Diario de Navarra

El pasado mes de mayo, coincidiendo en el tiempo con la noticia de que el Departamento de Políticas Sociales del consejero Laparra había sacado a concurso la licitación de un centro de día juvenil, en cuyo pliego de condiciones técnicas se citaba el nombre de la Asociación que en el País Vasco gestiona ese tipo de centros, desde ese Gobierno de Navarra y a través de la Oficina Anticorrupción se filtró una noticia en la que se decía que en el año 2005, siendo yo responsable de Bienestar Social, se había adjudicado, a dedo, la gestión de uno de esos centros de menores, y se hablaba de otras dos adjudicaciones posteriores, de 2011 y 2013, con otros consejeros, que el cuatripartito tildó de “actitudes poco transparentes, opacas y muy discrecionales”. Y dijo que con la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos -que entró en vigor catorce meses después de la aprobación del expediente que me atribuían- y que “con los criterios fijados por la Intervención en 2011 -¡seis años después de tal decisión!-, ese contrato no debería haberse adjudicado de forma directa”. Inmediatamente los portavoces de Geroa Bai, Koldo Martínez, y de EH-Bildu, Adolfo Araiz, exigieron a Comptos que los fiscalizara y dijeron: “Queremos que se analice estas concesiones a dedo: por lo que suponen en sí y porque la credibilidad de UPN y PP está en mínimos”. Y, “son actuaciones nada justificadas que vienen a encubrir adjudicaciones a dedo y no por importes mínimos”. Ya sabemos que esa Oficina Anticorrupción la puso en marcha el Ejecutivo de Barkos, con una persona -Iulen Urbiola- que, “en un despacho y a puerta cerrada”, se ha ocupado de revisar las encomiendas de gestión y contratación realizadas entre los años 1996 y 2015, para “sacudir las alfombras y para que la sociedad conozca todo lo que ha pasado a lo largo de estos años”, ante la “alarma social” por la contratación “indiscriminada” realizada “a veces” por anteriores gobiernos puso. En los diez años en los que fui consejero del Gobierno de Navarra muchos cientos, sin que pueda precisar cuántos, fueron las órdenes forales que firmé adjudicando contratos. Por el monto de ellas y por el tiempo transcurrido desde entonces es difícil que pueda recordarlos. Por eso, de ese asunto en concreto no me acordaba, pero estaba muy tranquilo pues sabía de la seriedad, rigor y profesionalidad con la que trabajaban todos los funcionarios y personas que a mí alrededor estaban en los Departamentos que dirigí, tanto en Obras Públicas (1996-2004) como en Bienestar Social (2004-2006). Ahora, casi cuatro meses después, ha llegado a mis manos el expediente completo que el cuatripartito puso en entredicho. Y lo primero que veo es que yo no lo firmé, pues se aprobó por una Resolución (371/2005 de 7 de abril) de la directora general de Familia, por lo que ni pasó por mi mesa. Lo he estudiado a fondo y veo que la decisión adoptada está muy razonada y argumentada y que cuenta con los informes preceptivos. Tres. Uno, jurídico, de 15.03.2005, del Jefe de la Sección del Régimen Jurídico de Familia. Otro, de 16.03.2005, de la Jefe de la Sección de Protección del Menor. Y un tercero, de esa misma fecha, del Técnico de Administración Pública (Rama Económica). Y estos dos últimos cuentan con el visto bueno de la directora del Servicio de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la política de Familia y Menor. Y todo ello tiene la conformidad de la Intervención delegada de Economía y Hacienda. Por tanto, el expediente es impecable y la adjudicación está justificada. Por eso, no me extraña que la Cámara de Comptos, después de haberlo analizado por encima, haya dicho que no iba a entrar en él. A la vista de la frivolidad con la que han actuado en este asunto, no me sorprende que la consejera Beaumont, la promotora y responsable de esa Oficina Anticorrupción, tuviera que reconocer públicamente el pasado 26 de julio “que no han encontrado irregularidad alguna” en los expedientes investigados. Lo siento por ella, porque sé que le hubiera encantado haber hallado, por mínimo que fuera, algo para poder atacarnos. Pero es que todavía hay diferencias, porque asuntos como el de Davalor Salud, empresa que se encuentra en concurso necesario de acreedores y que ha recibido ayudas públicas por valor de 2,6 millones de euros, solamente se producen por “decisiones atípicas”, y estas las toman los miembros del actual Gobierno de Navarra, los compañeros de la consejera Beaumont, y, claro, estos tienen bula y con ellos ni se meten ni los investigan. José Ignacio Palacios Zuasti fue consejero del Gobierno de Navarra (1996-2006)

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Algunos tienen bula

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