Diario de Navarra

La reforma constitucional sobre personas aforadas está ya en el trámite del Consejo de Estado. El gobierno de Sánchez la impulsó el pasado 21 de septiembre; le queda una larga andadura y seguramente no se aprobará. Sin embargo, es un buen motivo para reflexionar sobre las prerrogativas parlamentarias de diputados, senadores y altos cargos gubernamentales. También sobre el número excesivamente elevado de aforados, más de 10.000; lo que supone una cifra excepcional si la comparamos con las existentes en otros países europeos. Empezando por las prerrogativas de diputados y senadores, contempladas en el artículo 71 de la Constitución Española (CE), que ahora se pretende reformar, cabe señalar que la regulación actual es acorde con tales prerrogativas contempladas en otros países y pretenden salvaguardar los derechos de los miembros de las Cortes generales en el ejercicio de su función representativa. La inviolabilidad es un privilegio sustantivo, que garantiza la libertad de palabra y de voto en el recinto parlamentario. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido desde 1985 (Caso Castell) la tesis más estricta de la tal prerrogativa, referida exclusivamente a la protección de la libre discusión y decisión. La inmunidad, por el contrario, es una causa de suspensión de la responsabilidad penal mientras se ostenta el cargo representativo. No constituye ninguna causa de impunidad. El control de la motivación del suplicatorio en caso de denegación es controlable por el TC a través del recurso de amparo constitucional (Sentencia del TC 90/1985) Junto a ellas es precisar destacar los aforamientos del Presidente y demás miembros del Gobierno (art. 102.1 CE) así como su réplica en Presidentes y consejeros de todas las comunidades autónomas (CC.AA.) ¡En definitiva, multitud! ¿Por qué entonces, la reforma? Más allá del factor de oportunidad de un Gobierno en apuros, la cuestión reside en el fuero procesal, es decir, en la competencia exclusiva de la sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), para enjuiciar a los diputados y senadores, presidentes, incluidos los autonómicos, ministros y consejeros… Ocurre también, con los parlamentarios autonómicos, que poseen un fuero procesal específico, ante la Sala de lo Penal de los Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de cada comunidad autónoma y si perpetran delitos fuera de su territorio, ante la Sala de lo penal del TS. En total entre diputados (350) + senadores (266)+ 1193 parlamentarios autonómicos+200 cargos gubernamentales+100 de altos cargos de otras instituciones. En total el número aproximado de aforados de naturaleza parlamentaria y gubernativa alcanza una cifra superior a 2.500 aforados. El número parece muy elevado. Y el resto, ¿hasta más 10.000 aforados? ¿De dónde surge tal cifra? Pues principalmente de jueces, fiscales y magistrados ordinarios y del TC, Tribunal de Cuentas y policías. La regulación de estos se contiene en leyes orgánicas que no requieren ninguna reforma constitucional. La pregunta es si conviene hacer desaparecer tales aforamientos o lo que parece más sensato, delimitarlos en función de determinados delitos. Con todo, las cifras elevadas acreditan la necesidad de “repensar” el número de aforados. Es cierto que la tradición pesa y el corporativismo lobbista también. Como se ve, queda un amplio margen para reducir esa cifra de más de 10.000 aforados, si bien debe señalarse que para llevar a cabo una reforma sensata, es preciso evaluar el número de causas especiales, que se tramitan en el TS, Audiencia Nacional (AN), TSJ y audiencias provinciales para tener una perspectiva real de lo que estamos tratando; pues pueda ser, que pese a tan elevado número de personas aforadas, los casos reales sean asumibles, y no merezca la pena gastar la pólvora del rey en fuegos de artificios. La reforma constitucional, no parece necesaria en este punto, aunque sí deba modificarse la Ley de 9 de febrero de 1912, de enjuiciamiento de diputados y senadores y quizás deba reducirse el número de altos cargos gubernamentales y parlamentarios autonómicos; o mejor delimitar el aforamiento para determinados delitos, para lo que deberán reformarse los estatutos de autonomía. Deben, a mi juicio, reducirse sustancialmente el número de aforados, pero la reforma principal es la legal y no la constitucional y debe realizarse sobre “bases reales” y no ficticias. Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional

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Aforamientos

El autor considera excesivo el número de aforados por lo que debería reducirse sustancialmente pero por vía legal, no por una reforma constitucional

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