Diario de Navarra

Octubre es históricamente mes de revoluciones. El 27 de octubre del pasado 2017 estuvo a punto de constituirse como el día de la República catalana. Solo lo fue de manera condicionada y por escaso tiempo. No ondearon las esteladas en el Parc de la ciudadela (Sede del Parlament) ni en la Plaza de Sant Jaume. A Puigdemont le templaron las piernas y al final decidió huir; con permiso o no del CNI, es algo que la Historia aclarará. Tras el transcurso del primer aniversario del 1 de octubre y de los acontecimientos posteriores, que desacreditaron ante la opinión pública nacional e internacional al “prussés” (así se pronuncia en catalán), vino más tarde la aplicación del art. 155 de la Constitución Española (CE) y su entendimiento como mecanismo electoral, lo que a la larga se ha demostrado como un “error histórico”. Rajoy, que quiso nunca activar su aplicación, - lo cual fue justificable en un primer momento-, pecó de prudente. Solo al verse forzado por C´s y gentes de su partido, impulsó el fatal mecanismo pese a las reticencias del PSOE en el Senado, que no quiso intervenir TV3, utilizándose así el art. 155 como sucedáneo electoral (convocar elecciones en seis meses) lo que ha resultado manifiestamente insuficiente. He señalado en varias ocasiones, que después de la aplicación del art. 155 CE, si se hubiese hecho de manera efectiva, era necesario recomponer la vía política al modo en el que Pierre Trudeau (padre del actual “premier” canadiense, Justin Trudeau) se enfrentó a la situación en Quebec tras el referéndum del 49%: inmersión federalista y atención creciente a sus problemas. Así fue como el partido liberal (los federales) recuperaron el poder frente al independentismo, donde lo han ejercido durante más de veinte años. Es cierto, que en los recientes comicios del pasado 1 de octubre, los liberales han perdido las elecciones frente a la “Coalition Avenir Quebec”, al obtener estos últimos 74 escaños (37,5 de los votos) frente a los 32 escaños de los liberales (24,8% de los votos). Pero la independencia ha desaparecido de la agenda política, al obtener el partido quebequés sólo 9 escaños (17% de los votos), y quedando en cuarto lugar tras la extrema izquierda independentista (Quebec solidaire). A lo que cabe agregar que Quebec no es ya el centro del universo canadiense, sino que ha sido sustituido por la emergencia de Vancouver y de las Provincias del Pacífico. A la gente joven de Quebec, ya no le interesa la independencia como a sus padres. Sin embargo, en la situación actual en nuestro País, tras el fracaso de la política de apaciguamiento intentada por Sánchez, solo queda aplicar la ley y esperar a la decisión de los tribunales, que irán poco a poco desenmascarando los entresijos del proceso independentista. Ello no permitirá, sin embargo, escabullir el problema al que el constitucionalismo se enfrenta, tras el traumático ‘procés’. Pues luego será necesaria la narración política a modo de lo que los anglosajones llaman una “StoryTelling”. Seguramente Javier Cercas podrá escribir un libro sobre el ‘procés’, a modo de lo que hizo con el “23 F”, en su celebrada obra “Anatomía de un instante”. Y el Estado no deberá ocultar la cabeza como una avestruz... Es por ello digno de mención, la reciente resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha rechazado por “manifiestamente infundadas” las cuatro quejas presentadas por Montserrat Aumatell i Arnau, síndica del colegio electoral de Tarragona en el referéndum del 1 de octubre, órgano que no llegó a funcionar como Junta electoral del “pseudo referéndum” y al que el TC impuso multas coercitivas por valor de 12.000 euros diarias, luego levantadas, si no acataban la Sentencia del TC sobre la prohibición de celebración de la consulta. Con paciencia habrá que destejer como el manto de Penélope el relato independentista. Pero esta resolución de inadmisión, que tampoco cabe magnificar por su letra pero sí publicitarla por sus efectos sobre la opinión pública, marca en estos momentos el único camino posible: el de la aplicación de la CE y la ley así como la confianza en la justicia de los tribunales (en especial, del Tribunal Supremo (TS) No es buena la judicialización de la política, pero tampoco la desvalorización de la Ley y el Derecho en el momento presente, al menos en Cataluña, pues la historia muestra como ocurrió en la República de Weimar que ello acarrea a la postre, males muchos peores. Confiemos en la Justicia aunque esperemos que no se cumpla el adagio clásico “fiat iustitia et pereat mundi”, hágase justicia y perezca el mundo. Esperemos de la prudencia y sensatez de nuestros jueces, que ayuden a arreglar el entuerto y no a complicarlo más. Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional

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El 'procés' y el Tribunal de Estrasburgo

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