tras este dato, de entrada positivo, subyace un motivo de preocupación: la Comunidad foral ha empeorado de manera notable en el apartado de cobertura a pesar de haber elevado la dotación presupuestaria más que cualquier otra y ampliado el marco legal y político. Además, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) ha sufrido un ligero aumento al pasar del 13% en 2015 al 13,5% en 2017. El número de personas en hogares de baja intensidad de trabajo (en los que las personas mayores de 18 años han trabajado menos del 20% de su potencial de trabajo en el último año) ha aumentado en más de 5.000 entre 2015 y 2017. Pero eso no es todo: si en 2015 se dedicaban 92,98 euros a mejorar la intermediación para la búsqueda de empleo por cada 100 euros que se destinaban a la renta garantizada o equivalente, en 2017 esa cifra bajó hasta los 51,75 euros. En resumen: se han dedicado muchos menos recursos a mejorar la empleabilidad de los navarros, una política que hubiera mirado al medio y largo plazo, y, por el contrario, se ha invertido más en la ayuda puramente asistencial, sin duda necesaria en no pocos casos, pero que resuelve un problema a corto plazo. Dicha ayuda asistencial se ha traducido en el aumento de recursos para la renta garantizada, que fue en el trienio 2016-2018 de más de 186 millones de euros respecto a 2015. A esta ayuda, enfocada a paliar los problemas de desigualdad y pobreza, le han puesto algunas objeciones varios agentes sociales, entre los más visibles el sindicado UAGN, que afirmó en octubre pasado que las políticas subsidiarias del Gobierno de Navarra representaban un freno para la contratación de trabajadores para las campañas agrarias. Por su parte, CEAT Navarra, la asociación intersectorial de autónomos adscrita a la Confederación de Empresarios de Navarra, también se sumó a esas críticas de posibles fraudes en el cobro de la renta garantizada. Parece, pues, razonable pensar que una forma eficiente de atajar el problema de la desigualdad no puede descansar solo en el pago de una renta, sino que precisa también de una inversión en políticas potenciadoras de la empleabilidad y del acceso al trabajo para dotar a las personas de verdadera autonomía económica. Pero a fecha de hoy Navarra continúa sin disponer de un plan de empleo y la fiscalidad de la Comunidad foral no resulta atractiva para que empresas de otras regiones se establezcan en nuestro territorio ni para retener a las ya instaladas. Por desgracia, este Gobierno parece no haber asumido el axioma que la mejor política social es la que crea puestos de trabajo. No resulta fácil equilibrar el enfoque de corto y largo plazo, el de lo urgente y lo importante -menos aún en una materia tan delicada como la de derechos sociales- pero es imperativo hacerlo para poder garantizar que la sociedad navarra sea más equitativa y próspera. Lo contrario supondrá una sociedad más empobrecida, más desigual y más desempleada, dependiente del gobierno de turno. Ana Yerro Vela Directora general del think tank Institución Futuro

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Desigualdades sociales y empleabilidad

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