Diario de Navarra

El próximo 17 de agosto se cumplirá un año del inicio de un infierno que para las víctimas no ha tenido final. Pensar en clave de dolor es el primer ejercicio que debemos realizar. Ponernos en la piel y en el alma de todos los que han sufrido el zarpazo del terror es un ejercicio de humanidad y, en algunos casos, un ejercicio de responsabilidad. Por ello, mi primer pensamiento es para las víctimas, las individuales, las colectivas y las universales. Ellas están por encima de cualquier interés o disputa política. La perspectiva de víctima se predica de la ley y se predica del ejercicio responsable de la política. Los próximos días deben ser de recuerdo, respeto y solidaridad con las víctimas, las únicas protagonistas de esa triste conmemoración. Debe ser asimismo un tiempo de reflexión serena y objetiva. La perspectiva temporal y la aportación de nuevos elementos nos permite el análisis de lo que sucedió, cómo ocurrieron los acontecimientos, los partícipes, los perfiles, el modus operandi, los tiempos, los medios con los que contaron, lo que pensaban mientras preparaban cientos de kilos del mortal explosivo TATP (triperóxido de triacetona, más conocido como ‘la madre de satán’) y verbalizaban sobre el daño y el dolor que iban a causar… Pero en los delitos de terrorismo esto no puede ser suficiente. No basta con saber qué ocurrió, es preciso extraer todo aquello que nos permita evitar que hechos similares vuelvan a producirse. Preguntarnos también si falló algo y, si fue así, por qué motivo. La información debe fluir con agilidad, los análisis son tan necesarios como la propia información y las conclusiones tienen que ser conocidas. Ante estos delitos, y con especial importancia en el caso de los delitos relacionados con el terrorismo yihadista, la frase de que «la información es poder» debe ceder a la de «la información es seguridad», con la constancia de que todos nosotros somos titulares de ese bien jurídico. Desde mi responsabilidad como ministra de Justicia, sigo pensando lo mismo que en mi anterior condición de coordinadora antiterrorista: necesitamos una política criminal integral que, partiendo del análisis conjunto de los demás ámbitos de este fenómeno, ejecute sus acciones en forma coordinada desde el mismo momento en que se perciba la amenaza y antes de que tomen forma las posibles acciones terroristas en sus múltiples facetas. Ello implica una especial atención a los ámbitos de la información, inteligencia y análisis que realizan los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Además, es necesario indagar en las raíces de la actuación terrorista. El Estado Islámico no desaparecerá de las mentes de quienes se adhieren al mismo si no se les ofrece una contrapartida igual de interesante o aún mejor. Desprogramarlos de la ideología patógena adquirida, desradicalizar a los captados o impedir que se sumen a ella es una labor de largo alcance que nos implica a todos. Mi experiencia en cientos de investigaciones me lleva a la conclusión de que los propios ideólogos de la yihad saben que sus planteamientos son falaces, tanto desde el punto de vista religioso como político. Son conscientes de la gran mentira en la que viven, pero de la que ya no pueden salir porque les conviene que subsista como factor de desequilibrio mundial. Han aprendido que lo que produce efecto certero en el núcleo de los diferentes gobiernos democráticos es el terror global, porque las reacciones atávicas que provoca justifican la propia existencia de la yihad. Por esta razón, el esfuerzo debe ir más allá de los aparatos de seguridad o de la persecución penal. Determinar los cauces de la radicalización en una ideología totalitaria, extrema y violenta, base del terrorismo yihadista, debe centrar nuestro esfuerzo. Y, por el deber adquirido con las víctimas, hay que avanzar en la integración, en la diversidad, la educación plural, la conciliación entre comunidades y tendencias religiosas que siempre ha caracterizado a España, país abierto a todas las culturas, para lograr lo que el preámbulo de nuestra Constitución establece como finalidad de la misma: «Garantizar la convivencia democrática… conforme a un orden económico y social justo», «consolidar el Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular», «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones…», y con ello poder proclamar el «nunca más» que tantas veces ha sido nuestro grito frente al terror y la opresión. Dolores Delgado García es ministra de Justicia

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Siempre con las víctimas

Los próximos días deben ser de recuerdo, respeto y solidaridad con las víctimas, las únicas protagonistas de esa triste conmemoración

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