Diario de Navarra

Desde hace unos meses los medios de comunicación están informando sobre diversas irregularidades en la gestión de varios másteres de la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Existen importantes indicios que apuntan a la concesión irregular de títulos de másteres a diversas personalidades. Se trata de una situación que supone un importante descrédito de la universidad y, desde luego, se deben depurar todas las responsabilidades judicialmente. Sin embargo, no me parecen justas algunas generalizaciones que se están realizando sobre el sistema universitario público español que, no nos engañemos, en muchos casos se realizan de manera interesada. La universidad cumple muchas e importantes funciones en la sociedad, pero quiero destacar las dos que considero especialmente relevantes: De un lado, desde la perspectiva de la función docente, las Universidades, sobre todo las públicas, permiten a los ciudadanos el acceso a una formación superior con independencia de su capacidad económica. Esto favorece la igualdad de oportunidades reales y por consiguiente el ascenso social. Además, la formación adquirida revierte en la sociedad a través de profesionales que posibilitan mayor progreso en las diferentes actividades que desarrollan: tanto humanísticas, económicas o técnicas. De suerte que, la sociedad se beneficia de las aportaciones de estos profesionales cualificados, potenciando una riqueza que bien distribuida contribuirá a una sociedad de bienestar social. De otro lado, desde la perspectiva investigadora, las universidades públicas desarrollan líneas de investigación que no atienden exclusivamente los intereses del mercado, sino otros de interés social una rentabilidad social en cuestiones tan importantes como la salud, la protección del medioambiente, gestión eficiente de servicios públicos, etc. Las presuntas irregularidades acaecidas en la Universidad Juan Carlos I tienen muchas explicaciones y responsabilidades subjetivas que los tribunales de justicia deberán depurar. Pero quiero señalar algunos elementos objetivos que son ilustrativos de las dificultades que tiene la universidad y, asimismo, ponen de manifiesto la urgente necesidad de poner los medios necesarios para superarla. Durante los últimos años los recortes de los fondos públicos destinados a las universidades públicas españolas han sido muy importantes. La política de recortes ha reducido la investigación, afectando al personal docente e investigador. Esto ha tenido un doble coste. Desde una perspectiva social, muchas investigaciones en medicina, tecnología, históricas, etc., se han ralentizado y otras se han clausurado. Valiosos investigadores formados en España han tenido que abandonar el país. Asimismo, ante la ausencia de becas predoctorales, muchas vocaciones docentes e investigadoras se han truncado. En cuanto al profesorado, la falta de renovación de plantillas tras las jubilaciones ha mermado la calidad docente e investigadora, pues los profesores de carrera (titulares y catedráticos) no han sido renovados por otros. A pesar de que muchos profesores están acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en figuras contractuales estables o como funcionarios, no se convocan plazas de estas características. Precisamente, la precariedad del profesorado, el hecho de no ser funcionario y, por tanto, de tener garantizada su independencia y libertad de cátedra, ha sido una circunstancia que ha facilitado el presunto abuso de poder en la Universidad Juan Carlos I. Considero que una de las prioridades de los poderes públicos debe ser revertir los recortes en investigación y profesorado para que la universidad pueda servir a toda la colectividad como se merece, esto es, volcando todo su conocimiento en la sociedad, con especial sensibilidad a aquellas materias de gran interés social que el mercado no satisface; e impartiendo una docencia de calidad que permita a todas las personas con valía adquirir una formación superior de excelencia. Toni Magdaleno Alegría es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria y secretario de Universidad del PSN-PSOE

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¿Por qué invertir en la universidad?

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