Diario de Navarra

El Gobierno ha aprobado de nuevo esta semana, tras su ratificación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la senda de estabilidad presupuestaria para los tres próximos años. Una senda que fue rechazada por el Congreso de los Diputados el pasado julio con el voto en contra de los partidos conservadores (PP, UPN, Ciudadanos) y la abstención del resto de partidos, excepto el PNV que la apoyó. De esta manera, se vuelve a remitir al Congreso de los Diputados para nueva votación, tal como prevé la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria. Una segunda oportunidad, por tanto, para adoptar una decisión que dará mayor credibilidad económica a España y beneficiará a todos sus ciudadanos. Los nuevos objetivos de estabilidad acordados con Bruselas suponen una mejora prudente pero sustancial en los objetivos de gasto del Estado. Una relajación del plan de estabilidad que aporta 2.500 millones de euros más para las autonomías el próximo año (para mejorar la financiación de la educación, sanidad y dependencia), idéntica cantidad para la financiación de las pensiones, y la mitad, 1.250 M€, para la administración central (políticas de becas, investigación y desarrollo, e infraestructuras, entre otras competencias). Son objetivos de déficit compatibles con una reducción progresiva del límite de endeudamiento, que descendería en el año 2021 hasta el 91,5% desde el 99% actual. Es una senda de estabilidad que aportará mayor credibilidad internacional a la economía española ya que, no olvidemos, el déficit estimado para el año actual por el Gobierno del Partido Popular había sido desmentido por las previsiones del Banco de España, de la Airef y de todos los organismos financieros internacionales que prevén un déficit superior en cinco décimas. España incumpliría así un año más sus objetivos de déficit, como lo ha hecho durante cuatro de los seis ejercicios de gobierno popular. Con este mayor déficit, que con seguridad ocurrirá en 2018, mantener la senda de estabilidad del gobierno popular implicaría un ajuste de 15.000 millones (desde el 2,7 estimado de 2018 al 1,3 comprometido en 2019), que afectaría gravemente a las políticas sociales, al crecimiento económico y a la creación de empleo. El gobierno popular sabía que sus presupuestos de 2018 estaban infrafinanciados y que la renegociación del plan de consolidación presupuestario sería imprescindible. Tras la moción de censura, ha sido al nuevo gobierno socialista al que le ha correspondido devolver la credibilidad a las cuentas públicas españolas con una senda que permite seguir reduciendo la deuda, para financiarnos a menor coste y prepararnos para futuras crisis, asegurando que el ajuste no afecta a la economía y el empleo y que la recuperación económica llega también a las familias. Si el voto contrario del Partido Popular solo se puede entender desde una lógica interna, de interés partidista o de duelo por la pérdida del gobierno, cuesta más entenderla por parte del resto de grupos. Y desde luego no se entiende el rechazo de UPN cuyos argumentos fueron que estarían dispuestos a apoyar la nueva senda si venía acompañada de actuaciones que beneficiaran a los ciudadanos. Pues bien, el Gobierno ya ha anunciado un paquete de medidas sociales para que los ciudadanos compartan los beneficios de la mejora económica. ¿Qué son si no la actualización de las pensiones de acuerdo al IPC, incluido el pago de los atrasos desde enero, y la mejora del poder adquisitivo de las pensiones mínimas y no contributivas, como han percibido en la pasada nómina de agosto 132.000 pensionistas solo en Navarra? El Gobierno ha decidido elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 56% desde 2018 y hasta el 60% a partir de 2019, lo que beneficiará a 30.000 de estas pensiones en Navarra, y reducirá el coste para la Comunidad de Navarra por los complementos de estas pensiones. Se reduce a los 52 años la edad para percibir el subsidio de desempleo de larga duración, en lugar de los 55 años. La recuperación de la cotización a la seguridad social de las cuidadoras no profesionales de personas con dependencia, que en Navarra puede afectar a 2.500 personas, es otra de las medidas comprometidas por el Gobierno. Al igual que la mayor cuantía de las becas de la próxima convocatoria, la duplicación de las cantidades asignadas a los Ayuntamientos para la lucha contra la violencia de género, la recuperación de la financiación estatal para la atención a la dependencia o la dotación del Plan de lucha contra la pobreza infantil, cuya andadura se ha iniciado este verano con el programa VECA para asegurar una alimentación adecuada de los 375.000 niños más vulnerables. El mayor margen presupuestario autonómico permite a Navarra 43 millones de euros adicionales para mejorar la calidad de la educación y la sanidad públicas, la mejora de carreteras o la activación del empleo joven, por citar algunas competencias propias. Y para los Ayuntamientos flexibilizar la regla de gasto de manera que dispongan de mayor capacidad de inversión. En definitiva, unos objetivos de estabilidad para compatibilizar solvencia y recuperación, social y económica. Jesús María Fernández Díaz es diputado por Navarra (PSN-PSOE)

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Nuevos objetivos de estabilidad prudentes

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