Diario de Navarra

El conflicto del taxi está creando mucho ruido mediático, además de por la inaceptable actitud de algunos taxistas que ante una reivindicación justa hacen uso de medios injustos ‒y que desde Teletaxi San Fermín condenan, por las declaraciones de algunos líderes políticos que lanzan discursos inciertos en contra del sector -no sé si por desconocimiento o intencionadamente con el ánimo de obtener un rédito electoral‒. Aquí en Navarra, aunque las aguas están calmadas, es imposible abstraerse del rumor y los medios locales copan sus páginas con noticias y editoriales. Las redes sociales también ejercen de altavoz a las diatribas que, por desgracia, proliferan sin ningún tipo de argumento racional o jurídico. El sector mira con preocupación lo que está ocurriendo, ya que se ha creado una corriente crítica que mira con recelo al taxi y que no entiende sus reivindicaciones. Asumimos nuestra parte de culpa en los errores cometidos y el no haber sabido trasladar a la ciudadanía el correcto enfoque del problema. Por eso, como abogado de la Asociación Teletaxi San Fermín, me gustaría explicar el grueso de las exigencias de los taxistas, que se fundamenta en la ley. La autorización VTC y la VT (la del taxi) trabajan en sus respectivos ámbitos bajo un marco jurídico concreto. De hecho, nunca ha habido un conflicto con las VTC tradicionales porque cada uno conoce sus obligaciones, insisto, marcadas por ley. Con la aparición de las plataformas digitales se rompe la principal regla diferenciadora: el taxi puede prestar sus servicios “en la calle” al ser eminentemente urbano y debe hacerlo siempre, ya que está obligado a prestar todos los servicios y en todo momento; mientras que la VTC, solo previa contratación puede hacerlo y, una vez realizado el servicio, no puede quedarse estacionado o circulando en la vía publica captando clientes. El apartado 1 del artículo 182 del ROTT (Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres) así lo establece: “Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientes ni propiciar la captación de viajeros que no hubiesen contratado previamente el servicio permaneciendo estacionados a tal efecto”. Cualquiera que haya viajado a Madrid en los últimos años sabe que los coches de Uber y Cabify circulan y estacionan por la capital en busca de clientes como si fueran un taxi más. De ahí que los taxistas se quejen de intrusismo. La policía ya multa a esos vehículos que se encuentran en doble fila a la espera de un servicio, pero es imposible controlar a todas las VTC que pululan por la capital. Es tan fácil como excusarse diciendo que ha finalizado un servicio y está tomando un café, cuando en realidad se está vulnerando claramente este artículo. Por eso, el sector lucha para que haya un tiempo estimado de precontratación, con el objetivo de “obligar” de alguna forma a que las VTC no incumplan este precepto. Aunque esta es una de las muchas diferencias, para mí hay otra fundamental, de la que se hace eco la reciente sentencia nº 921/2018 del Tribunal Supremo, de 4 de junio, y es el carácter de servicio público del taxi: “Está concebido en la actualidad como una modalidad de transporte urbano mediante vehículos de turismo que constituye un servicio de interés público y respecto al que las administraciones responsables tratan de garantizar unos determinados niveles de calidad, seguridad y accesibilidad. En consecuencia, está sometido a una intensa regulación destinada a asegurar dichas características […] Y por tanto su aseguramiento puede considerarse una razón imperiosa de interés general”. La organización del taxi parte de la base de que la movilidad es un bien jurídico a proteger que ha de fomentarse, prestado por particulares bajo el amparo y control de la Administración. Para ello, el sistema establece una serie de principios ‒que los diferencian de las VTC‒ y que son, principalmente, la obligación de prestar todos los servicios y el establecimiento de un precio fijado por el ente gestor que no varía con la oferta y la demanda. Estas limitaciones no son exigidas a las VTC, que no tienen la obligación de prestar un servicio que no les interese ni a un precio determinado. Por tanto, puede negarse a realizar una carrera deficitaria y, si la hace, aumentará su precio para que resulte rentable. La irrupción masiva de las nuevas VTC al mismo mercado de clientes quiebra el servicio público del taxi, poniendo en peligro la movilidad de los ciudadanos, en especial de los más necesitados. Lo que ocurrirá es que tales prestadores realizarán en exclusiva los servicios de máxima rentabilidad, dejando al taxi, que está obligado a prestar todos y en todo momento, los no rentables ‒servicios de corta distancia, así como los prestados a personas con movilidad reducida‒. Con una pirámide poblacional invertida, un número creciente de personas precisan cada vez más el uso de un transporte público, que satisfaga sus necesidades a un precio fijo y, sobre todo, que sea prestado siempre y en todos los casos. También esos servicios “de cercanía”, de casa a centros de salud del que tanto uso hacen nuestros mayores y que son tan habituales en Pamplona y comarca, como en el resto de Navarra. Los representantes del sector en Navarra trabajan codo con codo con las VTC tradicionales y con la Administración en busca de una solución que satisfaga a todas las partes. Saben que todavía no han llegado las plataformas disruptivas y quieren legislar cuanto antes para no verse en una situación de desamparo. Porque los primeros perjudicados serán ellos, pero luego, recuerden, seremos nosotros, toda la sociedad y, en especial, la más necesitada de movilidad. Jon Iturriaga. Abogado de la Asociación Teletaxi San Fermín

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El taxi: un servicio público amparado por la ley

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