Diario de Navarra

El pasado día 19 de julio el Tribunal Constitucional dictó sentencia declarando la inconstitucionalidad de gran parte de la Ley Foral 16/2015 de 10 de abril de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Esta ley creaba una “Comisión de reconocimiento y reparación” a la que se atribuían funciones propias de la jurisdicción penal, con la subsiguiente vulneración de derechos fundamentales que ello podía conllevar en aquellas personas sometidas al escrutinio de la comisión. Derechos como la presunción de inocencia, no declarar contra uno mismo, el derecho al honor, entre otros. Últimamente hay que recordar demasiadas veces que España es un Estado de Derecho donde existe la separación de poderes. La función jurisdiccional solo compete a los jueces. Nuestro ordenamiento jurídico tiene los mecanismos necesarios para que aquel que infrinja la ley, sea quien sea, pueda ser llevado ante la justicia y tenga la pena que se merezca, pena impuesta por un tribunal de justicia y por lo tanto con todas las garantías. Todo lo que se aparte de esto recuerda a regímenes totalitarios e inquisitoriales. Con la creación de la comisión se estaba creando una justicia paralela. Si alguien tiene conocimiento de un delito lo que debe de hacer es ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial pero no investigar, juzgar y fallar por su cuenta como se pretendía hacer. Pongámonos en la situación de indefensión absoluta que se produciría en las personas citadas por dicha comisión. Nada impide a una Ley autonómica regular la condición de víctima dando determinadas ayudas o reconocimientos, lo que no ha lugar es atribuirse funciones de averiguación y fijación de hechos delictivos como sucedía en este caso. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez retiró esta pasada semana el recurso a una ley similar aprobada en el País Vasco, ley que seguramente habría llevado el mismo camino que la navarra. Supongo que es uno de los muchos peajes que tiene que pagar a los socios que le auparon al poder. Pero produce una inmensa desazón el saber que estamos en manos de alguien que prometió hacer guardar la Constitución, y que a las primeras de cambio no espera ni al fallo del tribunal. Cuando se aprobó esta ley, desde el Gobierno de Mariano Rajoy se vieron muchas razones de inconstitucionalidad por lo que se procedió a interponer el recurso y el Tribunal Constitucional en este caso le ha dado la razón. Consideraciones jurídicas aparte, pienso que con esta ley lo único que se pretendía era manchar el buen nombre de instituciones como la Policía Nacional y la Guardia Civil, igualar a víctimas con verdugos con unos juicios paralelos que recuerdan a épocas pasadas. Se criminalizaba y acusaba falsamente a servidores públicos que no han hecho otra cosa que servir a su País y a sus conciudadanos, siendo en muchos casos, cobardemente asesinados por ello, se les pretendía poner al mismo nivel que a los terroristas. Esto ya se pudo comprobar cuando, bajo el paraguas de esta ley, se realizó por parte del Gobierno de Navarra un homenaje a ”supuestas víctimas” al cual acudieron numerosos familiares de etarras. No debemos olvidar que tenemos la suerte de vivir en España, en un Estado de Derecho, con una clara separación de poderes. Dejemos que cada uno actúe en su ámbito. A todos nos vendría bien leer la Constitución de vez en cuando. Carmen Alba Ordunaes ex delegadadel Gobierno en Navarra

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Un juicio paralelo inconstitucional

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