Diario de Navarra

Creo al vicepresidente Sr. Ayerdi, sin atisbo alguno de duda, cuando afirma que no tenía, ni tiene, interés personal alguno respecto a la sociedad Davalor, aunque supongo que no se sentirá demasiado feliz recordando sus primeras intervenciones en sede parlamentaria, justificativas de la aportación de fondos públicos en dicha sociedad a través de Sodena, más propias en mi opinión, y a su literalidad me remito, de un responsable de marketing de Davalor. En política es ya un clásico que cuando algo no sale bien las primeras reacciones, nada constructivas, son la negación o el disimulo de lo ocurrido y el juego del “tú más” poniendo como pantalla situaciones anteriores parecidas. La decisión de la mesa del Parlamento en cómo abordar el tema Davalor es ejemplo de ese mal hábito: cada hecho es individual y no debiera tener presunción alguna de veracidad o de falsedad en función del posicionamiento político. Es cierto, también, que hoy cuando socialmente desde la política se prima el frentismo sobre la convivencia, vende más el ser inmisericorde con el adversario -de ahí algunos excesos orales y escritos respecto al tema Davalor-; si bien comprendo, no obstante, “el enfado” de las fuerzas políticas que, gobernando antes, vienen soportando en esta legislatura el adanismo de la actual mayoría de gobierno -y de sus corales afines- culpabilizándolas de todas las cosas que no fueron bien, unas cuantas como consecuencia directa de la crisis económica, y adueñándose como propias de las muchas que sí lo estaban. Navarra estaba y sigue estando, en los primeros puestos en todas las ratios económicas, sociales y de calidad de vida de España. El actual gobierno de Navarra, tras tres años de legislatura por lo que ya “ni es nuevo ni es de cambio”, seguro que ha aprendido que los problemas se tienen cuando se toman decisiones porque gobernando hasta el “no decidir” tiene consecuencias (y si no que se lo pregunten al ex presidente Sr. Rajoy y ahora al Sr. Sánchez respecto a la situación en Cataluña). El asunto Davalor, por tanto, debiera servir desde su análisis no para reproches sino para mejorar los procedimientos en la asignación y utilización de los recursos públicos, dejándose de amenazas y titulares pueriles; y si alguien considera algún ilícito penal ahí tiene los tribunales. De su gestión y proceso concreto sí que debieran abordarlos para que sirvan a futuro si lo ven conveniente y entre ellos: 1.- La RAE define atípico/a como “que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos o de los tipos conocidos”. El vicepresidente Sr. Ayerdi definió el proceso inicial de concesión a Davalor como “atípico”. Comparto que atípico no es lo mismo que ilegal pero esta atipicidad ha tenido siempre, como mínimo, un tono aparente de “decisión impropia” por sus prisas, el método adoptado, el obviar los informes técnicos (acertados o desacertados, pero eran los que tenían en ese momento); y aún más cuando se comprometió al gobierno de Navarra, quizá como cobertura de la decisión “atípica”, en un acuerdo que la definió “como inversión de interés foral”. El concepto de “interés foral” del gobierno creo que no salió muy reforzado. 2.- En la gestión de los fondos públicos y más cuando se van a reasignar (por la vía que sea), discriminando en positivo como sucede, a sociedades privadas o particulares respecto a otras, los procedimientos debieran estar reglados y publicitados, siendo exigible su total transparencia en todo su proceso, hasta el resultado final (a sabiendas que existiendo riesgo, hay incertidumbre). Ninguna empresa o fundación pública puede ni debe ser instrumento de “flexibilidad o de control más laxo” en el uso de los recursos públicos. Convendría analizar por tanto, si en los procedimientos y métodos que históricamente se han venido dando han permitido, o no, que decisiones personales (travestidas como “decisiones políticas”) hayan afectado negativamente sobre los recursos públicos; y si al darse “discriminaciones positivas”, en favor de unas empresas o zonas de Navarra sobre otras, existen criterios objetivos ciertos (o deben mejorarse o realizarse). La alocución latina “¿cui prodest?” (¿A quién beneficia?), utilizada por Cicerón y Séneca, ya se preguntaba por las razones para la “discriminación positiva” cuestionando, entre otras cosas, que su razón pudiera estar en el origen de la empresa o del socio particular. 3.- También convendría analizar si los técnicos de inversiones están condicionados por la estructura política. En el asunto Davalor llama la atención el cambio de criterio técnico de Sodena, informando en negativo a la inversión inicial y en positivo a su posterior incremento, cuando por la evolución aparente de la firma era más para provisionar lo aportado que para aumentar la inversión. Anai Astiz Medrano es exconsejero socialista de Fomento del Gobierno de Navarra

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El asunto Davalor

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