Diario de Navarra

El 29 de octubre pasado la Vicepresidenta Dña. Carmen Calvo visitó al Secretario del Estado Vaticano, D. Pietro Parolín, para tratar una serie de asuntos que les conciernen a ambos. Recordemos que el español es un Estado democrático y de derecho mientras que el vaticano es de derecho pero no democrático según consta en su propia “Constitución”, en la que todo el poder está centrado en su máxima autoridad, el Papa (Art. 1º de la ley sobre el gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano). Al margen de la diferente interpretación dada por ambas partes al asunto de la inhumación del cadáver de Franco, es en sí misma muy problemática la relación entre los Estados con una tradición católica y el Estado Vaticano. Para encauzarla surgió la laicidad. La constitución española de 1978 es un marco legal que asume los valores fundamentales (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político) y los procedimientos propios de todo Estado de derecho como es preceptivo en todas las democracias modernas. Y se autodefine desde el punto de vista político como como una monarquía parlamentaria. Si la soberanía nacional reside en el pueblo español implica que todas las personas que en su momento (y ahora) cumplían con unos requisitos establecidos por los legisladores y que se atenían a los preceptos internacionales de las democracias consolidadas eran ciudadanos y ciudadanas. Es un concepto clave: ciudadanía. No esconde detrás de sí ninguna esencia permanente y constante en las personas sino que es una invitación que parece sensata para que, los que conviven en un territorio, en cualquier territorio, tengan los mismos derechos y deberes. Y, como la experiencia nos dice que entre nosotros suele haber conflictos, pretende ser un método de encuentro antes que una pelea a cara de perro y de posibles malas consecuencias. Y a aquellos que fuimos llamados a las urnas por integrar ese grupo de ciudadanos nos pareció razonable tener una forma política en la que podíamos intervenir a través de nuestros representantes. Pero la cosa tuvo sus problemas porque no se entendió que ser ciudadanos no tenía nada que ver con las diferencias ni con las identidades y en esas estamos (en este caso con el Vaticano). Quizá no lo entendieron ( o no se atrevieron) ni los legisladores que, al mismo tiempo que nos llamaban a votar, planificaban unos convenios internacionales con otro Estado - Ciudad del Vaticano - que presentaba unas “características un tanto peculiares”. Un Estado no solo confesional sino que tenía por presidente ni más ni menos que al representante de Dios en la tierra. O sea un Estado monocolor, apolítico, unido y sin fisuras, opaco por antonomasia, masculino y acostumbrado a ser obedecido. En él no hay ciudadanos sino clérigos y seglares creyentes entregados no a mediar entre ciudadanos corrientes sino a organizar y servir a la causa que avisa de lo que nos va a pasar cuando ya no nos pueda pasar nada. Es la dificultad de optar entre un artificio y una identidad fuerte (como es la religiosa o la nacional). Se puede ser, a la vez, católico y ciudadano, pero en caso de tener que elegir, prima lo católico. Los obispos, sacerdotes y religiosos tienen un código penal diferente del de los simples ciudadanos. Lo que para estos últimos es delito penal, para aquéllos es un pecado sin mayor trascendencia y que se perdona una vez confesado y con un acto de contrición. De ahí que la pederastia ejercida por los religiosos sea una mera cuestión interna de la Iglesia a la que se dedica alguna referencia en términos más o menos fuertes y se desplaza a sus autores a otros lugares sin mayor problema. Nuestro Estado democrático no tiene problema en incluir a una comunidad cuyos miembros son a la vez religiosos y ciudadanos (me parece razonable) pero que, por ser “diferentes” en cuanto sacerdotes, gozan del privilegio de juzgar algunas de sus conductas con otra vara de medir, o sea ser desiguales de sus propios ciudadanos. El poder religioso por encima o, al menos, separado del poder político es lo que se firmó en los tratados internacionales. Y es la prudencia, por no decir el miedo, de la vicepresidenta al defender el acuerdo al que dice haber llegado y que ha sido matizado (es decir, negado) por el Vaticano. Si la democracia busca llegar a equilibrios entre los ciudadanos que tienen diferentes formas de entender las relaciones políticas, laborales y de cualquier otro interés en condiciones de igualdad, no debe dar cabida a esas diferencias identitarias que, por el mero hecho de ser aceptadas como si fueran esencias permanentes y auténticas, dan lugar a desigualdades destruyendo así el acuerdo político entre todos, o sea vulnerando la ciudadanía y, por eso, la democracia. Es lo que observamos desde hace tiempo y que nos hace pensar que para muchas personas la democracia no es más que un bonito fantasma no sometido a una ley común y aprobada por mayoría de esa misma gente. Cuando la ley puede ser incumplida sin riesgo a voluntad de los ciudadanos, la democracia muere. Descanse en paz y hablemos sólo de sacerdotes, navarros, vascos, catalanes, judíos, moros, españoles, etc. Jesús Mª Osés Gorraiz es profesor de Historia del Pensamiento Político de la UPNA

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Democracia e identidades

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