Diario de Navarra

Tanto Carmen Alba como Ana Beltrán suelen repetir de forma habitual que la ley de reparación a las víctimas de violencia policial trata de “igualar a víctimas con verdugos y manchar el buen nombre de la policía”. Pero echando un vistazo serio a la ley registrada no se sostiene semejante acusación. La ley de reparación a víctimas de la violencia policial pretendía llenar un vacío de justicia ante unos hechos objetivos. En Navarra en aquella época en la que la democracia y sus instituciones eran todavía débiles, fueron asesinadas por los motivos que fija la ley al menos las siguientes personas; Gladis del Estal, Germán Rodríguez, José Luis Cano, Joxe Arregui, Naparra y Mikel Zabalza. La mayoría de los asesinatos no se investigaron adecuadamente. Existe, por lo tanto, una sensación legítima de agravio, impunidad e injusticia. Ninguna institución se acercó a ellas, nadie les apoyó oficialmente. Se ha dado en estos casos una impunidad evidente, impunidad que se produce también en los cerca de 300 crímenes de ETA sin resolver, cuestión que citaba la ley de víctimas de violencia policial registrada inicialmente. La ley que registró Izquierda-Ezkerra trataba entonces de corregir esa herida moral que existía, y quería hacerlo desde una reflexión ética contundente; la necesidad de deslegitimar definitivamente y para siempre la violencia. Y para ello se redactó un extenso preámbulo que conviene tener en cuenta, porque es ahí donde se fijan los criterios inspiradores de la ley. El preámbulo de la ley era claro en sus intenciones, y adelantándose a juicios de valor como los de Beltrán y Alba decía contundente que “procede dejar claro que no se trata de equiparar a ETA y a las instituciones democráticas. No hay dos violencias equivalentes que haya que extirpar. Hay una organización violenta que ha pretendió imponerse a la sociedad de modo totalitario y antidemocrático y unas instituciones democráticas plenamente legítimas y elegidas por la ciudadanía. Unas instituciones que rigen los asuntos públicos de nuestra sociedad y que tenían el deber de impedir los asesinatos y demás tropelías cometidas por ETA contra personas por pensar diferente o por representar a la otra identidad respetando los derechos humanos. En esto no hay ni puede haber equiparación alguna. En lo que sí debe haber equiparación es en los derechos que les asisten a todas las víctimas.” Respecto a la de Comisión de Reconocimiento y Reparación, que concreta el artículo 3 se trata de una Comisión con un carácter administrativo que pretende definir quien es y quien no víctima, comisión calcada a las que existen en otras leyes de este tipo y no recurridas como la ley de memoria histórica o la ley sobre los bebés robados. De hecho el propio artículo, sabedores como éramos de que el recurso era más que probable, dice literalmente que fijará los derechos de las víctimas “al margen de toda interferencia en el plano penal”. En España tenemos una herida moral no resuelta, y que es necesario y sanador abordar. La negación ante estas víctimas ha sido un escudo fatal e inútil. Porque a mi juicio lo que desprestigia a las instituciones no es hablar sobre lo sucedido, al contrario, lo que debilita a la democracia es no abordar con normalidad estos sucesos.¿Y si hablar del pasado pudiera curarlo en lugar de calcificarlo?, ¿y si el silencio y la negación no son las únicas opciones tras una pérdida? Como dice Carlos Beristain, experto en DDHH “el reconocimiento de la pluralidad del sufrimiento de violaciones de derechos humanos cometidas y el asumir la responsabilidad del Estado en ello no tiene porqué suponer igualar los mecanismos de victimización ni aceptar simetrías o decir que todo ha sido igual”. De hecho, aunque muchas veces se olvide, la ley de víctimas del terrorismo de ETA, aprobada en 2010 también en su preámbulo cita la violencia del GAL y los grupos de extrema derecha. Y a nadie en su sano juicio se le ocurre decir que esta ley equipare a víctimas con verdugos o que desprestigie a las policías. Queda claro entonces que la ley de víctimas de violencia policial no pretendió, de ninguna manera, dar por bueno la teoría del conflicto, o de las dos violencias, o de los dos ejércitos legítimos, no, la ley fijó otro relato a pesar de que desde el Partido Popular se oculte. Tal vez Alba y Beltrán tendrían que explicar porque unieron sus votos a Bildu y dejaron desnuda de preámbulo a la ley, sin posibilidad de fijar un relato ético sobre la violencia para evitar precisamente lo que ellas ahora achacan a la ley. Joseba Eceolaza, redactor de la Ley de reparación a las víctimas de violencia policial

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La ley de víctimas de violencia policial

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