Diario de Navarra

Aunque en principio el término “anticonstitucional” se refiere a lo que va en contra de lo establecido en la Constitución, tengo que reconocer que en este ir y venir de acusaciones entre constitucionalistas y anticonstitucionalistas no acabo de ver con claridad la utilización de estos términos. Está claro por ejemplo cuales son los símbolos constitucionales y cuales no lo son, pero no está tan claro el significado cuando se dice de un partido que es anticonstitucional. Me parece que un partido no puede pretender que se aprueben leyes contrarias a la Constitución, pero si puede proponer cambios constitucionales que permitan aprobar esas leyes. Proponer modificaciones no te convierte en anticonstitucional, es anticonstitucional saltarse la Constitución para realizar esas modificaciones. Además de respetar las propias reglas que la Constitución establece para modificarse, las propuestas deben respetar otra condición que está por encima de la propia Constitución desde que en 1948 los países miembros de Naciones Unidas aceptaron como norma para todos los pueblos y naciones los Derechos Humanos. Por lo cual, no es un problema que se propongan modificaciones dentro del marco legal, sino que se propongan modificaciones que no acepten el marco legal, incluido el internacional. Es verdad que los Derechos Humanos son un ideal -hacia el que hemos aceptado ir caminando- y es verdad que no está definido de forma concreta cuál debe ser la aportación de cada Estado en el cumplimiento de estos derechos, pero también es verdad que no podemos establecer leyes que impidan su aplicación y que dejen de considerar a estos derechos como propios de todos los “humanos” y los reduzcan exclusivamente a derechos de una nacionalidad, de los hablantes de una lengua o de los creyentes de una religión. Negar su universalidad es negar la base que nosotros mismos hemos establecido y sobre la que sustentamos nuestros sistemas democráticos. Vox ha llegado, entre otras cosas, queriendo poner palos en las ruedas de la aplicación de estos derechos. Una cosa es que defienda cambios constitucionales -buenos o malos, posibles o no- como acabar con el Estado de las Autonomías y otra que proponga reformas legales que castiguen de forma diferente a una persona con padres españoles que a otra que reside legalmente en España pero no es originario de nuestro país. Junto a ésta, otras propuestas como aumentar la tributación para adquirir la nacionalidad española, modificar el sistema de deportación o dificultar el acceso a la sanidad. Propuestas que se justifican con una contaminación de afirmaciones que no responden a la realidad. Porque las denuncias falsas no son una avalancha sino apenas el 0’01%, no se ocultan datos sobre las agresiones sufridas por hombres -o estos datos los oculta tanto el Consejo General del Poder Judicial como todos los partidos de derecha a izquierda- o el colapso sanitario no se debe a los emigrantes -bulo que desmienten los datos-. Si el aumento del apoyo a estas propuestas ya es preocupante, la contaminación ideológica que puede extenderse a los partidos conservadores que más o menos se han movido en el centro derecha y que desde luego no habían llegado a estas propuestas propias de la ultraderecha lo es todavía más. Los partidos tendrán que hacer encaje de bolillos si quieren gobernar sin radicalizarse o caerán en el precio que Vox ponga a su apoyo. Contaminación que también se extiende al lenguaje. Los que hemos vivido más de cerca el disfraz de que una banda terrorista sea un grupo independentista o que un atentado sea una acción de lucha, no podemos ahora caer en la misma trampa y llamar sólo derecha a lo que en realidad es ultraderecha al estilo de Le Pen, Orban o Salvini. José M. Marco Ojer es profesor de Filosofía

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Vox y la contaminación

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