Diario de Navarra

No podemos negar que uno de los aspectos claves para impulsar el desarrollo y el crecimiento de un país es la inversión pública traducida en obras. De ello depende que se cuente con escuelas, hospitales, desarrollos inmobiliarios, carreteras, presas, y en general todo tipo de infraestructuras. A pesar de que la contratación pública sigue siendo uno de los grandes promotores de la economía nacional, las obras públicas en España siguen siendo un nido de corrupción con una falta total de transparencia y cierta arbitrariedad política. Que la concesión y adjudicación de obras públicas es un campo abonado para la corrupción política no es ninguna novedad. De hecho, es uno de los grandes problemas estructurales que padece España desde hace tiempo. Se está convirtiendo el medio en el objetivo, es decir, importa más la realización de una obra que la obra en sí, anteponiendo el amiguismo, los intereses políticos y económicos, factores todos ellos que desembocan en obras mal construidas, generalmente a costos muy superiores a los presupuestados originalmente, entregadas a destiempo, con malos materiales, ejecuciones deficientes, y con falta de estudios y proyectos. Tal y como denuncia “Transparencia Internacional España”, el mercado de los contratos públicos es donde existen mayores tentaciones y ofrecen más oportunidades a la corrupción en los distintos ámbitos de las actividades del sector público. Dicha ONG estima que, en promedio, “el 10% del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno”, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que la obra pública en España sufre un sobrecoste equivalente al 4,6% del PIB por culpa de la corrupción y la ausencia de un eficiente proceso de licitación. La reciente modificación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, con entrada en vigor el pasado 9 de marzo de 2018, trata de aliviar los graves problemas que afectan al actual sistema, relacionados con la falta de transparencia e ineficiencia en la adjudicación y ejecución de obras, así como la inseguridad jurídica y arbitrariedad política que las afecta. A pesar de todo esto, en mi opinión el principal problema de la obra pública en España es otro, que se produce también a pequeña escala. Se trata de la falta de responsabilidad de los diferentes agentes que intervienen tanto en el proceso de licitación y adjudicación, como en la realización de cada obra. El ciudadano de a pie, desconocedor de todo el entramado burocrático y ajeno a los procesos que afectan a este tipo de obras, es el verdadero perjudicado por la ineficaz actuación en la gestión de estas obras. Todo comienza cuando la Administración decide realizar una actuación y encomienda la realización de un “proyecto” o bien a sus propios técnicos o bien a técnicos externos. Hasta ahí todo correcto. Sin embargo, cuando llega el momento de la licitación y posterior adjudicación de dicha obra, es cuando comienzan los problemas. Normalmente la Administración adjudica obras con un descuento de hasta el 45% sobre el precio presupuestado. Esta actuación es la que ha posteriori desencadenará una serie de importantes problemas. Y digo yo, una de dos: si las empresas contratistas que acuden a las licitaciones son capaces de hacer por 55 algo que vale 100, los técnicos que realizan los proyectos están haciendo un muy mal trabajo en cuanto a valoración económica se refiere; o por otro lado, es la Administración la que a la hora de adjudicar por 55 algo que cuesta 100, es consciente de la imposibilidad de recibir una obra con la calidad que aparece definida en la memoria técnica del proyecto. La consecuencia de esta peculiar situación, es que las empresas constructoras se han convertido en los verdaderos protagonistas de las obras públicas, priorizando sus objetivos económicos ante la calidad técnica de los proyectos, mermando la calidad de los materiales, y siendo el ciudadano el único perjudicado. Me canso de comprobar cada día, como las empresas contratistas una vez que han comenzado una obra, adquieren un “poder” que supera en muchos casos la responsabilidad técnica de las direcciones de obra y de la responsabilidad política de los agentes que representan a las administraciones que deben recibir esas obras, incapaces en ambos casos de velar por el cumplimiento de lo redactado en los proyectos. En mi opinión, el sistema necesita implementar mecanismos que permitan vigilar el ciclo de vida de una obra y exigir rendición de cuentas ante irregularidades, estableciendo un régimen incentivador para los agentes que hagan cumplir lo regulado en las memorias técnicas. Dado que la nueva Ley de contratación no ha prestado mucho interés en estos aspectos, desde aquí sugiero la posibilidad de dar una vuelta de tuerca a los actuales sistemas de adjudicación, limitando los descuentos con los que se adjudican las obras, y también apelo a que tanto directores de obra como políticos, en el ejercicio de sus respectivas responsabilidades, perseveren por el bien de los ciudadanos, en el total cumplimiento de lo redactado en los proyectos. Javier Martón Pérez es gerente de PVT

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La verdadera realidad de las obras públicas

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