Diario de Navarra

El debate sobre la reforma de la universidad está por hacer más allá de cuestiones puntuales que surgen con frecuencia y generan mucho ruido en la prensa del país. El sistema de financiación de la universidad pública necesita cambiar. El modelo que tenemos resulta poco eficiente para mejorar la docencia y es socialmente injusto. El sistema se fundamenta en una subvención pública que cubre entre el 80 y 85 por ciento del coste de la enseñanza y un pago mediante matrículas de los estudiantes, que aporta el resto. Cada alumno, con independencia de su nivel de renta, de su rendimiento académico, y de sus expectativas de desarrollo profesional, recibe un subsidio anual sustancial de todos los contribuyentes. Esta forma de financiar la educación es regresiva. La educación universitaria beneficia sobre todo a las personas que la realizan. Pensemos en una persona que estudia derecho y saca después de obtener su licenciatura, las oposiciones de registrador de la propiedad, juez o fiscal . O el estudiante de administración de empresas que trabaja en una consultora de reconocido prestigio. La formación superior mejora la capacitación personal y profesional del que la cursa. En un estudio de la Fundación del BBVA/IVIE (Esenciales, nº 28, 2018) se reconoce que el nivel de estudios alcanzado por las personas condiciona el salario de los ocupados. A los 55 años, el sueldo medio de un titulado superior multiplica por dos, el de una persona que sólo cuenta con formación secundaria obligatoria. Es verdad, que de la enseñanza universitaria también se beneficia la sociedad al tener una ciudadanía más preparada y culta pero en menor medida. Ello justifica que la financiación se realice mediante impuestos y matriculas, pero debería ser en la proporción opuesta a la que se plantea actualmente. Pero además de regresivo, el actual sistema de financiación es ineficiente. No genera buenos incentivos al desempeño ni para los estudiantes, ni para los profesores. Para los primeros, porque unos precios de acceso reducidos no fomentan un estudiante responsable y exigente que reconoce el esfuerzo a desarrollar y que sabe que compromete unos recursos notables que tiene que recuperar con dedicación y competencia. Este modelo tampoco incentiva una institución comprometida con la mejora de la calidad de la formación que ofrece. Si la financiación que recibe la universidad, no depende del valor de sus títulos, sino de un proceso de negociación política entre los poderes públicos, lo que hay que conseguir es negociar bien con la administración. Vale más la habilidad, la sintonía política y la capacidad negociadora de las autoridades académicas que la calidad de los títulos. Por ello los profesores no tienen un gran estímulo para hacer una docencia de excelencia, sólo queda el recurso a su responsabilidad individual. El limitado coste de las matriculas no incentiva un comportamiento exigente por parte del ciudadano que demanda y recibe la educación superior, ni por parte de la institución que la ofrece. Por ello es necesario reformar el modelo de financiación de la universidad aunque genere resistencias notables. Hay para mejorar las reglas de funcionamiento y los incentivos de los protagonistas docentes. La propuesta consistiría en aumentar el presupuesto público de la educación superior pero distribuyéndolo de forma distinta a como se agrupa ahora. Habría que aumentar la proporción que se destina a becas y ayudas a estudiantes de bajos niveles de ingresos y disminuir la subvención pública directa a las instituciones académicas y en paralelo, incrementar moderadamente y en un espacio de tiempo largo, las aportaciones individuales que realizan los estudiantes. Resultaría más progresivo y eficiente, que los estudiantes universitarios contribuyeran de forma discriminada, atendiendo a sus niveles de renta familiar y aprovechamiento, al actual coste de su formación académica. Segundo, porque el acceso de los que se lo merecen por sus méritos no debe estar limitado por la capacidad económica de la familia, el nuevo sistema debería ir acompañado de un aumento sustancial de las becas. Tercero, se debería reconocer una mayor diferencia en el precio de las matriculas de la formación más general (los grados) y aquella a la que se le reconoce un mayor valor profesional (los masters, postgrados y estudios propios). El debate sobre cómo financiamos la enseñanza superior trasciende la discusión sobre si la universidad debe recibir más o menos recursos y se debe orientar a reflexionar sobre cómo conseguimos generar los incentivos precisos para que los estudiantes, los profesores y la sociedad comprometan su conducta hacia la mejora de la educación universitaria. Emilio Huerta. Catedrático de Organización de Empresas (UPNA)

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Reforma de la Universidad: A vueltas con la financiación

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