Diario de Navarra

Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, la historia genuina hubiera salido ganando y se hubiera conseguido la justicia que se ha querido hacer mucho más cumplidamente. Uno de los libros relevantes de investigación histórica que se han publicado recientemente sobre el año 1936 ha sido el titulado “Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”, de los reconocidos y respetados historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. El éxito de sus varias ediciones no tiene precedentes en trabajos de este tipo. La historia de los manejos y manipulaciones manuales de los resultados electorales en aquel año decisivo es hoy más actual, si cabe, cuando en los Países más democráticos del mundo se agudizan los problemas de la publicación, por medios tecnológicos, de la voluntad popular depositada en las urnas. Lo cierto es que sólo los intereses de parte del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora -expulsado de la presidencia en mayo de ese año, abandonado por casi todos-, y el minoritario y débil Gobierno de Portela Valladares fueron la causa de las precipitadas elecciones de febrero de 1936, convocadas contra la CEDA, el partido católico mayoritario de las Cortes. Cuando no se habían liquidado todavía las consecuencias jurídicas de la insurrección revolucionaria de octubre de 1934. Cuando las izquierdas, glorificadoras empedernidas de ese golpe, veían las elecciones como ocasión de venganza de su derrota, mientras las derechas las contemplaban como una nueva batalla contra la revolución y los revolucionarios. Y cuando la legislatura estaba a medio camino, impidiendo así la reforma constitucional, deseada por muchos, que podría haber ampliado la base de una República mucho menos sectaria que la de 1931-1933, y la reforma de la ley electoral vigente, todo menos proporcional y equilibrada. La campaña electoral de comienzos de año fue muy violenta, con un número de agresiones, muertos y heridos mayor que en campañas anteriores, pero en las jornadas de votación, extraordinariamente protegidas por la fuerza pública, aunque con varios incidentes, sólo se cometieron irregularidades graves en Lugo y Pontevedra, a favor de la candidatura ministerial. A pesar de que las derechas salieron fortalecidas de la contienda respecto de su buen resultado en noviembre de 1933, y crecieron los pactos con los republicanos moderados, las candidaturas izquierdistas fueron más extensas y compactas, y los partidos republicanos burgueses de izquierda lograron pactos poselectorales con la extrema izquierda revolucionaria, cosa que no ocurrió en la derecha con la extrema derecha. La misma noche del 16 de febrero, primera jornada electoral, comenzó una agitadora y violenta movilización izquierdista -ilegal y prohibida-, que obligó a abrir las cárceles, a entregar los ayuntamientos a la izquierda, y, a partir del día siguiente, a sustituir el Gobierno del empavorecido Portela por el del Frente Popular, presidido por Azaña, sin conocer todavía el verdadero resultado electoral. El miedo impidió que la fuerza pública garantizase constitucionalmente un escrutinio ordenado, que se llevó a cabo en un ambiente de coacción, y unas necesarias y parciales elecciones posteriores. Y así, una votación generalmente limpia, protegida por extraordinarios medios de seguridad, se convirtió en un “recuento adulterado”, que repercutió decisivamente en el reparto final, cuando “el número de votos, obtenido por las distintas candidaturas antirrevolucionarias, superó con creces a las del Frente Popular”. Lo que, sin los numerosos fraudes probados, y con la muy mayoritarista ley electoral, podía haber decantado la votación hacia la mayoría del centro-derecha. Es innegable que “las falsificaciones probadas inclinaron el escrutinio a favor de las izquierdas, privando de transcendencia a la inmediata segunda vuelta”. En las Cortes la mayoría provisional de socialistas y comunistas anuló arbitrariamente varias actas de sus adversarios. Las alteraciones de la Comisión de Actas hicieron engordar la mayoría del Frente Popular con 23 nuevos escaños -incluidos todos los conseguidos en las violentas elecciones, celebradas en mayo, en Cuenca y Granada, tras numerosos fraudes y coacciones, promovidos por las autoridades provinciales-, que es menester añadir a unos 30 que las izquierdas sumaron gracias a las alteraciones ocurridas en la primera vuelta. Quedando demostrado que “algo más del 10% del total de los escaños de las nuevas Cortes, más de medio centenar, no fue fruto de una competencia electoral en libertad”. Víctor Manuel Arbeloa es escritor

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Fraude y violencia: elecciones de 1936

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