Diario de Navarra

Antes y después de la deriva y del fracaso separatista- independentista de muchos catalanes, otros catalanes y otros españoles del conjunto de España han reflexionado, comentado, escrito y propuesto, individual o grupalmente, varias medidas sobre salidas y soluciones posibles a la llamada “crisis catalana”, que conviene tener en cuenta. El nombre, sí, el nombre siempre es muy importante. Para evitar el polémico de “nación”, hay quien propone, como aparece en el Estatuto de Andalucía, el de “realidad nacional”, equivalente al constitucional de “Nacionalidad”, donde lo “nacional” conserva el significado etimológico y cultural que siempre tuvo. Un nuevo Estatuto, que pusiera fin a la polémica ocasionada por el mal traído y llevado segundo Estatuto, se elevaría al rango de “norma institucional básica de la Comunidad Autónoma”, como establece el artículo 147.1 de la Constitución. Dicho Estatuto quedaría despojado de la distribución de competencias, que pasaría a ser función exclusiva de Carta Magna, y recogería, en cambio, las competencias autonómicas (¿qué es eso de “territoriales”?) exclusivas de la Comunidad, como lengua, educación, cultura, funcionamiento interno del autogobierno, ordenación territorial, administración pública… Lo que importa más es garantizar la participación de las Comunidades Autónomas en la determinación de las regulaciones básicas del Estado, que han de desarrollar los gobiernos regionales. “Verdaderamente es asombroso lo que ocurre en Cataluña -escribe en “La Vanguardia” Santiago Muñoz Machado, uno de los cerebros más activos de la posible reforma autonómica-: se desestima el Estatut, pero se vive políticamente del Estatut. Se disfrutan los poderes que el Estatut habilita, se reclama el dinero usando el Estatut, se pagan las aventuras del líder supremo con el mullido presupuesto de la Generalitat estatutaria, y se impugnan decisiones y normas del Estado invocando el sagrado nombre de la norma institucional básica de Catalunya…”. La reforma del Senado -siempre descrita y nunca llevada a cabo, que lo convierta en “verdadera cámara territorial”- a la manera del alemán o similares, haría de él un órgano de integración inter-autonómica garantizando la participación de las Comunidades en las decisiones del Estado y reduciendo la conflictividad en el ejercicio de las competencias respectivas. Dentro de esa reforma, los Parlamentos autonómicos podrían intervenir en la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional y de otros órganos institucionales de la Nación, así como los Gobiernos autonómicos en la representación española del Consejo Europeo de la Unión, según las circunstancias. En cuanto a la financiación, no sólo es menester una mayor correspondencia entre los que se recauda y lo que finalmente se percibe en una Comunidad, sino sobre todo una mayor coherencia entre lo que se recauda y se gasta. Por otra parte, la extensión de los sistemas forales -que necesitan con urgencia unos nuevos mecanismos transparentes de solidaridad- sólo sería llevadera por medio de otros, aún más exigentes, mecanismos de cohesión. Lo que haría necesaria la incorporación del punto de la financiación autonómica a la Constitución. Una Agencia tributaria compartida única haría más efectiva la coordinación entre todas las Comunidades, incluida la interconexión informática entre las distintas administraciones. No creo, por el contrario, que sea muy eficaz, por tardía y discriminatoria, la propuesta de algún “padre constitucional” de equiparar a Cataluña con los territorios forales amparados por la Constitución. No estamos ya en 1977, cuando eso pudo ser posible y fue desechado, y los acontecimientos de estos cuatro últimos años lo hacen aún más improbable.

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