Diario de Navarra

Riofrío es un lugar geográfico, pero en la literatura jurídica es un observatorio de lo que ocurrió hace unos años en la Audiencia Nacional cuando el exjuez Baltasar Garzón pretendió empitonar entre otros, al ilustre catedrático, abogado y ensayista, hoy director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. No lo consiguió, como es conocido, al haber sido Garzón expulsado de la carrera judicial más tarde, como juez prevaricador. Muñoz Machado escribió un opúsculo titulado “Riofrío”, donde narra las incidencias del proceso. La cafetería Riofrío ya desaparecida en la conocida plaza de Colón en Madrid, parece querer resurgir como centro virtual de redacción de periodistas, ante lo que se presume como el juicio político de la década. Dicho proceso al procés (prussés), tendrá lugar a partir del 12 de febrero con la tarea de enjuiciar si los Puigdemont (en rebeldía), Junquera, Forcadell, Turull, Forn, los Jordis y otros cuantos, hasta diecisiete, incurrieron en delito de rebelión y sedición al proclamar de forma fallida la República catalana. Proclamación, que se hizo por un instante, al margen de cualquier procedimiento constitucionalmente establecido y con el indisimulado propósito de romper amarras (desconexio) con España y con su ordenamiento jurídico de un plumazo. Golpe legal, por tanto, al querer sustituir un ordenamiento, el constitucional, por otro, el derivado de la soberanía del parlamento autonómico sin solución de continuidad y sin más legitimidad que la derivada de un ilegal referéndum trucado (1-O). Así se escribe la historia. El 1-O fue la fosa donde cavó su sepultura política el presidente Rajoy y con él, la delegada para la cuestión catalana, la vicetodo Soraya Saenz de Santamaría. La gestión administrativa del Gobierno tan alabada por muchos al haber sabido resolver la gran crisis económica de 2008 al 2015, no sirvió para resolver la grave cuestión política de la época, la secesión catalana, fruto de la deslealtad de las autoridades catalanas frente al Estado y al conjunto de los españoles. De aquellos polvos vienen los lodos actuales. Del desenvolvimiento del procés, una suerte de juicio al 23 F/81, casi cuarenta años después, dependen muchas cosas para la vida política de España como Estado y para los españoles como ciudadanos del mismo. La primera tiene que ver con el desarrollo del juicio ante el Tribunal Supremo con todas las garantías que nuestra Constitución reconoce y para cuyo buen fin todas las cautelas deban ser pocas. El presidente de la Sala Segunda del TS, el respetado magistrado Marchena junto con el resto de miembros del tribunal deben velar por un “proceso justo” y por dictar una sentencia proporcionada y ajustada a los estándares constitucionales españoles y europeos y atenta y respetuosa a los hechos probados. Aquí el Poder Judicial español y con ello toda España se juega su prestigio como Estado democrático ante la comunidad internacional, pues es sabido que los independentistas catalanas han tratado de vender el juicio al procés como la peor manifestación del Estado español como continuación del Estado franquista, inexistente, pero que se utiliza como un maniqueo para justificar la “desafección catalana”, desencadenadora del procés. El juicio tendrá repercusiones en la política nacional por varias razones. En primer lugar porque el Gobierno de Torra y los partidos que lo sustentan trataran de aprovechar el juicio para poner al presidente Sánchez entre la espada y la pared, intentado bien derribarle o debilitarle. En segundo lugar, el juicio se celebrará en pleno proceso electoral con las elecciones europeas, autonómicas y locales en el horizonte lo que debería, a efectos de agenda, ser tenido en cuenta por el Tribunal Supremo para no interferir en la campaña electoral. Una vez más la historia se repite. Pasados más de ochenta años desde que el Tribunal de Garantías de la República juzgase a Lluís Companys y otras veintinueve personas (entre ellos Josep Tarradellas) por los sucesos del 6 de octubre de 1934 y les condenase por sentencia de 6 de junio de 1935 como autores de un delito de rebelión militar a treinta años de reclusión mayor, el Tribunal Supremo juzga en 2019 por delitos de rebelión y sedición a los líderes independentistas catalanes, aunque el expresident y responsable Puigdemont siga ausente en rebeldía. Deberíamos tratar de no reproducir los mismos errores y tras la sentencia recomponer las costuras de nuestro Estado y mirar hacia adelante con mano firme y generosidad tendida… Manuel Pulido Quecedo Doctor en Derecho Constitucional

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