Diario de Navarra

Hay algunos elementos de cambio en la política migratoria del nuevo gobierno de España que merecen la pena ser apoyados: la asunción de la parte de responsabilidad que nos toca para enfrentar la crisis humanitaria que se da en las rutas mediterráneas, la búsqueda de alianzas con otros países de la UE para poder construir una respuesta auténticamente europea, la denuncia de las actitudes más xenófobas de ciertos países miembros o, internamente, la llamada a la corresponsabilidad del conjunto de las CCAA para abordar algunas necesidades más perentorias. Pero estos primeros pasos que hemos visto, no exentos de titubeos, deberían profundizarse y extenderse, ampliando la perspectiva de la política migratoria. En primer lugar, el flujo de entradas irregulares a través del Estrecho no supone una crisis migratoria para España, ni siquiera es un flujo especialmente significativo. Sí que es una crisis humanitaria en la que se ponen en riesgo cada día decenas de vidas humanas y habría que tratarla como tal. Las cifras son claras: en España, en 2017, entraron 532.482 personas inmigrantes, mucho menos que antes de la crisis económica y más compensado por la salida de 367.878 personas. De las entradas, solamente 27.349 se hicieron irregularmente por el Estrecho, Ceuta o Melilla: un escaso 5,1%. En 2018, pese al crecimiento, difícilmente llegará al 10%. La frontera sur de España está, pues, muy protegida y es poco permeable. La clave aquí es cómo ese control puede hacerse compatible con el respeto a los derechos humanos. El anuncio de la retirada de las concertinas parece oportuno: debería aplicarse de inmediato y deberían también clarificarse los procedimientos de contención en la frontera para que no supongan la eliminación de derechos y garantías, como se le han achacado a las “devoluciones en caliente”. También requiere una revisión la política de internamiento de estos inmigrantes (muy cuestionada por las ONGs) cuando muchos de ellos se van a quedar finalmente en el país. Ese flujo de entradas irregulares que afecta especialmente a Andalucía, Ceuta y Melilla es un flujo menor en comparación con el conjunto de la inmigración. Significativamente, la población nacida en el extranjero supone en Andalucía un 9%, bastante por debajo de la media estatal o de Navarra (14%) y muy lejos del 18% de Madrid o Cataluña. El impacto de las entradas irregulares debería por tanto matizarse dentro de la valoración del impacto general de las migraciones, notablemente inferior ahora que en otros momentos. En Navarra, en 2017, la población nacida en el extranjero creció en 4.124, un 4,7%, aproximadamente 1/3 de lo que sucedía otros años de la década pasada. Muy lejos pues de cualquier “crisis migratoria”. Es importante pues hablar de las entradas irregulares por el Estrecho y de su atención adecuada, especialmente cuando son menores. Y puede ser clave, para construir vías de entrada legales y seguras, llegar a acuerdos con los principales países emisores y de transito, estableciendo cupos ligados al empleo y reprimiendo la actividad de las mafias. Pero el planteamiento debe ser más general, teniendo en cuenta el conjunto del flujo migratorio, el objetivo esencial de la integración laboral y social del conjunto de la población inmigrante, abordando también el sistema de asilo y refugio, en el que algunas comunidades como Navarra han hecho un esfuerzo muy superior a la media, o atendiendo al conjunto de situaciones de irregularidad. Navarra está, una vez más, dispuesta a colaborar en una respuesta solidaria con el resto de CCAA en estas cuestiones. Pero si se apela a la solidaridad y a la colaboración de las CCAA para resolver la atención a los menores o la acogida de personas refugiadas, deberá replantearse muy seriamente el papel de las CCAA en la toma de decisiones. De la misma forma que hemos planteado para el sistema de asilo y refugio, es necesaria una revisión del modelo de gestión de las migraciones. Es oportuno recordar aquí la desaparición del Fondo para la Integración. Podrían diseñarse mecanismos similares de financiación para abordar los problemas actuales. Hay que poner en marcha nuevos tipos de permisos que eviten el crecimiento de las situaciones de irregularidad y que permitan una inserción laboral lo más rápida posible. Hay que potenciar el papel de la Conferencia Sectorial de la Inmigración como un auténtico foro de decisión y hay que pensar que algunas competencias puedan ser asumidas por las CCAA que lo deseen, como la gestión de los permisos de trabajo o de los programas de acogida de población refugiada. Esa es la auténtica vía para la corresponsabilidad. Si no es así, la apelación a la solidaridad territorial en materia de migraciones tendrá poco más recorrido que algunos gestos simbólicos. Miguel Laparra es vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra

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¿Crisis migratoria?: la solidaridad requiere revisar las políticas

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