Diario de Navarra

La tentación de todo gobierno es hacerlo a su modo, a su gusto, sin tener que respetar las leyes o en todo caso, en poder modificarlas, para actuar según su libre albedrío. Los “juristas del príncipe” tenían y siguen teniendo el mismo cometido: buscar los subterfugios o intersticios legales para acomodar la “realidad legal” a la voluntad del gobernante. Frente a dicha forma caprichosa de actuar, cuando no se tiene una mayoría suficiente, el Estado constitucional impone sus reglas, establece su límites, normalmente en la Constitución para evitar el llamado “gobierno de los hombres” (goverment by men) para poder ser sustituido por el gobierno de la ley (rule of law), lo que entre nosotros se conoce como Estado de Derecho. Evita en democracia, gobernar contra las leyes. El Gobierno de Sánchez no logró en julio pasado superar el techo de gasto para 2019 en el Congreso de los diputados por discrepancias con sus socios de gobierno. Dicho trámite presupuestario obedece a la necesidad impuesta por la normativa comunitaria europea recogida en la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad presupuestaria (LO 2/2012, de 27 de abril) que establece como requisito para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, someter la previsión de gastos global (plafond de gasto) a la votación de la representación popular, es decir, en el Congreso y en el Senado, que deben pronunciarse aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno, tal como establece el art. 15.6 de la citada ley orgánica. Dichos objetivos de estabilidad presupuestaria están negociados con las autoridades comunitarias, de tal suerte que la cuantía global determina el techo de los presupuestos generales del Estado. Si se aprueba, el Gobierno tras su aprobación posterior, tiene vía libre para gastar en los términos autorizados por la ley de presupuestos. Cuál es el problema, se preguntarán algunos. La cuestión principal es que el gobierno de Sánchez quiere gastar en 2019 más que en el ejercicio de 2018, pero tiene que superar dos votaciones, una en el Congreso y otra en el Senado, para poder tramitar con éxito los presupuestos que le habilitan para poder gastar más como le exigen sus socios. Y teme, con razón, que no pueda superar la votación en el Senado, donde la oposición que tiene mayoría absoluta, ha anunciado su voto en contra. Si el Senado fuese una verdadera Cámara territorial como en Alemania o Austria y las Comunidades Autónomas tuviesen representación en atención a su población sería un escándalo, puesto que lo que cualquier “federalismo de ejecución” exige es negociar, y por tanto, transigir. Sin embargo, nuestro modelo parlamentario de bicameralismo imperfecto es diferente, puesto que el Senado no responde a una lógica territorial, sino de partidos. En esa tesitura, si la oposición (PP+C´s) no quiere aprobar el nuevo plafond de gasto, cuya finalidad es dar alegría para gastar en pleno periodo pre-electoral, suprimamos -se dice- el trámite autorizante del Senado. Dicha cuestión altera las reglas de juego, gusten o no. Sobre todo si se intenta darle un alcance retroactivo o aplicable a la situación actual. Es, por tanto, una derogación singular de la ley, para un caso concreto. Aquí aparece el subjetivismo o capricho político. Algo así, como si el penalti se pita contra reglamento, pero beneficia a mi equipo, previo modificación ad hoc, esto es, sobre la marcha. Y cómo. Se han barajado dos posibilidades. La primera utilizar el decreto ley. Algún jurista del príncipe “leal” ha debido avisar que no es posible y además haría mucho ruido, después de lo de “Franquito”. La segunda modificar la ley orgánica suprimiendo el trámite del Senado, que en el momento actual es como silenciar o tapar la boca a quien puede hacerlo. La polémica está servida y el conflicto constitucional también. Pero como el TC no es el bombero del sistema en estos supuestos, su decisión que no puede ser rápida, no resolverá la cuestión. La gran pregunta es qué hacer. Si se actúa contra la “chapuza” legal, el beneficiario puede ser el Gobierno, que siempre podrá decir que no se gasta más porque la oposición lo impide. El argumento sirve tanto para la oposición como para sus socios. Y, además, encabritará a algunos ciudadanos, ya casi electores. Así estamos en esta España de nuestros días. Si se cumple la ley mal y si se incumple mejor para el Gobierno, porque le beneficia. Juzguen Vds, esta política-espectáculo, que pasará factura como ocurrió con el desgobierno de Zapatero. Pero de momento “carpe diem” y después, Dios o los mercados dirán… Manuel Pulido Quecedo es Doctor en Derecho Constitucional

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Gobernar sin respetar las leyes

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