Diario de Navarra

He seguido estos días variadas crónicas y opiniones emitidas tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el grueso de la ley navarra de violencia policial o de extrema derecha. Quiero resaltar que fue aprobada al final de la pasada legislatura, gracias al apoyo de I-E, Bildu, Aralar, Geroa Bai y el PSN. Trámite parlamentario igual se siguió también en Euskadi (nacionalistas y socialistas forman allí el gobierno) con otra ley vasca que persigue el mismo objetivo final que la navarra. Ahora, con el actual gobierno socialista de Sánchez y su imperiosa necesidad de comprar la “estabilidad gubernamental” con los votos de los antisistema, ya se anuncia desde el PSOE que retirará el recurso que se interpuso contra esa ley y pendiente de resolución. El PNV ya ha adelantado que la ley vasca y la navarra “son muy diferentes en su concepción y objetivos” y el PSOE nos dirá lo mismo, cuando es notorio que ambos textos, con más o menos rodeos, no buscan otra cosa que el “reconocimiento y reparación” de las mismas víctimas. Básicamente recordaré al lector, con datos obtenidos de la prensa, que con ese objetivo se proponía que el Parlamento Navarro creara y eligiera una llamada “Comisión de Reconocimiento y Reparación”, financiada por todos los navarros y que tendría la misión, sobre acciones derivadas de la violencia de ese género desde 1950, de la “investigación y la fijación de los hechos o conductas constitutivas de delito, al margen por entero, del Poder Judicial y con potestad, incluso, para desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal”. Como otra perla democrática el Parlamento debería elegir a los nueve miembros de esa comisión entre “independientes con prestigio social y moral”, con “suficiente cualificación y experiencia profesional…..y al margen de toda interferencia en el plano legal”. Ese órgano, clásico en los sistemas predictatoriales, “determinaría de forma veraz y coherente una interpretación que esclarezca lo sucedido” y resolvería finalmente quien es víctima y tiene derecho a indemnización. Que la norma es inconstitucional, en la mayoría de su contenido, se ha resuelto ya por el TC y me remito a sus consideraciones. Lo que sí es altamente preocupante, desde el análisis de los parlamentarios y las siglas que apoyaron esa ley en navarra, es que el contenido era absolutamente antidemocrático. La condición política de democrática para una sociedad, precisa de la regulación formal y organización real de pocos principios, pero de obligado cumplimiento y uno de ellos es el de la separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y el judicial. Crear por un Parlamento (legislativo) una Comisión para “investigar y fijar hechos o conductas de delito, al margen por entero del Poder Judicial”, he incluso para desconocer lo ya resuelto por el mismo es algo demencial en un Estado de Derecho y solo propio de “democracias” nominativas con regímenes autoritarios al modo venezolano, nicaragüense, bolivariano, o similares, pero realmente antidemocráticos. La competencia otorgada a esa fenecida comisión solo pueden ejercitarla los tribunales de justicia. Conformar la comisión con nueve miembros “independientes, con alto prestigio social y moral”, al modo de los verificadores que por tres veces certificaron la entrega total de las armas de ETA (y aún les quedan) da vergüenza. En un país democrático no hay más personas con “suficiente cualificación” para resolver sobre la tipificación de conductas delictivas, sin necesidad alguna de “alto prestigio social o moral”, que entre los profesionales que conforman los Tribunales de Justicia; y conste que como profesional del derecho los he disfrutado y padecido de todos los colores. La ley vasca, aprobada por su Parlamento, (más habituado a actuar por la tremenda), obvia toda comisión investigadora o calificadora de conductas delictivas y se dirige directamente, a la carta, a reconocer a las víctimas y el modo de hacerles reparación. Pero esa ausencia investigadora y declarativa e imputadora de delitos, no hace a su ley más constitucional y si todavía, si cabe, más antidemocrática. Para otro debate más profundo es el papelón que el Partido Socialista viene desempeñando en el apoyo a este tipo de leyes antisistema. Hace ya bastantes años que sostengo (desde que llegó Zapatero al poder y Sánchez persiste en esos derroteros) que el problema español no está tanto en los separatismos y antisistemas, sino en la falta de capacitación, ambición de poder y carencia de sentido de Estado en el constitucionalismo. Pedir por el Gobierno socialista “lealtad al Estado” a los constitucionalistas, es desde ese gobierno de pura lógica, pues solo puede pedirla a quienes se la pueden dar y carece de sentido hacerlo, para ellos, a los que el Estado constitucional les importa un comino y además los mantiene día a día en el Gobierno. Juan Pedro Arraiza Rodríguez-Monte es abogado

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Ley de víctimas de violencia policial

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