Diario de Navarra

La decisión primera de la presidente Barkos de poner fin de manera tardía a la ilegal ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo de la Navarrería, y su posterior marcha atrás para acabar cediendo ante las presiones de los okupas abertzales y sus socios de gobierno, es un claro ejemplo de las políticas clientelares e identitarias del cuatripartito que nunca debieran producirse. Envueltas en la bandera de lo que sus protagonistas han venido en denominar “el cambio”, se esconden decisiones tan polémicas, partidistas, excluyentes y ajenas al interés público común, como la ocurrida con este edificio. Estamos ante un inmueble público del Gobierno foral, pagado por el conjunto de la ciudadanía navarra, de indudable valor histórico y arquitectónico, enclavado en el barrio de La Navarrería, en pleno Casco Antiguo de nuestra ciudad, al que las últimas administraciones forales no han sabido ni querido darle un uso adecuado. Lejos de ello, el gobierno de la señora Barkos, con la aquiescencia y el fervoroso apoyo del alcalde Asiron, ha consentido que durante un año los okupas próximos al entorno abertzale (no hay más que ver las pancartas, banderas, pronunciamientos políticos y lenguaje utilizado por ellos para comprobar que lo son) se lo apropiaran en beneficio propio, con obras y actividades, muchas de ellas lucrativas, al margen de cualquier control sanitario, legal y administrativo, en lo que ha constituido un punto y seguido a la igualmente ilegal ocupación de la calle Compañía y cesión frustrada del chalet de Caparroso. Todo ello supone en primer lugar, una dejación y un desprecio al interés público y común por el que la administración está obligada a velar. Se trata, además, de una clara discriminación hacia el resto de la ciudadanía que, cuando quiere acceder al uso de un local público o privado, debe observar las normas legales y cargas económicas correspondientes. Pero por encima de todo, y lejos de cualquier similitud real a lo que supone el verdadero movimiento okupa, estamos ante la cesión de un bien público de gran valor a favor de unos jóvenes abertzales, sin el menor sustento legal y con el único “mérito” de compartir la ideología y los fines de EH Bildu. De ahí el enfado del alcalde Asiron y las presiones y amenazas de su partido a la presidenta Barkos hasta que han logrado que ésta de marcha atrás, provocando una intervención policial en balde y un gran ridículo político, en lo que es un pésimo e irresponsable uso institucional de su cargo. No puedo dejar de lamentar el esperpéntico apoyo a los fines identitarios y excluyentes de estos jóvenes que están prestando IE y Podemos-Aranzadi. Su sumisión en Pamplona y Navarra a muchas de las consignas e intereses nacionalistas son francamente preocupantes y distan mucho de los fines progresistas que dicen defender. Desde nuestro partido tenemos muy claras las deficiencias y necesidades que en materia de actividades, edificios e instalaciones públicas tiene el mundo juvenil. Pero éstas no pasan, desde luego, por las adjudicaciones y cesiones partidistas en beneficio propio que está llevando a cabo el alcalde Asiron de forma exclusiva para “sus” jóvenes y a las que, por lo que se ve, se pliega la señora Barkos con el único fin de aferrarse al sillón en lo que le queda de legislatura. Maite Esporrín Lasheras es portavoz municipal en Pamplona del PSN-PSOE

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Sobre la cesión de Barkos en Rozalejo

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