Diario de Navarra

El Estado afgano se encuentra en una situación de máxima debilidad. Una de las causas es la división en la coalición de gobierno entre la formación política pashtu, con Ashraf Ghani al frente de la presidencia, y la tayika del primer ministro Abdullah Abdullah. El escenario de fondo, la preparación de las elecciones parlamentarias de octubre y las presidenciales en abril de 2019. Pero el motivo más poderoso es la intensidad de los ataques de los talibanes en los últimos meses. En agosto, los extremistas se han multiplicado los atentados y librado importantes combates en Ghazni. Ahora mismo, el gobierno ha demostrado su impotencia con una nueva propuesta de alto el fuego, si los talibanes no efectúan acciones violentas. La iniciativa de paz es incierta, aunque se haya producido en el momento de la fiesta más señalada del mundo musulmán: Aïd-al Kebir o Sacrificio del cordero. Dos treguas anteriores no sirvieron para nada y el encuentro de los talibanes con diplomáticos estadounidenses en Doha (Catar) hace algunos meses tampoco ha dado resultados positivos inmediatos. No como respuesta a la tregua, sino por su estricta “misericordia”, los talibanes han liberado a cientos de prisioneros para que pasen la fiesta con sus familias. Puede que los talibanes no necesiten negociar, ya que controlan el 40% de Afganistán y están infiltrados en el resto de provincias y en la capital Kabul. La desestabilización mediante la violencia permanente provocará poco a poco el final del gobierno actual. Al menos, con esta dura presión a un ejecutivo, cuya influencia real llega a Kabul y algunas ciudades y no tanto al campo, los talibanes pretenden ser más fuertes en próximas conversaciones, con el propósito de participar directamente en el juego político. Las dudas por el lado talibán se producen también porque un posible acuerdo provocaría que parte de sus activistas se pasen al Daesh. Afganistán se desangra al norte de la línea Durand, frontera de Pakistán creada por el colonialismo británico en 1852 y a la que se oponen los talibanes y Daesh. Un informe de la ONU subraya que el número de civiles asesinados en Afganistán llegó a 1.692 víctimas mortales en el primer semestre de 2018, la cifra más alta en diez años. El 67 % de los civiles heridos o muertos fueron víctimas de ataques de grupos antigubernamentales (427 en ataques suicidas), mientras que las tropas gubernamentales y aliadas fueron responsables en un 30%. Los últimos atentados han demostrado los blancos que buscan los talibanes y Daesh, que ratifican su ideología. Entre otros, a la vez que el asalto a cuarteles, la intransigencia religiosa del extremismo suní en un ataque al barrio chií de Kabul. Otro más contra la escasa población de religión sij, procedente de la India, de la que todavía continúan en Afganistán 300 familias. Asimismo, una bomba contra la extensión de la educación, con la muerte de 20 jóvenes estudiantes, que preparaban su exámenes de ingreso a la universidad. Un total de 500 personas asesinadas en este mes y medio. La ofensiva sobre Gazni, en el este del país, ha intentado demostrar que los talibanes son capaces de realizar asaltos de envergadura, con dos centenares de guerrilleros. La ciudad está en una posición clave: a dos horas de Kabul, en la ruta a Kandahar, que une la capital con las provincias del sur, dominadas por los talibanes. La guerrilla ha aprovechado también que Gazni es un terrritorio favorable, por su historia islámica y mayoría de población pashtu, como los mismos talibanes. En este sentido, una de las mútliples guerras afganas es un conflicto de clanes por el poder dentro de la etnia pashtu. El gobierno practica un islam vagamente modernizador y los extremistas una versión del islam literal; dogmático y violento como mandato imperioso. La política se une al rigorismo religioso. Los impuestos en las zonas que controlan; el botín de la producción de opio en 500 laboratorios y las donaciones de sectores radicales de Pakistán y del Golfo financian a los talibanes. Sus aproximadamente 25.000 efectivos son un movimiento de grupos insurrectos, con el denominador común del nacionalismo local, enfrentado a las fuerzas extranjeras que apoyan al gobierno de Kabul y bombardean en su nombre. Igualmente, los rebeldes saben que consiguen nuevos simpatizantes, porque muchos afganos no admiten la corrupción de un sistema que ha desviado fondos a “soldados inexistentes” o que han desertado. Según las organizaciones internacionales, el 72 % de la población afgana que volvió, después de la derrota de los talibán en 2001, ha vuelto a marcharse, unas 700.000 personas. Sin embargo, tengamos en cuenta también uno de los recientes editoriales del “Afghanistan Times”: “no abandonaremos nunca nuestro jardín, donde crecen flores diferentes: pashtus, tayikos, hazaras, uzbekos y tantas otras personas”. Debería ser una señal de convivencia pacífica. Javier Aisa es periodista especializado en actualidad internacional. Cofundador de Espacio REDO

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Los talibanes, imparables en Afganistán

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